12 de Diciembre 2024<\/p>\n\n\n\n
Una jueza federal otorg\u00f3 el primer amparo contra la reforma judicial y orden\u00f3 dejar sin efecto los actos del proceso de reforma, lo que implica tambi\u00e9n dejar insubsistente los actos realizados en v\u00eda de consecuencia, debido a violaciones al proceso legislativo.<\/p>\n\n\n\n
Gabriela Ruiz M\u00e1rquez, jueza Sexto de Distrito en Materia Administrativa con sede en Zapopan, Jalisco, se\u00f1al\u00f3 que durante el proceso legislativo se produjo un \u201cefecto corruptor\u201d, debido a diversas irregularidades que hacen presumir vicios en el consentimiento de los parlamentarios.
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\u201cAdem\u00e1s se desarroll\u00f3 en un clima de ataques sistem\u00e1ticos del Ejecutivo en contra del Poder Judicial, como parte de una narrativa tendente a deslegitimarlo”.
\u201cEsto produjo un \u2018efecto corruptor\u2019, en la forma en que lo denomina la parte quejosa, o un condicionamiento de la percepci\u00f3n global e individual de las personas integrantes del cuerpo legislativo, que provoca la nulidad del procedimiento legislativo, al tratarse de un il\u00edcito constitucional que afecta el respeto de las minor\u00edas, pues se desarroll\u00f3 en un marco de ataques sistem\u00e1ticos del Poder Ejecutivo en contra del Judicial, financiado con recursos p\u00fablicos y mediante canales oficiales de comunicaci\u00f3n\u201d, detalla la sentencia”.
La juzgadora subray\u00f3 que el \u00f3rgano reformador no cumpli\u00f3 con su carga argumentativa y probatoria, al no demostrar c\u00f3mo es que la reforma judicial persigue una finalidad leg\u00edtima.<\/p>\n\n\n\n
\u201c\u2026sino todo lo contrario, basta dar lectura la integridad de la exposici\u00f3n de motivos, as\u00ed como asomarse al fondo de la reforma, para advertir que la sustituci\u00f3n constitucional no encuentra ninguna clase de justificaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de la ret\u00f3rica\u201d, enfatiz\u00f3
Lo anterior, agreg\u00f3, representa un desbordamiento de la competencia del \u00f3rgano reformador, pues en ejercicio de una facultad leg\u00edtima (el poder de reformar la Constituci\u00f3n), fue m\u00e1s all\u00e1 de lo constitucionalmente permitido, al desconocer un elemento que el Constituyente impregn\u00f3 en la Constituci\u00f3n como un elemento esencial y fundacional del Estado, exento de modificaci\u00f3n por parte de cualquier poder constituido, como lo es la divisi\u00f3n de poderes y la garant\u00eda de los derechos humanos, manifestados mediante la independencia judicial.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsto, pues el desconocimiento de un r\u00e9gimen democr\u00e1tico asentado sobre ideales de control del poder, no es un acto al alcance del poder de reforma, pues implica el desapego a la forma de gobierno republicana y democr\u00e1tica, por lo que si la intenci\u00f3n es o era, socavar la independencia judicial, esto deb\u00eda expresarse p\u00fablicamente, no encubrirse mediante ret\u00f3ricas que pretendieran legitimar un actuar antidemocr\u00e1tico, al amparo de los mismos mecanismos democr\u00e1ticos de reforma\u201d, apunt\u00f3.
Por ello, orden\u00f3 dejar sin efecto los actos del proceso de reforma constitucional, lo que implica tambi\u00e9n dejar sin efectos los actos realizados en v\u00eda de consecuencia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLo anterior, en el entendido que se encontraron vicios de procedimiento que afectan la regularidad de todo el conjunto de actos y, por consiguiente, la del Decreto de reforma en su integridad. Sin que esto implique un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales\u201d, detalla el fallo.
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