Mónica Calles denuncia que en carpeta de la FGR en su contra se solicita la suspensión temporal de sus cuentas de X, Facebook, YouTube y TikTok
La abogada ha difundido durante semanas señalamientos sobre presuntas arbitrariedades, despidos y hostigamiento laboral dentro del INE, además de material relacionado con diligencias en las que ha representado a trabajadores del Instituto.
Según Calles, la investigación le atribuye el delito de “amenazas” y uno de los hechos señalados sería haber advertido que publicaría en redes sociales una audiencia relacionada con funcionarios públicos. Ella sostiene que esto forma parte de un intento por frenar sus publicaciones y su actividad profesional.
Pero el asunto no termina ahí. Calles afirma que dentro de la carpeta también fueron incorporadas publicaciones, comentarios, reacciones y notas de medios de comunicación que dieron cobertura al caso, algo que considera un precedente peligroso para periodistas, abogados y ciudadanos que cuestionan a instituciones públicas.
El INE ha rechazado que exista una persecución institucional contra Mónica Calles y ha señalado que las acciones legales habrían sido promovidas a título particular por personas involucradas en los hechos, no por el Instituto como organismo. Calles rechaza esa versión y sostiene que se utilizaron recursos e información institucional para integrar la denuncia.
Y ahí está el verdadero tamaño de la discusión: no se trata únicamente de una cuenta de redes sociales. Se trata de saber hasta dónde puede llegar una investigación penal cuando las publicaciones cuestionan la actuación de servidores públicos.
Porque si una crítica a una institución termina acompañada de una petición para apagar tus redes sociales, el caso merece ser observado con lupa.
