Morena-Quintana Roo, Nominación de Mara en Días
Política Al Margen
Por Jaime Arizmendi
Sedatu Expropiaría Predios para Tren Maya
Argonmexico / No hay vuelta de hoja… Mientras en las encuestas realizadas en Quintana Roo para ubicar a partidos y candidateables a contender por la gubernatura del estado, Morena marcha adelante con un 48 por ciento en las preferencias ciudadanas; deja en la lona, con menos de 28 puntos porcentuales, a la alianza que formarían: PAN, PRI y PRD.
Quizá por ello, quienes aspiran a obtener la nominación de ese instituto político, acuden a las patadas bajo la mesa para bajar a quienes están mejor posicionados. Y es que, de acuerdo a los sondeos por nombre, la candidatura quedaría entre Mara Lezama, actual presidenta municipal de Benito Juárez (alcaldía donde se ubica el paradisiaco Cancún), y el empresario hotelero Roberto Palazuelos.
Vale anotar que Mara acaba de volver a ganar en las urnas del primer domingo de julio pasado la Presidencia Municipal y, de ese modo, se ha colocado en el primer sitio de la contienda por la candidatura; en tanto que Palazuelos no ha ocupado ningún cargo público, ni siquiera ha contendido bien a bien, en un proceso comicial.
Bajo esa óptica, la mujer política y comunicadora de siempre se ha dedicado a realizar lo que sabe y le agrada, a ella y a la gente, continuar su labor desde el ayuntamiento a su cargo. Precisamente la semana anterior, confirmó su compromiso de campaña de reducir las brechas de desigualdad y puso las bases para lograr abrir el servicio de Internet a sus gobernados.
Fue el jueves pasado (4 de noviembre de 2021), cuando, en el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria, el Cabildo de Benito Juárez aprobó un convenio de colaboración para ser parte del programa federal “Cobertura de Internet para todo el país”, a fin de facilitar internet gratuito en parques, hospitales, escuelas y todo espacio público.
Durante la sesión celebrada en la sala “20 de abril” del Palacio Municipal, la alcaldesa subrayó las ventajas de este acuerdo que se celebrará con la empresa productiva subsidiaria denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, para permitir la integración de tecnología que no solo acorta distancias, sino hace más efectivo el desempeño laboral y académico de los ciudadanos.
“Al llevar internet gratuito a cada rincón de Cancún, estamos saldando una gran deuda social y tratando de acortar estas brechas de desigualdad. Con estas acciones, nos abre la puerta una vez más el Gobierno de México, en colaboración con los municipios y situamos en la prioridad de lo público a los seres humanos, combatiendo la marginación con educación y acceso a la tecnología, llevando al mismo tiempo oportunidades a niños, niñas, jóvenes y a toda la sociedad”.
Incluso en el cabildo se aceptó por unanimidad que, para apoyar a las familias, el porcentaje de descuentos como subsidio fiscal se aplicaría en el pago del impuesto predial del ejercicio 2022, desde el lunes 8 de noviembre, con estímulos que van del 5 al 50 por ciento, conforme a un calendario de fechas y requisitos específicos de los dueños de los inmuebles.
El Cabildo aprobó también el Protocolo para la Prevención y Actuación en Conflictos Sociales en Benito Juárez, con criterios generales y delimitó la actuación de los servidores públicos competentes, para que prevalezca el estado de derecho y con ello, la gobernabilidad democrática y la paz social, con el pleno respeto a los derechos humanos.
En el tema de salud, se aceptaron dos importantes acuerdos: un Convenio de Colaboración con “Fundación Karisma A.C.”, para seguir proporcionando servicios médicos de prevención de enfermedades a través de la Unidad Médico Móvil.
Al igual que la adhesión de un artículo a la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del Estado, para otorgar una licencia para ausentarse en sus labores y cumplir con los cuidados médicos a las madres y padres trabajadores con hijos menores de 18 años que hayan sido diagnosticados con cáncer.
Además, con el fin de tramitar una iniciativa presentada en la XVI Legislatura del Estado, el Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó la minuta con proyecto de decreto para reformar el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, relativo a la educación.
Igualmente, por unanimidad se aprobó un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), para dar seguimiento a la gestión y regularización del suelo, en sus diferentes tipos y modalidades; y, por otro lado, la convocatoria para elegir al delegado de Alfredo V. Bonfil, que se publicaría para conocimiento de los ciudadanos. La moneda NO está en el aire…
No jalen, que descobijan… Grupos hoteleros de la Riviera Maya se sienten amenazados por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quienes les notifican con carácter “urgente”, inicien “negociaciones” para la compra-venta de parte de sus terrenos que serían destinados a la construcción del Tren Maya.
Oficios emitidos al parecer por la dependencia federal que han sido enviados a cadenas hoteleras y a propietarios de hoteles de la costa quintanarroense, específicamente en el tramo que va de Cancún a Tulum, exponen que, a partir de las “implicaciones que la obra podría tener con las propiedades”, les solicita establecer un canal de comunicación directa con la propia Sedatu.
Mediante el documento titulado “Notificación Urgente”, que presenta el logo “Desarrollo Territorial”, se afirma que los casi 1,500 kilómetros que abarcará el Tren Maya conectarán las principales regiones de la Península de Yucatán, y abrirá una serie de oportunidades de comercio y desarrollo social…
Sin embargo, en el tercero y último párrafo subrayado con letras en negritas, sentencia: Es de suma importancia se comunique con nosotros a la brevedad para iniciar el proceso de negociación de compra-venta para la extensión del derecho de vía de la carretera 307.
Al atender dicha “orden”, quienes se han comunicado son citados y recibidos por “Pedro Guerra, supuesto titular de Asuntos Jurídicos de la Sedatu, quien les pide 17 metros adicionales a los 20 que abarca el derecho de vía. Para ello, les ofrece un pago de 475 pesos por metro cuadrado, cuando su valor es de 3 mil a 4 mil pesos por metro cuadrado.
Peor aún, a esos encuentros les sigue un segundo documento que deben firmar los propietarios de los predios, donde “aceptan” que el gobierno realice dentro de su propiedad estudios y trabajos como deslinde topográfico, levantamientos forestales, estudios arqueológicos y avalúos que determinarán si el proyecto es viable. El asunto inquieta a la gente, no sea que detrás haya vivales.