DETENIDO SUBDIRECTOR DE TRÁNSITO por ACUSACIONES GRAVES.
Un funcionario público detenido por presuntamente encubrir a un hom¡cida en fuga y extorsionar a transportistas, quien además habría intentado sobornar a los agentes que lo aprehendieron. ¿Hasta dónde llega la podredumbre en las corporaciones locales?
A más de 24 horas de la detención del Subdirector de Tránsito Municipal de #Ixtapaluca, identificado como Víctor Isauro “N”, junto con su escolta conocido como “el pollo”, el caso ha escalado en gravedad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señala al funcionario por su probable participación en los delitos de extorsión y hom¡cidio. De acuerdo con los reportes, la detención se produjo en las propias oficinas de la dependencia municipal, donde agentes ministeriales aseguraron el arma que portaba el subdirector.
LAS ACUSACIONES QUE SACUDEN AL MUNICIPIO
Según versiones que circulan, Víctor Isauro “N” habría utilizado su cargo para encubrir a un hom¡cida que, durante un accidente automovilístico, arrolló a una persona que perdió la vida en el lugar. El presunto responsable habría logrado darse a la fuga con la supuesta ayuda del subdirector de Tránsito. A esta acusación se suma una denuncia por presunta extorsión en contra de transportistas del municipio.
EL AGRAVANTE: INTENTO DE SOBORNO
Lejos de facilitar su situación jurídica, al momento de su detención el funcionario habría ofrecido din¢ro a los policías de investigación, un acto que configura el delito de cohecho. El Código Penal Federal establece sanciones de dos a catorce años de prisión para quien cometa este delito, además de multas y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos . En ningún caso se devuelve el dinero entregado; este se aplica en beneficio del Estado .
Presunción de inocencia: un derecho que no se negocia
Es fundamental subrayar que, conforme al sistema jurídico mexicano, todo imputado será tenido como inocente mientras no se pruebe que cometió el delito que se le imputa. La detención no equivale a una sentencia. Sin embargo, de comprobarse los hechos, el peso de la ley deberá recaer con todo su rigor sobre un servidor público que, en lugar de proteger a la ciudadanía, habría utilizado su investidura para presuntamente delinquir y luego intentar comprar su libertad.
