Extorsión en verificentros del Edomex: así operaba la red investigada por la Fiscalía
Bloqueaban las líneas de verificación, retenían hologramas y obstaculizaban las revalidaciones para exigir cuotas; parte de los cobros terminó trasladándose a los automovilistas
Servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México presuntamente utilizaron el control de las líneas de verificación, la entrega de hologramas y la revalidación de concesiones para extorsionar a propietarios de verificentros.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó una red integrada por funcionarios, exservidores públicos y particularesque habría operado desde diciembre de 2023 y obtenido cientos de millones de pesos.
Los cobros se fijaban según el número de verificaciones y líneas de cada establecimiento.Parte de las cuotas habría sido trasladada a los automovilistas mediante los llamados “brincos”, es decir, pagos para obtener el holograma cuando el vehículo no aprobaba las pruebas o era presentado de manera extemporánea.
El Estado de México tiene más de siete millones de vehículos sujetos a verificación semestral, así como 163 verificentros con 878 líneas abiertas. Las investigaciones deberán determinar cuántos establecimientos fueron víctimas del esquema.
Bloqueaban líneas y retenían hologramas
Uno de los mecanismos de presión habría sido el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular, utilizado para supervisar de manera remota las emisiones de los automóviles y las actividades del personal.
La investigación estableció que funcionarios con acceso al Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente podían desactivar las líneas de verificación y reactivarlas posteriormente.
Los cierres habrían sido justificados con supuestas irregularidades como logotipos despintados, equipos de cómputo sin actualizar o desfases entre la inspección de un automóvil y las imágenes captadas por las cámaras.
Las suspensiones podrían prolongarse durante horas, días o meses. En ocasiones también eran acompañadas por procedimientos administrativos de la dependencia estatal o de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.
Para recuperar el funcionamiento de sus líneas, los concesionarios presuntamente debían cubrir una nueva cuota.
La red también limitaba la venta de hologramas. Cuando un centro agotaba los engomados que le habían sido autorizados, ya no podía seguir trabajando, salvo que hiciera la presunta entregara el dinero exigido para recibir una dotación adicional.
Exigieron hasta 200 mil pesos de mensuales
De acuerdo con testimonios recabados por la Fiscalía, el 23 de diciembre de 2023 el entonces director general de Control de Emisiones Atmosféricas, Raúl N., habría citado a propietarios, administradores y representantes legales de diversos verificentros en un restaurante de la Ciudad de México.
En el encuentro presuntamente les informó que existía una “nueva forma de trabajar” y que cada establecimiento tendría que pagar 200 mil pesos mensuales para continuar operando, incluso si tenía todos sus documentos en regla.
Ante el riesgo de perder la revalidación, sufrir el bloqueo del sistema o dejar de recibir hologramas, algunos concesionarios aceptaron entregar entre 30 mil y 100 mil pesos al mes, según su capacidad de operación.
En febrero de 2024, Raúl N. y otros implicados habrían solicitado un pago adicional denominado “retroactivo”, consistente en 162 mil 500 pesos por verificentro, bajo el argumento de que los dejaron trabajar sin problemas entre octubre y diciembre de 2023.
Carlos Eduardo N., entonces director de Control de Emisiones a la Atmósfera, presuntamente exigió a algunas víctimas devolver revalidaciones que ya habían sido autorizadas, pese a que cumplieron con los requisitos. Cuando se negaron, les advirtió que habría represalias.
Pretendían reunir otros 430 millones de pesos
La estructura también imponía cuotas por la revalidación de las concesiones, calculadas conforme al número de líneas de cada establecimiento.
La Fiscalía obtuvo indicios de que, en marzo de 2026, Raúl N. habría exigido el pago de 500 mil pesos por cada línea de verificación autorizada desde 2024.
Con este mecanismo, la red pretendía reunir más de 430 millones de pesos antes de noviembre de 2026. Esa cantidad sería adicional a los recursos obtenidos mediante cuotas mensuales y pagos relacionados con otros trámites.
El dinero era entregado en efectivo en oficinas y domicilios de Bosques de las Lomas y Cuajimalpa, en la Ciudad de México. Para ingresar a algunos de estos sitios se requería una cita previa o un código QR.
