El abogado general de la UE cree que el mecanismo que permite cortar los fondos europeos tiene base jur\u00eddica adecuada y es compatible con los Tratados<\/p>\n\n\n\n
La Justicia europea ha dado este jueves el primer paso para permitir que Bruselas castigue a Hungr\u00eda y Polonia por no respetar el Estado de Derecho. El abogado general del Tribunal de Justicia, el espa\u00f1ol Campos S\u00e1nchez-Bordona, ha desestimado hoy los recursos presentados por Varsovia y Budapest contra el mecanismo de Estado de Derecho aprobado en diciembre de 2020, al considerar que fue adoptado sobre una base jur\u00eddica adecuada, es compatible con el art\u00edculo 7 TUE y respeta el principio de seguridad jur\u00eddica. La opini\u00f3n del abogado no es vinculante, y ser\u00e1n los magistrados los que dentro de unos meses se pronuncien de forma definitiva, pero la experiencia muestra que los jueces suelen seguir el razonamiento de los letrados en un porcentaje alt\u00edsimo de las veces.<\/p>\n\n\n\n
Si la sentencia confirmara esta opini\u00f3n, la Comisi\u00f3n Europea tendr\u00e1 por fin manos libres para activar el mecanismo y congelar incluso decenas de miles de millones de euros en fondos europeos, claves para las econom\u00edas de ambos pa\u00edses. La tensi\u00f3n entre las tres partes viene de lejos y el mejor ejemplo es que Bruselas no ha dado todav\u00eda luz verde a los planes de recuperaci\u00f3n de Hungr\u00eda y Polonia, por lo que todav\u00eda no tienen acceso a los fondos comunitarios para reactivar las econom\u00edas tras el hachazo del Covid y los confinamientos. Pero un golpe a los fondos estructurales y de cohesi\u00f3n ser\u00eda much\u00edsimo m\u00e1s doloroso.<\/p>\n\n\n\n
El caso se remonta al verano del a\u00f1o pasado, cuando la Uni\u00f3n estaba perfilando tanto ese Fondo de Recuperaci\u00f3n, de hasta 800.000 millones de euros con deuda emitida de forma conjunta, como el Marco Financiero Plurianual, el Presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027. Como parte de esto \u00faltimo, la UE lanz\u00f3 un mecanismo de estado de derecho, un instrumento que permitir\u00e1 congelar el desembolso de fondos a los pa\u00edses que no est\u00e9n respetando las reglas comunitarias. En el caso de los pa\u00edses mencionados hay decenas de expedientes abiertos, desde respetos de minor\u00edas al cierre de universidades privadas pasando por la injerencia del poder pol\u00edtico sobre el judicial. Algo que ni reiteradas decisiones del propio TJUE ha podido encarrilar, dado que la UE no dispone de muchos mecanismos efectivos cuando las disputas llegan al nivel m\u00e1s alto. Est\u00e1 el Art\u00edculo 7 de los Tratados, que permite hasta privar de voto a un pa\u00eds, pero la ‘opci\u00f3n nuclear’ no s\u00f3lo es peligrosa sino muy dif\u00edcil de poner en marcha, pues exige unanimidad.<\/p>\n\n\n\n
En el verano de 2020 los jefes de Estado y de Gobierno se pusieron de acuerdo para ese fondo multimillonario, y tambi\u00e9n para el Marco Financiero 2021-2027, de m\u00e1s de un bill\u00f3n de euros. Y dieron luz verde al mecanismo de Estado de Derecho. Hungr\u00eda y Polonia se opon\u00edan, pero como el procedimiento no requer\u00eda unanimidad no pudieron bloquearlo. Su respuesta, sin embargo, lleg\u00f3 a trav\u00e9s del Fondo de Recuperaci\u00f3n, cuya tramitaci\u00f3n exig\u00eda el visto bueno no s\u00f3lo de los 27 Gobiernos, sino de los Parlamentos Nacionales, que ten\u00edan que aprobar el instrumento que permite a la Comisi\u00f3n endeudarse en nombre de todos. Y ah\u00ed lleg\u00f3 el veto.<\/p>\n\n\n\n
Durante meses ambos gobiernos dijeron que no. Al final, el acuerdo lleg\u00f3 en diciembre de 2020, con un pacto complicado y pol\u00e9mico. El Fondo de Recuperaci\u00f3n fue aprobado, y despu\u00e9s ratificado por todas las partes, pero a cambio de que la Comisi\u00f3n Europea se comprometiera a no activar el mecanismo de Estado de Derecho hasta que la Justicia Europea se pronunciara sobre los recursos que Budapest y Varsovia anunciaron que iban a presentar. Y as\u00ed ha sido. Algo delicado porque la Comisi\u00f3n, Guardiana de los Tratados, antepuso ese ‘pacto de caballeros’ a sus obligaciones legales y pol\u00edticas, lo que llev\u00f3 hace unas semanas a que la Euroc\u00e1mara denunciara ante la alta corte a Ursula von der Leyen por dejaci\u00f3n de funciones.<\/p>\n\n\n\n
EN PELIGRO LA “BUENA GESTI\u00d3N DE LOS FONDOS DE LA UNI\u00d3N”
Este jueves, sin embargo, el Tribunal de Luxemburgo ha empezado a allanar el camino. El abogado Campos S\u00e1nchez-Bordona estima que las impugnaciones, que se apoyan entre otros motivos en la ausencia o inadecuaci\u00f3n de la base jur\u00eddica elegida para el Reglamento, en su incompatibilidad con el art\u00edculo 7 del Tratado de la UE y en la violaci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica no se sostienen.<\/p>\n\n\n\n
En sus conclusiones, el espa\u00f1ol recuerda que la finalidad del Reglamento es crear un mecanismo espec\u00edfico para asegurar la correcta ejecuci\u00f3n del presupuesto de la Uni\u00f3n, sobre todo cuando un Estado miembro incurre en violaciones de los principios comunes “que pongan en peligro la buena gesti\u00f3n de los fondos de la Uni\u00f3n o sus intereses financieros”. En este contexto, el abogado general recalca que el Reglamento “no pretende proteger el Estado de derecho mediante un mecanismo sancionador similar al del art\u00edculo 7 de los Tratados, sino que establece un instrumento de condicionalidad financiera para preservar este valor de la Uni\u00f3n”, y a su juicio “el poder de apreciaci\u00f3n de las instituciones de la Uni\u00f3n ampara esta opci\u00f3n legislativa, que no puede calificarse de manifiestamente err\u00f3nea, ya que el respeto de los principios del Estado de derecho puede revestir una importancia fundamental para el buen funcionamiento de las finanzas p\u00fablicas y para la correcta ejecuci\u00f3n del presupuesto de la Uni\u00f3n”, explican desde Luxemburgo.<\/p>\n\n\n\n
Los ‘rebeldes de Visegrado’ consideran que el mecanismo es un arma arbitraria en manos de Bruselas, que podr\u00eda cortar la financiaci\u00f3n por razones pol\u00edticas, pero el abogado recuerda que el Reglamento es muy espec\u00edfico y que requiere que haya un v\u00ednculo “suficientemente directo entre la vulneraci\u00f3n del Estado de derecho y la ejecuci\u00f3n presupuestaria”, de modo que no es aplicable a todas las vulneraciones del Estado de derecho, sino a las que tengan una conexi\u00f3n directa con la gesti\u00f3n del presupuesto de la Uni\u00f3n. El Abogado General opina que tanto la finalidad como el contenido del Reglamento demuestran que este constituye una norma financiera en el sentido del art\u00edculo 322 TFUE, apartado 1, letra a), y que, en consecuencia, dicho art\u00edculo pudo constituir una base jur\u00eddica adecuada para su adopci\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n
“ESTO ES UN ROBO”
La opini\u00f3n no ha sentado nada bien. “Esto es un robo contra el Estado de derecho que quieren defender”, ha denunciado en su cuenta de Twitter el secretario de Estado de Justicia de Polonia, Sebastian Kaleta. “Era ingenuo confiar en que las instituciones de la UE ser\u00edan capaces de autolimitarse”, ha a\u00f1adido. Pero el abogado europeo no ve los mismos problemas. Es consciente de que como comparte Polonia el Art\u00edculo 7 del Tratado no autorizar\u00eda en ning\u00fan caso al legislador a instaurar un mecanismo an\u00e1logo que tuviera el mismo objetivo de protecci\u00f3n del Estado de derecho y que aplicara sanciones similares, pero no hay nada que impida “que se provea a esa protecci\u00f3n mediante otros instrumentos ajenos a los de esta disposici\u00f3n, siempre que sus caracter\u00edsticas esenciales difieran de las propias de la protecci\u00f3n garantizada por dicho art\u00edculo”, y hay diferentes precedentes que lo avalan en otros casos.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, el espa\u00f1ol entra tambi\u00e9n en el terreno espinoso del alcance casi filos\u00f3fico. Reconoce que la noci\u00f3n de Estado de derecho como valor de la Uni\u00f3n es amplia, pero estima que el legislador est\u00e1 habilitado para “precisarla en un \u00e1mbito material espec\u00edfico, como el de la ejecuci\u00f3n presupuestaria, a los efectos de establecer un mecanismo de condicionalidad financiera”, y recuerda que el Reglamento enumera siete principios jur\u00eddicos que deben interpretarse a la luz de los dem\u00e1s valores y principios de la Uni\u00f3n consagrados en el art\u00edculo 2 TUE.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el Abogado General, “la caracterizaci\u00f3n del Estado de derecho mediante la referencia a dichos principios cumple los requisitos m\u00ednimos de claridad, precisi\u00f3n y previsibilidad que demanda la seguridad jur\u00eddica” y dado que los Estados miembros “tienen un nivel de conocimiento suficiente de las obligaciones que derivan de ellos, m\u00e1xime si se considera que, en su mayor\u00eda, han sido desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, no cabe otra cosa que recomendar al Tribunal que desestime los recursos de anulaci\u00f3n interpuestos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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