Jueves, 16 de marzo de 2023<\/p>\n\n\n\n
Una raya m\u00e1s al tigre del abuso de poder y el uso arbitrario de la procuraci\u00f3n de justicia en Veracruz. Y es que la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigi\u00f3 una recomendaci\u00f3n a los titulares de la Secretar\u00eda de Marina (Semar), del gobierno de Veracruz y la Fiscal\u00eda General del Estado, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, integridad personal y desaparici\u00f3n forzada de seis v\u00edctimas. Los hechos se registraron en diciembre de 2013, en una colonia del puerto de Veracruz, donde se detuvo a las tres primeras v\u00edctimas tras un operativo de la SSP, la Semar y PGJ. \u201cSacaron de su casa a las v\u00edctimas, los revisaron y fueron subidas a los veh\u00edculos, llev\u00e1ndolos con rumbo desconocido\u201d, se\u00f1ala la CNDH. El 11 de diciembre tambi\u00e9n de 2013, otras tres personas fueron detenidas en la misma colonia, de nuevo por un convoy de la PGJ, dos patrullas de la SSP y la Semar de las cuales una de ellas con n\u00famero econ\u00f3mico cubierto y dos camionetas tipo Suburban. De los veh\u00edculos descendieron hombres armados, encapuchados, con botas, algunos con chalecos antibalas con la leyenda \u201cPolic\u00eda\u201d, quienes con lujo de violencia sometieron y subieron a las v\u00edctimas a los veh\u00edculos y se los llevaron con rumbo desconocido. La CNDH comprob\u00f3 que las detenciones de las v\u00edctimas fueron arbitrarias, debido a que fueron practicadas sin contar con una orden judicial que justificara su actuaci\u00f3n y sin que mediara flagrancia, siendo que la \u00faltima vez que se tuvo registro de su paradero, fue precisamente cuando se encontraban retenidos por sus aprehensores. El organismo acredit\u00f3 tambi\u00e9n que despu\u00e9s de detener a las v\u00edctimas, los integrantes del convoy conversaron con elementos que estaban en patrullas de la Polic\u00eda Naval; de igual forma, que los veh\u00edculos que participaron en la detenci\u00f3n de las v\u00edctimas ingresaron y salieron de instalaciones de la SSP ubicadas en Boca del R\u00edo, Veracruz, escoltados por camionetas de la Polic\u00eda Naval. De all\u00ed que la Recomendaci\u00f3n 89VG\/2023 de la CNDH sea por Violaciones Graves a derechos humanos y se emiti\u00f3 como una contribuci\u00f3n al seguimiento de las Acciones Urgentes que sobre los presentes hechos emiti\u00f3 el Comit\u00e9 Contra las Desapariciones Forzadas de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, dentro de los cuales en su parte medular se destacan el realizar un proceso de b\u00fasqueda integral y una investigaci\u00f3n seria, exhaustiva e imparcial que permita establecer la suerte y paradero de las v\u00edctimas, tomando en consideraci\u00f3n el contexto en que ocurrieron dichas desapariciones. El an\u00e1lisis l\u00f3gico-jur\u00eddico de las evidencias acredit\u00f3 las violaciones graves a los derechos humanos por la detenci\u00f3n arbitraria -sin orden judicial-, ocultamiento y desaparici\u00f3n forzada de seis personas; al inter\u00e9s superior de la ni\u00f1ez de una v\u00edctima y una v\u00edctima indirecta, menores de edad en esa \u00e9poca; as\u00ed como a la verdad e integridad personal de los familiares de las seis v\u00edctimas por elementos de la Marina, la SSP estatal y la entonces Procuradur\u00eda de Justicia de la entidad. En consecuencia, la CNDH solicit\u00f3 al titular de la Semar, Jos\u00e9 Rafael Ojeda Dur\u00e1n; al gobernador de Veracruz, Cuitl\u00e1huac Garc\u00eda Jim\u00e9nez, y a la titular de la Fiscal\u00eda General del Estado, Ver\u00f3nica Hern\u00e1ndez Giad\u00e1ns, colaborar en la inscripci\u00f3n de las seis v\u00edctimas en el Registro Nacional, as\u00ed como registrar a 15 v\u00edctimas indirectas m\u00e1s y proceder a la inmediata reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o de todos los agraviados incluidos en esta recomendaci\u00f3n. Adem\u00e1s, deber\u00e1n coadyuvar en la presentaci\u00f3n de la denuncia que el organismo nacional presente ante los \u00f3rganos internos de control de la Semar, la SSP estatal y la Fiscal\u00eda de la entidad, a fin de deslindar las responsabilidades administrativas de las personas se\u00f1aladas. De igual forma, las tres instancias deber\u00e1n, de manera coordinada, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por violaciones graves a los derechos humanos, a cargo de personas servidoras p\u00fablicas de alto nivel de cada dependencia. \u00c9stas por las violaciones a los derechos humanos a que se hacen referencia en este documento recomendatorio, e impartir un curso integral sobre las disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparici\u00f3n Forzada de Personas, Desaparici\u00f3n cometida por Particulares y del Sistema Nacional de B\u00fasqueda de Personas dirigido al personal operativo de las tres instituciones. As\u00ed las cosas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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