Propone diputada adicionar un artículo al Código Penal Federal, en materia de falsa imputación delictiva para sancionar denuncias engañosas
Con la finalidad de sancionar las denuncias falsas, la diputada federal veracruzana, Claudia Quiñones Garrido, ex síndica municipal de Sayula de Alemán, presentó ante el Congreso de la Unión una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo, el 248 Ter al Código Penal Federal, en materia de falsa imputación delictiva ante la autoridad.
La legisladora afirmó que para esta propuesta ha tomado como referencia el caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien se suicidó luego de haber sido acusado de abuso sexual, por parte de una alumna suya de nivel medio superior. El 14 de julio de 2026, una alumna menor de edad del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), plantel “Carmen Serdán” en la Ciudad de México, acusó formalmente al profesor de haber cometido presuntos tocamientos indebidos.
El 21 de julio de 2026, el docente (quien tenía 45 años y 25 años de trayectoria) fue hallado sin vida en su domicilio tras tomar la decisión de quitarse la vida. Horas antes de su muerte, el profesor difundió un video en redes sociales en el que negó categóricamente las acusaciones.
Declaró que su decisión no era una aceptación de culpabilidad, sino un “acto de rebeldía” y protesta ante las fallas del sistema judicial, argumentando que los protocolos institucionales y la condena social destruyeron su vida sin darle la oportunidad de defenderse justamente.
Actualmente, el Código Penal Federal sanciona la fabricación de pruebas materiales y las declaraciones falsas realizadas ante la autoridad judicial; sin embargo, no existe una disposición específica que castigue a quien presente, de manera dolosa y a sabiendas de su falsedad, una denuncia o acusación contra una persona inocente. Esta omisión ha permitido la existencia de un espacio de impunidad que afecta gravemente la presunción de inocencia, la dignidad, la libertad y la reputación de las personas falsamente señaladas. La propuesta busca garantizar:
La correcta administración de justicia, la presunción de inocencia, la dignidad y el honor de las personas, la libertad y la seguridad jurídica y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la procuración de justicia. La iniciativa contempla sanciones para quien, de manera deliberada y con conocimiento de la falsedad de los hechos denunciados, presente una acusación con la finalidad de causar un daño u obtener un beneficio indebido.
Las penas propuestas son las siguientes: De tres a ocho años de prisión y de 200 a 500 días de multa, incremento de la pena cuando el delito falsamente atribuido tenga una sanción superior a diez años de prisión, aumento de la sanción cuando la víctima haya sido detenida, sometida a un proceso penal o haya sufrido daños patrimoniales, familiares, laborales o sociales.
La iniciativa expone diversos ejemplos que evidencian los efectos devastadores de las imputaciones falsas, entre ellos los casos de Israel Vallarta, María Isabel San Agustín y el profesor Alberto Israel Jasso Cruz, cuya situación reavivó el debate nacional sobre la necesidad de fortalecer la presunción de inocencia y evitar la utilización maliciosa del sistema penal.
La legisladora señaló que la propuesta no pretende limitar el derecho de las víctimas a denunciar, sino castigar a quienes, de manera dolosa y con pleno conocimiento de la falsedad de los hechos, utilicen las instituciones de procuración de justicia para perjudicar a personas inocentes.
“La justicia debe proteger a las víctimas, pero también garantizar la presunción de inocencia y sancionar el uso malicioso del sistema penal”, concluyó. La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación. Así las cosas.
