Luego de una votaci\u00f3n del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, el castigo de 20 a 50 a\u00f1os de prisi\u00f3n para quien cometa secuestro con el fin de obtener un rescate qued\u00f3 firme en el C\u00f3digo Penal de Veracruz. Con su resoluci\u00f3n, el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds aval\u00f3 la sanci\u00f3n m\u00e1s alta prevista en la legislaci\u00f3n estatal para el delito. La SCJN determin\u00f3 que la pena establecida en Veracruz es constitucional y proporcional a la gravedad del delito. En ese tenor, la ministra ponente, Mar\u00eda Estela R\u00edos, sostuvo que el secuestro con fines de rescate implica una afectaci\u00f3n mayor al bien jur\u00eddico de la libertad personal, lo que justifica una sanci\u00f3n m\u00e1s severa frente a otras conductas que tambi\u00e9n restringen ese derecho.<\/p>\n\n\n\n
En su argumentaci\u00f3n, la Corte distingui\u00f3 entre los distintos delitos contemplados en el C\u00f3digo Penal. Mientras la privaci\u00f3n ilegal de la libertad se castiga con penas de seis meses a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n, y con sanciones de tres a diez a\u00f1os cuando la v\u00edctima es mayor de edad o se encuentra en situaci\u00f3n de discapacidad, el secuestro con rescate se ubica en el extremo m\u00e1s grave de la escala penal. El marco legal establece penas diferenciadas seg\u00fan la modalidad del delito. El secuestro expr\u00e9s contempla sanciones de 20 a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por debajo del rango m\u00e1ximo fijado para el secuestro con exigencia de rescate. Para la Corte, esta graduaci\u00f3n responde a la intensidad del da\u00f1o causado a la v\u00edctima y al impacto del delito en su libertad personal.<\/p>\n\n\n\n
La ministra R\u00edos se\u00f1al\u00f3 que la mayor pena no es arbitraria, sino que se explica por la magnitud de la afectaci\u00f3n. En palabras de la ponente, las sanciones menores corresponden a conductas con un nivel inferior de da\u00f1o al bien jur\u00eddico protegido, mientras que el secuestro con rescate concentra el mayor castigo penal. El an\u00e1lisis del pleno se dio a partir del caso de una persona sentenciada en 2018 a 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el secuestro de tres personas. El acusado fue imputado inicialmente por privaci\u00f3n ilegal de la libertad y absuelto del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, el proceso judicial recorri\u00f3 distintas instancias, incluyendo un amparo concedido en primera instancia y una posterior confirmaci\u00f3n de la sentencia por un tribunal.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, el asunto lleg\u00f3 a la Suprema Corte, que este mi\u00e9rcoles resolvi\u00f3 negar el amparo solicitado. Con la resoluci\u00f3n, la Corte dej\u00f3 firme la condena impuesta y respald\u00f3 la constitucionalidad de la pena prevista en la legislaci\u00f3n veracruzana. La ministra R\u00edos asegur\u00f3 que la decisi\u00f3n garantiza el derecho del sentenciado a recibir una sanci\u00f3n justa y proporcional, al tiempo que asegura a las v\u00edctimas el acceso a la justicia. El fallo consolid\u00f3 el criterio de que el secuestro con fines de rescate amerita la sanci\u00f3n m\u00e1s elevada dentro del sistema penal estatal, en funci\u00f3n de la gravedad de la conducta sancionada. As\u00ed las cosas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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