Lo que deber\u00eda ser una estrategia federal para erradicar el robo de combustible se ha convertido, seg\u00fan empresarios del sector Gas LP y gasolineros, en una maquinaria de extorsi\u00f3n institucional, operada por elementos de la Polic\u00eda Ministerial Federal adscritos a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR). Bajo el disfraz de supuestos \u201coperativos\u201d contra el huachicol, agentes federales estar\u00edan saqueando a negocios legalmente constituidos en el norte del Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
Desde diciembre pasado, estaciones de servicio y puntos de venta de Gas LP en Naucalpan, Atizap\u00e1n de Zaragoza y Nicol\u00e1s Romero han sido objeto de incursiones intimidatorias, principalmente los fines de semana, cuando la vigilancia ciudadana es menor y la presi\u00f3n econ\u00f3mica mayor. Los operativos, denuncian los afectados, carecen de \u00f3rdenes judiciales, actas fundadas o documentaci\u00f3n oficial, pero sobran armas largas, camionetas oficiales y amenazas.<\/p>\n\n\n\n
El libreto se repite: llegan hasta 10 agentes armados, realizan revisiones superficiales, inventan \u201cirregularidades administrativas\u201d y advierten que el negocio ser\u00e1 clausurado y se abrir\u00e1 una carpeta de investigaci\u00f3n. Minutos despu\u00e9s, aparece un Ministerio P\u00fablico con una supuesta orden judicial que refuerza el montaje. La ley no investiga: aprieta.<\/p>\n\n\n\n
Las exigencias econ\u00f3micas, seg\u00fan los testimonios, van de 100 mil a 200 mil pesos mensuales, una cuota que no se deposita en arcas p\u00fablicas, sino que, presuntamente, engorda una red de corrupci\u00f3n que opera desde dentro del aparato federal.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTenemos todos los permisos: SENER, Protecci\u00f3n Civil, municipio. Generamos empleos, pagamos impuestos y aun as\u00ed ahora son los mismos polic\u00edas los que nos quieren joder\u201d, denunci\u00f3 Ra\u00fal Garza, encargado de una gasolinera en Atizap\u00e1n de Zaragoza.<\/p>\n\n\n\n
La extorsi\u00f3n se formaliza una vez colocados los sellos de clausura. Los agentes dejan un n\u00famero telef\u00f3nico. Al llamar, el mensaje es directo: para \u201cagilizar\u201d el levantamiento de sellos y evitar futuras inspecciones, hay que pagar. La advertencia es brutal: \u201cSi no pagas, no vuelves a abrir\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En las denuncias aparece se\u00f1alado un agente que se identifica como Jos\u00e9 Eduardo Acosta, quien asegura actuar por instrucciones del comandante Fernando P\u00e9rez, adscrito a la Subdelegaci\u00f3n de la FGR en Naucalpan. Ambos nombres ya figuran en testimonios que describen una operaci\u00f3n sistem\u00e1tica, no hechos aislados.<\/p>\n\n\n\n
Los empresarios aseguran que la FGR tiene conocimiento de estas acusaciones y que existe un expediente abierto en Asuntos Internos. No obstante, mientras los expedientes duermen el sue\u00f1o de los justos, los negocios cierran, los trabajadores pierden ingresos y el miedo se impone como pol\u00edtica p\u00fablica de facto.<\/p>\n\n\n\n
Arturo Mart\u00ednez, encargado de otra gasolinera afectada, lanz\u00f3 un llamado directo y sin rodeos: \u201cEstamos empezando el a\u00f1o. Si la fiscal Ernestina Godoy o la gobernadora Delfina G\u00f3mez no act\u00faan ya, esto va a ser una extorsi\u00f3n permanente. As\u00ed nos van a tener todo el sexenio\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Llamada urgente a derechos humanos<\/p>\n\n\n\n
Ante la gravedad de los se\u00f1alamientos, los empresarios exigen la intervenci\u00f3n inmediata de la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), as\u00ed como de organismos internacionales anticorrupci\u00f3n y de defensa de garant\u00edas econ\u00f3micas, al considerar que estas pr\u00e1cticas violan el derecho al trabajo, a la seguridad jur\u00eddica y al debido proceso, adem\u00e1s de configurar presuntos delitos de extorsi\u00f3n y abuso de autoridad cometidos por servidores p\u00fablicos federales.<\/p>\n\n\n\n
Si estas denuncias se confirman y no hay consecuencias, el mensaje del Estado ser\u00e1 devastador: que en M\u00e9xico no solo el crimen organizado cobra cuotas, sino que el propio Estado aprendi\u00f3 a hacerlo con uniforme, placas oficiales y sellos de clausura.<\/p>\n\n\n\n
Porque cuando combatir el huachicol se vuelve el pretexto perfecto para extorsionar a quien s\u00ed cumple la ley, el problema ya no es la delincuencia com\u00fan, sino un Estado que corre el riesgo de llegar a 2027 con instituciones desacreditadas, empresarios asfixiados y una legalidad convertida en mercanc\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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