2 de Julio 2024<\/p>\n\n\n\n
Aunque el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n (STPJF), Gilberto Gonz\u00e1lez Pimentel, hizo un llamado a no participar en el paro nacional, tanto en Chihuahua como en Ju\u00e1rez hay chispazos que pueden motivar a los empleados a suspender labores.
Hasta ayer por la ma\u00f1ana no hab\u00eda una definici\u00f3n clara de si participar\u00edan o no los trabajadores de los tribunales federales instalados aqu\u00ed. Manten\u00edan la moneda en el aire tambi\u00e9n en cuanto a las medidas que pudieran tomar, como cerrar las instalaciones a la fuerza o manifestarse \u00fanicamente de brazos ca\u00eddos.
Una eventual protesta de los m\u00e1s de mil empleados de los juzgados federales en la frontera y la capital har\u00eda recordar lo ocurrido en octubre de 2023, cuando la C\u00e1mara de Diputados determin\u00f3 extinguir los fideicomisos millonarios de la justicia, administrados por la Suprema Corte de Justicia y otras instancias del Poder Judicial.
En aquella ocasi\u00f3n, los procesos jur\u00eddicos federales tuvieron afectaciones de meses por unos cuantos d\u00edas de paro, ese s\u00ed convocado, avalado y promovido desde las alturas, tanto por el sindicato como por algunos de los togados del m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds.
Ahora, al comenzar el pasado jueves los foros para debatir la Reforma Judicial, que en su parte toral propone la elecci\u00f3n por voto directo de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, integrantes de la directiva sindical encabezaron una movilizaci\u00f3n no muy vistosa en la capital del pa\u00eds, a la vez que enviaron oficios a sus delegaciones en los circuitos judiciales, entre ellos el Decimos\u00e9ptimo, al que corresponde Chihuahua.
De los juzgados federales instalados en la frontera nos reportan que al parecer hay un doble juego de sus dirigencias sindicales, que en p\u00fablico piden no armar manifestaciones, pero por debajo de la mesa no dejan de agitar las aguas, incluso con mentiras.
En las versiones difundidas para atizar el fuego, les han mandado decir que la reforma de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y Claudia Sheinbaum no s\u00f3lo impactar\u00e1 a los altos mandos, sino que la 4T pretende ir por todas las plazas judiciales, hasta las de los empleados de m\u00e1s bajo nivel.
Sembr\u00e1ndoles el miedo de que el pr\u00f3ximo gobierno va a tomar al Poder Judicial como bot\u00edn de guerra, para repartir sus m\u00e1s de 50 mil espacios laborales a puros morenistas, tratan de generar un alboroto previo a la discusi\u00f3n formal del dictamen que cambiar\u00e1 profundamente al sistema de justicia federal, aunque sus cimientos laborales no los tocar\u00eda, pues la propuesta asienta que respetar\u00e1 los derechos de los empleados.
As\u00ed las cosas, sigue y seguir\u00e1 latente la posibilidad de un megaparo judicial que, desde ahora puede verse, podr\u00eda ser la amenaza principal que enfrente el dictamen de aqu\u00ed hasta comienzos de septiembre, cuando sea planteado en San L\u00e1zaro.
***
Aunque la discusi\u00f3n del llamado Plan C morenista se ha centrado en la oficialmente llamada democratizaci\u00f3n del Poder Judicial, la serie de reformas contempladas ha generado nerviosismo en los organismos denominados aut\u00f3nomos, que en realidad no tienen esa calidad.
Especialmente, nos aseguran, hay preocupaci\u00f3n en el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral, cuyas titulares, la consejera Yanko Dur\u00e1n y la magistrada Roxana Garc\u00eda, ni tiempo han tenido de estudiar por d\u00f3nde les habr\u00e1 de llegar el hacha entre el fin de la legislatura federal actual y el comienzo de la otra.
El personal especializado de ambas entidades, que son de esas dizque aut\u00f3nomas, est\u00e1 con los nervios de punta porque, si bien el debate central es sobre el m\u00e1ximo tribunal de la naci\u00f3n, el plan de L\u00f3pez Obrador que tambi\u00e9n comparte Sheinbaum deja muy claro los objetivos de las reformas en puerta, nada convenientes para la enorme burocracia pol\u00edtico-electoral actual.
Entre la reducci\u00f3n de los gastos destinados a las campa\u00f1as y los partidos, la disminuci\u00f3n de regidores de los ayuntamientos, la eliminaci\u00f3n de plurinominales en el Senado de la Rep\u00fablica y la C\u00e1mara de Diputados, va tambi\u00e9n la reducci\u00f3n de \u201cestructuras burocr\u00e1ticas electorales\u201d, como aparece en la justificaci\u00f3n general de motivos de las modificaciones constitucionales proyectadas.
Esa reducci\u00f3n de la carga electoral va contemplada junto con la elecci\u00f3n popular de magistrados y consejeros de los organismos administrativos y jurisdiccionales electorales, lo que tambi\u00e9n supone un cambio de fondo del sistema electoral mexicano.
Adem\u00e1s, va incluida la fusi\u00f3n, integraci\u00f3n o eliminaci\u00f3n de 16 \u00f3rganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretar\u00edas de Estado, lo que lleva impl\u00edcito el mandamiento de lo federal a lo nacional, es decir, no aplicar\u00eda \u00fanicamente al aparato administrativo de la Federaci\u00f3n, sino que habr\u00eda de extenderse a las entidades que forman parte de la naci\u00f3n.
El pasado viernes por la ma\u00f1ana, el Sistema Estatal Anticorrupci\u00f3n (SEA) realiz\u00f3 su sexta sesi\u00f3n ordinaria del a\u00f1o, en la que fue evidenciado, otra vez, el estancamiento del destartalado ente compuesto por organismos p\u00fablicos y un Comit\u00e9 de Participaci\u00f3n Ciudadana (CPC) cada vez m\u00e1s lejano y ausente de sus responsabilidades.
Formalmente, el SEA tiene siete integrantes: el CPC, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Informaci\u00f3n (Ichitaip), la Auditor\u00eda Superior del Estado (ASE), el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n (FACH), la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP) y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Es una mesa que no admite suplentes ni representantes, \u00fanicamente titulares de los organismos que la conforman, para tomar acuerdos y discutir, en teor\u00eda, los grandes asuntos que competen a las dependencias aut\u00f3nomas encargadas de prevenir y combatir la corrupci\u00f3n.
Pues bien, en su \u00faltima sesi\u00f3n video transmitida, dos de los siete integrantes no asistieron. Fue una muestra m\u00e1s de c\u00f3mo est\u00e1 de adorno, igual que el Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n.
En este caso, los ausentes fueron la magistrada Mayra Arr\u00f3niz, presidenta del TEJA, por haber sido suspendida bajo acusaciones de malversaci\u00f3n de recursos y acoso laboral, y el fiscal Anticorrupci\u00f3n, Abelardo Valenzuela, quien seguramente ten\u00eda cosas m\u00e1s importantes en su agenda. Debi\u00f3 estar al menos una representaci\u00f3n de la Funci\u00f3n P\u00fablica, pero ahorita tiene un encargado del despacho, o algo as\u00ed.
As\u00ed, a medias y con esas contradicciones grav\u00edsimas como la que representa el TEJA, se encuentra el destartalado SEA.
Por cierto, en esas rid\u00edculas casualidades de la justicia, el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds valid\u00f3, justo el mismo d\u00eda en que fue suspendida la magistrada Mayra Arr\u00f3niz, la constitucionalidad del TEJA.
El organismo hab\u00eda promovido una controversia constitucional contra una reforma realizada por el Congreso del Estado en agosto de 2021, en materia de plazos de respuesta a su aut\u00f3nomo \u00d3rgano Interno de Control (OIC), el mismo que le recet\u00f3 la dosis de la suspensi\u00f3n a la magistrada Arr\u00f3niz \u00c1vila.
Pero en el an\u00e1lisis del conflicto, result\u00f3 que el TEJA ni siquiera est\u00e1 contemplado en la Constituci\u00f3n del Estado como organismo aut\u00f3nomo -as\u00ed la calidad del gobierno que lo cre\u00f3 en 2019 y de sus legisladores-, por lo que hasta en duda se puso que pudiera promover recursos de revisi\u00f3n constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n.
Sin embargo, la Corte determin\u00f3 que, pese a no estar contemplado en la m\u00e1xima norma estatal, tiene car\u00e1cter y personalidad jur\u00eddica aut\u00f3noma. Legitim\u00f3 as\u00ed la existencia del TEJA el d\u00eda 25 de junio, justo cuando la magistrada presidenta era notificada de su suspensi\u00f3n por excederse en el manejo presupuestal a su favor y acosar laboralmente a sus colaboradoras.
Inmerecido y p\u00e9simo el regalo de la SCJN al tribunal que est\u00e1 cumpliendo cinco a\u00f1os de esc\u00e1ndalos en este 2024, con dos de sus tres magistrados -Arr\u00f3niz y previamente Gregorio Morales- agarrados con los dedos en la puerta mientras fung\u00edan como presidentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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