Mientras el gobierno federal se preocupa m\u00e1s por lo que ocurre en otros pa\u00edses el desplazamiento forzado interno “se ha agudizado” en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoac\u00e1n, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, debido a las crecientes violencias ocasionadas en su mayor\u00eda por el crimen organizado, advierte el Colectivo de Personas V\u00edctimas de este fen\u00f3meno. Al mismo tiempo, denuncia que la personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, debido a la “incertidumbre jur\u00eddica\u201d en que se encuentran y ante la falta de atenci\u00f3n por parte de los tres \u00f3rdenes de gobierno.<\/p>\n\n\n\n
Alerta que, \u201cNo existe una ley federal ni pol\u00edticas p\u00fablicas adecuadas\u201d para garantizar la protecci\u00f3n, procuraci\u00f3n de justicia diligente y eficaces para investigar los actos de violencia que derivaron a los desplazamientos\u201d. Las familias v\u00edctimas de la inseguridad dejaron su territorio, para salvaguardar sus vidas, y evitar riesgos como el reclutamiento forzado, desapariciones, extorsi\u00f3n y violencia criminal generalizada, explica.<\/p>\n\n\n\n
El Colectivo de Personas V\u00edctimas de Desplazamiento Forzado \u2013conformado por 12 comunidades de personas desplazadas y 16 organizaciones civiles\u2013 acus\u00f3 que la atenci\u00f3n institucional ha sido \u201cinsuficiente y limitada\u201d, debido a que las autoridades de los gobiernos municipales y estatal \u201chan menospreciado la gravedad\u201d de las emergencias. Se\u00f1ala que la situaci\u00f3n es cr\u00edtica en Chihuahua, donde los pasados 24 y 25 de febrero m\u00e1s de 200 familias, entre quienes hab\u00eda mujeres y ni\u00f1os, fueron desplazadas de manera forzada y abandonaron la zona serrana de Atascaderos, en los l\u00edmites de Durango y Sinaloa, para buscar refugio en Hidalgo del Parral ante la \u201cimpune operaci\u00f3n\u201d de grupos criminales. Un caso similar ocurri\u00f3 en Apatzing\u00e1n, Michoac\u00e1n, la cual \u201cdestaca como la demarcaci\u00f3n con mayor cantidad de v\u00edctimas documentadas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En esta entidad, a pesar de contar con un reglamento especializado desde octubre de 2024, el colectivo denunci\u00f3 que este “nunca ha sido ejercido por el gobierno municipal”. Menciona que el operativo de seguridad realizado el 22 de febrero, en el que result\u00f3 abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ex l\u00edder del c\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, \u201cabri\u00f3 un periodo para que grupos criminales potencialicen el incremento de la violencia armada, despojo y control territorial que puede traer consigo repercusiones en cada entidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto, indic\u00f3 que dos semanas antes de esto, Tecoanapa, Guerrero, \u201cuna comunidad entera\u201d huy\u00f3 incluso aun con la presencia de la Guardia Nacional. Hasta la fecha, “no hay registro oficial de las personas desplazadas porque han sido coaccionadas a no nombrar el conflicto en su localidad”, lo que impide el acceso a ayuda humanitaria b\u00e1sica.<\/p>\n\n\n\n
Ante esta crisis, las organizaciones integrantes como Serapaz, la Red TDT, entre otras, demandaron a los gobiernos de los tres niveles a proporcionar garant\u00edas de protecci\u00f3n y atenci\u00f3n humanitaria para las comunidades desplazadas, adem\u00e1s de generar acciones interinstitucionales para su reubicaci\u00f3n temporal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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