\u00a0La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) declar\u00f3 constitucional la desaparici\u00f3n de 109 fideicomisos y fondos p\u00fablicos que decret\u00f3 en 2020 el entonces presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. No obstante, ministros hicieron pronunciamientos en los que llamaron al Ejecutivo federal a otorgar una \u201cgarant\u00eda presupuestaria\u201d a los sectores afectados por esta medida.<\/p>\n\n\n\n
En noviembre de 2020, los legisladores – a propuesta de Manuel L\u00f3pez Obrador- desaparecieron estos fondos y fideicomisos p\u00fablicos que atend\u00edan diferentes temas relacionados con salud, deporte, ciencia, tecnolog\u00eda, medio ambiente, protecci\u00f3n civil, cultura y cinematograf\u00eda, entre otros. Con ello el gobierno de AMLO pudo disponer de m\u00e1s de 68 mil millones de pesos para hacer frente a la pandemia por COVID-19. <\/p>\n\n\n\n
Por mayor\u00eda de votos, el Pleno aprob\u00f3 el proyecto del ministro Ar\u00edstides Guerrero Garc\u00eda, que declar\u00f3 infundada la acci\u00f3n de inconstitucionalidad 303\/2020, promovida hace cinco a\u00f1os por 45 senadores de oposici\u00f3n. El ponente indica: \u201cEran mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo para distribuir el gasto p\u00fablico y no garant\u00edas esenciales de derechos. Su desaparici\u00f3n o modificaci\u00f3n no elimina las obligaciones estatales, modifica la v\u00eda para cumplirlas sustituy\u00e9ndolas por mecanismos presupuestarios directos u otros mecanismos.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, el an\u00e1lisis descarta afectaciones a derechos fundamentales pues diversas leyes reformadas prev\u00e9n que las dependencias correspondientes deben seguir financiando las mismas finalidades con cargo a sus respectivos presupuestos\u201d. El alto tribunal concluy\u00f3 que no se presentaron irregularidades graves en el procedimiento legislativo ni violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Durante el debate, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, enfatiz\u00f3 que \u201cesta Corte no es ajena a que se requiere de estas garant\u00edas presupuestarias para hacer frente de mejor manera, a favor de algunos derechos humanos\u201d. El ministro Giovanni Figueroa Mej\u00eda se\u00f1al\u00f3 que Corte debe ejercer un control m\u00e1s estricto para asegurar el uso eficiente de los recursos y el respeto al control democr\u00e1tico del presupuesto, pues destac\u00f3 que el principio de progresividad impide eliminar garant\u00edas presupuestarias sin una justificaci\u00f3n suficiente, pues estas constituyen un piso m\u00ednimo para el goce de derechos.<\/p>\n\n\n\n
Destaca: \u201cLo que nos interesa analizar aqu\u00ed, en cambio, es la eliminaci\u00f3n de un piso presupuestario, es decir, de un compromiso del Estado con la ciudadan\u00eda, de no destinar una cantidad menor de cierto porcentaje del gasto\u201d. En su intervenci\u00f3n, la ministra Lenia Batres Guadarrama advirti\u00f3 que el Gobierno federal lleg\u00f3 a contar con m\u00e1s de 300 fideicomisos y fondos, que concentraron alrededor de 835 mil millones de pesos, muchos operados mediante instituciones privadas y bajo secreto fiduciario, lo que dificulta su fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Entre los casos que cit\u00f3 destacan transferencias del Conacyt por 41 mil 624 millones de pesos a empresas, entre 2013 y 2018; irregularidades por m\u00e1s de 783 millones en fondos mixtos; 4 mil 519 millones destinados a bebederos escolares con sobrecostos de hasta 153 mil pesos por unidad; la desaparici\u00f3n de 800 millones en los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014; y un acumulado superior a 25 mil millones en el Fonden, aun cuando se siguen financiando desastres con deuda. Expres\u00f3: \u201cLa eliminaci\u00f3n de fondos y fideicomisos no implica por s\u00ed misma ninguna violaci\u00f3n de derechos humanos, pues solo representar\u00eda un cambio en el mecanismo de financiamiento y no la supresi\u00f3n de las obligaciones estatales\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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