Bamba Política

Con 37 votos a favor y ocho en contra, el Congreso del Estado avaló la reforma constitucional que exige renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar el registro para competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La minuta, remitida por el Senado, dividió al Pleno. Morena, PT y PVEM respaldaron la medida como un requisito para garantizar un vínculo exclusivo con el Estado mexicano, mientras legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que limita los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad. La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal y establece que quienes aspiren a encabezar esos poderes ejecutivos no deberán tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con ella, deberán renunciar antes de solicitar el registro de su candidatura, conforme al procedimiento que determine la legislación correspondiente.

La restricción continuará durante el ejercicio del cargo. Quienes ocupen alguna de esas tres titularidades tampoco podrán solicitar o adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de otro país. La modificación se limita a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que no elimina el régimen de doble nacionalidad para el resto de los mexicanos.

Al respecto, Héctor Yunes Landa cuestionó que contar con una segunda nacionalidad pueda utilizarse como criterio para restringir el acceso a cargos de elección popular, al señalar que ésta puede adquirirse por nacimiento o vínculos familiares. “¿Desde cuándo tener una segunda nacionalidad significa tener una segunda lealtad? ¿Desde cuándo un mexicano debe demostrar que es suficientemente mexicano?”, planteó. Yunes sostuvo que la reforma afecta el derecho a ser votado y afirmó que su origen responde a una disputa política.

Como ejemplo mencionó al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. Por su parte, Montserrat Ortega Ruiz también rechazó que una segunda nacionalidad implique un menor vínculo con México y cuestionó que se mantenga el derecho de los connacionales a votar, pero se condicione su acceso a determinadas candidaturas. La legisladora recordó que el reconocimiento de la doble nacionalidad permitió conservar los vínculos de mexicanos y sus familias con el país y sostuvo que el nuevo requisito afecta a quienes adquirieron otra ciudadanía por razones familiares o migratorias. A nombre del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar anunció su voto en contra al considerar que la minuta implica una restricción de derechos. “La doble nacionalidad no es doble lealtad ni razón para poner bajo sospecha a millones de compatriotas”, aseguró al citar una postura del dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno.

Por Movimiento Ciudadano, Adrián Ávila Estrada afirmó que durante la discusión no se acreditó que las personas con doble nacionalidad representen un riesgo para la soberanía nacional. “No hay evidencia de que las personas mexicanas con doble nacionalidad representen una amenaza para la soberanía nacional”, señaló. El emecista sostuvo que la capacidad, trayectoria o desempeño de una persona en el servicio público no dependen de contar con uno o más pasaportes y cuestionó que la reforma establezca requisitos distintos entre mexicanos por nacimiento.

La panista Indira de Jesús Rosales San Román centró su intervención en cuestionar la prioridad de la reforma frente a problemas de salud, seguridad, infraestructura y pagos pendientes en Veracruz. “La soberanía es tener hospitales dignos, profesores pagados y caminar en paz por las calles de este país”, refirió. En defensa de la minuta, Ramón Díaz Ávila, del PT, sostuvo que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben mantener un vínculo exclusivo de nacionalidad con México para evitar posibles conflictos de interés.

Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del PVEM, dijo que el requisito se limita a las tres titularidades ejecutivas y no se extiende al resto de las candidaturas o cargos públicos. Refirió además que la legislación secundaria deberá establecer los documentos y procedimientos mediante los cuales una persona podrá acreditar la renuncia a otra nacionalidad antes de solicitar su registro. Por MORENA, Paul Martínez Marie sostuvo que la reforma busca asegurar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan su responsabilidad política y jurídica exclusivamente frente al Estado mexicano. “La conducción de los destinos de nuestra tierra exige lealtad única y sentido de pertenencia a esta gran nación”, afirmó. En la discusión también participó Miriam García Guzmán a favor de la minuta. La reforma fue aprobada sin abstenciones, con 37 votos a favor y ocho en contra.