Gertz y los López están entrampados
La decisión y sus consecuencias tienen un alcance que parece no ver el Presidente, comenta Raymundo Riva Palacio.
O el Presidente sabe perfectamente lo que significa que un juez pida a la Fiscalía General que abra una indagatoria en contra del subsecretario Hugo López-Gatell por el presunto delito de homicidio por omisión, o no entiende nada de lo que está pasando. En cualquier caso, Andrés Manuel López Obrador le mandó decir al fiscal Alejandro Gertz Manero que dé carpetazo a la denuncia de familiares de dos víctimas de Covid-19 contra el zar del coronavirus. La decisión y sus consecuencias tienen un alcance que parece no ver el Presidente.
Vayamos por partes. El 25 de noviembre de 2020, los familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y de Éber Álvarez Zavala presentaron una denuncia ante la Fiscalía General para que abriera una indagatoria contra López-Gatell, como responsable de la estrategia para combatir el Covid-19, por haber incumplido con su obligación por negligencia.
Entre ellas, se negó a hacer pruebas anti-Covid y dijo que era mejor que todos se contagiaran, incluido el Presidente, para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Rechazó el uso de mascarillas y dejó que el Presidente alentara a los ciudadanos a abrazarse y mantener sus actividades mientras el coronavirus aumentaba sus estragos en la salud. Se opuso a la vacunación y, violando el propio Programa Nacional de Vacunación, se negaba a inmunizar a menores con comorbilidades y se amparó contra fallos judiciales que se lo exigían.
No obstante, dos semanas después de haber presentado la denuncia, la Fiscalía General respondió que no se acreditaba el delito. Dos meses antes de que denunciaran a López-Gatell, Gertz Manero ejerció acción penal en contra de la pareja de su hermano Federico, Laura Morán, y de su hija Alejandra Cuevas, por el mismo delito, y una semana después ordenó la detención de esta última, actualmente presa en Santa Martha Acatitla. El caso contra ellas había sido desestimado en dos ocasiones por falta de pruebas, pero al llegar Gertz Manero a la Fiscalía General, utilizó todo su poder para revivirlo y encarcelarlas.
Gertz Manero actuó por el mismo delito de manera contradictoria. En su vendetta personal, abusó de su poder contra la familia de su hermano, mientras que en el caso de López-Gatell, lo protegió. En aquella ocasión no recibió ninguna instrucción de parte del Presidente; en ésta, fue contundente el mensaje de López Obrador: defenderlo a ultranza. La doble moral del Presidente y del fiscal son evidentes. La justicia se maneja políticamente, sin ver que el despeñadero se les atravesará tarde o temprano.
La semana pasada, el juez de control federal en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, dio entrada a la demanda de Jiménez Pérez y Álvarez Zavala, interpuesta por el abogado Javier Coello Trejo, en contra de López-Gatell. Villar Ceballos es uno de los jueces de consigna al servicio del gobierno, y el que ha hecho todo el trabajo sucio para mantener en la cárcel a la exsecretaria de Estado Rosario Robles, con pruebas fabricadas por la Fiscalía General y tras la reclasificación de delitos, probablemente de manera ilegal, porque ya prescribieron aquéllos por los que la acusan. No está claro el porqué Villar Ceballos, que acata siempre las instrucciones de la Fiscalía General, aceptó la denuncia. Lo que sí es cristalino son las consecuencias que pueda acarrear.
¿Cómo podrá defender Gertz Manero al zar del coronavirus esgrimiendo los argumentos contrarios a los que alegó en contra de su familia para meter a su excuñada y su hija a la cárcel? Sus familiares, a decir de investigadores y jueces, son inocentes de las imputaciones que les hizo, y ahora el pleno de la Suprema Corte decidirá sobre ello. En el caso de López-Gatell, las omisiones son flagrantes porque fueron públicas. Sistemáticamente ha minimizado la pandemia y sus consecuencias, una acción que provocó que su estimación de 8 mil muertos –el escenario catastrófico era de 60 mil– rebasara hasta ahora los 300 mil decesos, con un exceso de mortalidad con fallecimientos asociados al Covid-19, que lleva el total de víctimas letales por la pandemia a casi 660 mil personas.
El problema que enfrenta Gertz Manero lo mete en una contradicción y en un dilema. Para salvar a López-Gatell, que es lo que le ordenó el Presidente, tiene que hacer a un lado su venganza personal. Pero aun si resolviera el dilema y contuviera sus odios personales, no le alcanza para defender al subsecretario ni al Presidente, y evitar que las denuncias puedan saltar a cortes internacionales, bajo el presunto delito de genocidio, que se refiere a la “aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos”. El manejo de la pandemia bien podría ser debatido en ese contexto.
Las omisiones de López-Gatell en el manejo de la pandemia, como sostiene Coello Trejo, provocaron decenas de miles de muertos. Pero el subsecretario no actuó de manera autónoma, sino por instrucciones del Presidente. Las pruebas no son documentales, sino en las mañaneras, que son actos de gobierno. Es decir, la acusación contra López-Gatell escala directamente al Presidente, al poderse establecer claramente la línea de mando.
Pero hay una trampa jurídica que probablemente, de manera inopinada, creó el juez al aceptar la denuncia y pedir a la Fiscalía General que abriera la indagatoria, pues rechazarla abría la puerta para que la denuncia fuera presentada en cortes internacionales al mostrar un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo. Este mismo escenario coloca a Gertz Manero en un segundo dilema. Si no abre la indagatoria contra López-Gatell, habrá evidencia de violar la ley para proteger a un funcionario, con lo que allanaría la ruta del caso en el extranjero.
El caso presentado por Coello Trejo en el juzgado, o eventualmente en una corte internacional, puede generar una cascada de denuncias alegando homicidio por omisión, y cómo deliberadamente se actuó en contra de un grupo de personas, el subsecretario, y por consiguiente el Presidente, podrían enfrentar una denuncia por genocidio en una corte internacional.
