Por Carlos Elizondo Mayer-Serra

Este jueves, AMLO afirmó: “si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”. Tiene razón.

Ha fallado en su promesa del 22 de abril de 2019: en seis meses “vamos a garantizar la seguridad pública”. Previamente, durante la campaña, el 8 de mayo del 2018 se dijo que AMLO: “Atenderá personalmente el problema de la inseguridad y de la violencia, asumirá la responsabilidad”. Si los abrazos no pacifican al país, la historia recordará este sexenio como el más violento de la historia. La responsabilidad será de AMLO, no del neoliberalismo.

Este jueves también dijo que “es un desafío hasta político porque nuestros adversarios se frotan las manos”. Claro que es un desafío político. Calderón pagó el costo de sus errores. Pero nadie se frota las manos. Salvo los criminales, está en el interés de los mexicanos que AMLO tenga éxito. No sé si él le deseaba a Calderón que fracasara en su estrategia de seguridad, pero tendrá el apoyo de sus adversarios si se los pide.

El problema es que la ingenua idea de no confrontar al crimen y esperar que se porte bien está fallando. Lejos de responder a los abrazos con abrazos, han aumentado los balazos.

El gobierno debe hacer evidente qué no va a tolerar del crimen organizado. No se trata de masacrar presuntos criminales, pero el crimen organizado se ha dado cuenta de que no tiene consecuencias ni costos importantes por crímenes y actividades antes impensables. Por eso se atrevió a hacer un operativo para asesinar al secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, el 26 de junio del año pasado.

No sólo mantenemos niveles de homicidios históricamente altos, sino que el desafío crece cada día. Basta consultar la portada del viernes de este diario para constatarlo: en Zacatecas fueron asesinadas más de 50 personas en 10 días; Michoacán está asediado por el CJNG; en Chiapas han proliferado grupos que extorsionan comunidades enteras; en Tamaulipas, las balaceras ya son cotidianas en lugares como Reynosa; en Iguala, Guerrero, hubo 17 asesinatos en la última semana, y en Río Santiago, Oaxaca, pobladores retuvieron a 50 agentes de la Guardia Nacional y policías estatales por la violencia en la zona.

El gobierno espera resolver este tipo de problemas con diálogo, pero lo que pide a gritos la población es que se garantice la paz con la fuerza del Estado. El pueblo sabe que cuando no hay presencia estatal, el único abrazo es uno asfixiante, el del crimen organizado. Hay momentos en que la violencia debe ser combatida con violencia. Lo contrario es permitirle cada vez más espacio al crimen.

Sólo porque AMLO sabe llevar la conversación hacia la sucesión presidencial o a la ocurrencia del día, y la oposición está débil y fragmentada, no hay una presión mediática y política contra la fallida estrategia de seguridad del gobierno. La hubo en el sexenio de Calderón, en el 2010, cuando los homicidios totales fueron 20,143. Lo obligó a concentrar los esfuerzos en combatir el horror que vivía el país. Los homicidios empezaron a bajar. Hoy estamos bastante peor. En el 2020 hubo 28,831 homicidios dolosos.

El Estado se puede imponer cuando hace bien su trabajo. Los homicidios en la capital han pasado de 555 en los primeros 5 meses del 2018 a 673 en 2019 y 417 en este año.

En palabras del propio García Harfuch, resumidas por el entrevistador de La Jornada, el 15 de julio, “en el tablero de la seguridad la mejor defensa es el ataque […] cada vez que se destruye una célula criminal se previene el delito”. En el sentido inverso, cada vez que no se destruye una célula criminal, se abre espacio al incremento del delito. ¿Cuánto más seguirá este gobierno queriendo resolver el problema de la criminalidad con discursos y con la falsa premisa de que si mejoran las condiciones sociales no habrá criminales?