TRES ALCALDES PRÓFUGOS O NO LOCALIZADOS, NAHLE TIENE ARGUMENTOS, PARA PROPUESTA DE ELIMINAR EL FUERO CONSTITUCIONAL
Con dos ex presidentes municipales emanados de Movimiento Ciudadano que se encuentran prófugos de la justicia, luego de que fueron desaforados por el Congreso local, y un tercer alcalde en funciones, surgido del PRI, que no se ha presentado a los requerimientos de la Fiscalía, la gobernadora Rocío Nahle García tiene en los tres casos los argumentos que necesita para impulsar la eliminación del fuero constitucional en la entidad.
En efecto, la mandataria estatal busca eliminar el fuero constitucional para alcaldes y síndicos, argumentando que esta figura retrasa la impartición de justicia. Los casos señalados involucran a funcionarios de distintas regiones y partidos políticos, demostrando que las investigaciones no tienen distinciones partidistas. El primer caso es el de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, de Movimiento Ciudadano. Este funcionario fue desaforado recientemente por el Congreso local y es investigado por un caso de extrema gravedad que conmocionó a la región.
La Fiscalía General del Estado lo señala por su presunta autoría intelectual en la privación de la libertad y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán. El segundo implicado es Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, también militante del partido naranja y quien ya se encuentra sin fuero. Bravo Montero enfrenta una investigación penal por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López. Ambas víctimas fueron reportadas como desaparecidas tras acudir presuntamente al domicilio del entonces presidente municipal, perdiéndose todo contacto con ellos desde ese momento.
El tercer caso involucra a Isaac García Álvarez, alcalde de Coahuitlán, emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A diferencia de los otros dos ediles, García Álvarez aún se encuentra en funciones y mantiene su protección constitucional intacta. Sin embargo, el funcionario no ha atendido los llamados de la justicia ni ha sido localizado en su municipio por las autoridades competentes. Se le acusa de haber realizado disparos de arma de fuego durante una celebración en la localidad de Chumatlán, donde una menor de edad resultó herida. Ante la negativa del alcalde para presentarse y rendir cuentas, el gobierno estatal ya prepara una solicitud formal de desafuero en su contra.
La gobernadora informó que la menor lesionada se encuentra fuera de peligro, pero aseguró que será la Fiscalía la instancia que determine las responsabilidades correspondientes. Puntos clave de la iniciativa contra el fuero: Para entender la magnitud de este pronunciamiento y sus consecuencias legales, es vital revisar los siguientes datos sobre la propuesta enviada el pasado 14 de septiembre: Eliminación de privilegios: La iniciativa busca que alcaldes, síndicos y concejos municipales puedan ser procesados penalmente sin requerir una declaración de procedencia previa.
Nahle citó el caso del estado de Puebla, donde la ausencia de fuero permitió detener rápidamente a un alcalde vinculado a la delincuencia organizada. La gobernadora destacó que la medida aplicará para todos los partidos, desestimando críticas de la oposición y asegurando que incluirá a funcionarios de Morena. Se propone que los futuros candidatos a presidencias municipales pasen por los registros de Plataforma México para garantizar su probidad. Actualmente, solo nueve estados en todo el país mantienen la figura del fuero para sus presidentes municipales, una tendencia que Veracruz busca revertir. La propuesta enviada al Poder Legislativo estatal busca agilizar los procesos penales contra servidores públicos que cometan ilícitos durante su mandato. De acuerdo con las declaraciones oficiales, el engorroso proceso de desafuero actual da tiempo suficiente para que los investigados escapen de la acción de la justicia. “Tuvieron que ir al Congreso, presentar todo. Están prófugos, no están, no se localizan”, lamentó la mandataria estatal al referirse a los ediles de Movimiento Ciudadano. Con esta nueva reforma, las autoridades policiales y ministeriales tendrían la capacidad de ejecutar órdenes de aprehensión de manera inmediata y sin obstáculos políticos.
