La manipulación del árbitro electoral y la defensa popular

Desde Palacio Nacional, los gobiernos estatales y las administraciones municipales se repite constantemente la misma retórica: que México vive mejor que en administraciones anteriores.

Sin embargo, entre el discurso oficial y la realidad cotidiana existe una distancia cada vez más difícil de ocultar.Mientras los gobernantes presumen sus programas y resultados, millones de mexicanos enfrentan inseguridad, dificultades económicas provocada por una inflación mediatica, servicios públicos deficientes y una creciente desconfianza hacia las instituciones.

Gobernar no consiste en administrar discursos ni en presumir programas sociales. Gobernar significa garantizar derechos, atender necesidades y responder por los resultados.

La crisis social: cuando la realidad contradice al discurso oficial.Las protestas del sector salud representan una expresión concreta del descontento ciudadano. Los días 13 y 14 de octubre de 2026, trabajadores del IMSS-Bienestar en Villahermosa bloquearon vialidades para exigir el pago de prestaciones y uniformes pendientes, respeto a sus derechos laborales, mejores condiciones de trabajo y atención a sus denuncias de hostigamiento.

La movilización formó parte de una jornada nacional de protestas en la que trabajadores de distintas entidades denunciaron carencias, deficiencias en el suministro de medicamentos y problemas laborales.

La prensa nacional también documentó las inconformidades por los bajos incrementos salariales y las condiciones de atención médica las demandas no fueron un invento de la oposición;* fueron expresadas públicamente por médicos, enfermeras, personal administrativo y representantes sindicales.

Cuando quienes sostienen diariamente los servicios de salud tienen que salir a las calles para exigir respuestas, la pregunta es inevitable: *¿cómo puede un gobierno presumir una transformación si los propios trabajadores denuncian carencias y falta de soluciones?*A esta situación se suman los reportes de *muertes infantiles en hospitales de Durango y Jalisco,* que han generado preocupación y reclamos de investigación.

En Veracruz, también se han difundido protestas y cuestionamientos sobre las condiciones hospitalarias durante la administración de Rocío Nahle. No se trata de utilizar el dolor de las familias como instrumento partidista.

Se trata de exigir investigaciones transparentes, responsabilidades cuando se acrediten negligencias y garantías para que ninguna familia vuelva a sufrir una tragedia evitable por deficiencias institucionales.La salud no es una concesión del Gobierno: es un derecho humano.

La ciudadanía tampoco puede conformarse con explicaciones publicitarias mientras enfrenta el encarecimiento de los alimentos, los servicios y otros gastos esenciales. Los apoyos sociales pueden contribuir al ingreso familiar, pero no sustituyen la obligación del Estado de garantizar servicios públicos de calidad, oportunidades económicas y condiciones de vida dignas.La austeridad no puede ser un eslogan mientras persisten carencias que afectan la vida de las familias mexicanas.

Tabasco: la confianza ciudadana no es propiedad de ningún gobierno Tabasco, una tierra de profundas tradiciones democráticas y participación popular, no está al margen de esta crisis de confianza.

El Gobierno estatal encabezado por Javier May Rodríguez debe responder con información verificable a los cuestionamientos sobre el manejo de las finanzas públicas, el endeudamiento, las observaciones de fiscalización y los recursos destinados a las instituciones.Las cifras difundidas sobre más de 4 mil 144 millones de pesos de endeudamiento, 928 observaciones de auditoría y un presunto daño al erario superior a 146 millones de pesos deben analizarse a partir de los documentos oficiales, identificando los ejercicios fiscales, las autoridades responsables y el estado de solventación de cada observación.No son equivalentes una deuda contratada, una observación pendiente de aclaración y un daño al erario acreditado.

Precisamente por eso, la transparencia es indispensable. También deben aclararse los señalamientos sobre 95 millones de pesos relacionados con el presupuesto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).

Si hubo retenciones o ministraciones incompletas, la ciudadanía tiene derecho a conocer los montos, las causas y sus efectos sobre la operación del organismo.El árbitro electoral no puede quedar financieramente debilitado ni depender de la voluntad política de quienes serán evaluados en las urnas.

La autonomía electoral no es un privilegio burocrático. Es una garantía para todos los ciudadanos, los partidos y los candidatos. Justicia sin consigna: los casos que alimentan la desconfianza En Tabasco, distintos acontecimientos han abierto un debate sobre la relación entre el poder político, las autoridades judiciales y las fuerzas opositoras.El alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, de Movimiento Ciudadano, quedó involucrado en actuaciones de autoridades federales relacionadas con una investigación penal.

El caso generó controversia pública y denuncias de persecución política por parte del propio alcalde.Sus señalamientos deben examinarse junto con los expedientes y las resoluciones correspondientes. La exigencia democrática es clara: ninguna persona debe ser perseguida por su filiación política, pero tampoco puede existir impunidad por ocupar un cargo público.Si existen responsabilidades, deben acreditarse ante las autoridades competentes. Si se denuncia un uso político de la justicia, esa acusación debe investigarse con seriedad.

El mismo principio debe aplicarse a las controversias que involucran a dirigentes y organizaciones opositoras. La pluralidad política no puede convertirse en motivo de represalia, pero tampoco puede utilizarse para eludir la rendición de cuentas.Ni persecución por pensar diferente ni impunidad por pertenecer al partido gobernante.

La ley debe ser la misma para todos.Por otra parte, la negativa de registro como partido político local a Unión Democrática por Tabasco, vinculada al proyecto de Humberto de los Santos Bertruy, llegó a las instancias jurisdiccionales electorales.

La resolución se relacionó con irregularidades de fiscalización y obligaciones de comprobación de recursos.Debe reconocerse que las resoluciones judiciales no acreditan por sí mismas una persecución política. Sin embargo, toda organización ciudadana tiene derecho a conocer los criterios aplicados, recurrir las decisiones que considere injustas y exigir procedimientos transparentes.

La democracia exige reglas iguales para todos, así como autoridades capaces de explicar públicamente sus decisiones. IV. Gerardo Gaudiano y la Crisis del Árbitro Electoral: los antecedentes que Tabasco no debe olvidar. Uno de los actores que ha cuestionado públicamente la actuación del organismo electoral tabasqueño es Gerardo Gaudiano Rovirosa, exalcalde de Centro y figura de Movimiento Ciudadano.

Sus críticas no deben analizarse únicamente como declaraciones de un opositor. También deben examinarse a la luz de los antecedentes electorales de 2015, cuando una elección municipal que lo había favorecido terminó anulada por las autoridades jurisdiccionales.En aquel proceso, Gaudiano obtuvo la victoria para la presidencia municipal de Centro.

Posteriormente, el Tribunal Electoral de Tabasco anuló la elección al considerar que las irregularidades detectadas comprometían la certeza y legalidad del resultado. La controversia continuó ante las instancias electorales federales.

Aquel episodio tuvo consecuencias políticas directas para Gaudiano y dejó una controversia que sigue formando parte de la memoria electoral del estado.En ese contexto, su preocupación por la imparcialidad de quienes ocupan posiciones estratégicas dentro del IEPCT tiene antecedentes que merecen ser examinados, sin asumir por ello que todas sus sospechas estén demostradas.

Rigoberto de la O Gallegos: Una Designación que Exige Transparencia. El 15 de octubre de 2026, el Consejo Estatal del IEPCT aprobó por unanimidad la designación de Rigoberto de la O Gallegos como nuevo secretario ejecutivo del organismo, en sustitución de Jorge Zavala Frías. Su toma de protesta fue anunciada para el 16 de octubre.

La designación se produjo después de varias sesiones marcadas por desacuerdos sobre la sucesión en la Secretaría Ejecutiva y cuestionamientos públicos acerca del procedimiento.La trayectoria de De la O Gallegos merece atención por sus responsabilidades anteriores dentro de la estructura electoral tabasqueña y por los antecedentes administrativos relacionados con la adquisición del edificio del instituto.

En 2011, la compra del inmueble destinado a sede del IEPCT, por aproximadamente 32.6 millones de pesos, fue objeto de cuestionamientos sobre su costo, sus condiciones y posibles responsabilidades administrativas.

La controversia dio lugar a actuaciones de fiscalización y procedimientos que deben analizarse a partir de sus resoluciones y del estado jurídico de cada involucrado.De la *O Gallegos desempeñó responsabilidades directivas en el área de Organización Electoral durante aquella etapa. Este antecedente no demuestra por sí solo que haya provocado la anulación de la elección de Centro en 2015 ni que haya actuado deliberadamente contra Gaudiano.

Sin embargo, constituye información relevante para examinar su trayectoria y exigir claridad sobre las responsabilidades que efectivamente tuvo.A ello se suma la información periodística publicada en 2016 sobre una *indemnización de aproximadamente 952 mil pesos que habría recibido al dejar el instituto.

El pago de una indemnización no acredita por sí mismo una irregularidad, pero sí forma parte de los antecedentes públicos cuya legalidad puede verificarse.Lo que corresponde exigir es que se hagan públicos los expedientes pertinentes, las resoluciones administrativas, las sanciones que eventualmente hayan quedado firmes y la situación jurídica actual del funcionario.

¿Por qué importan las sospechas de Gaudiano?Porque la confianza en un árbitro electoral no se construye exigiendo a la ciudadanía que olvide su historia.*Gaudiano ha cuestionado públicamente el procedimiento para designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y ha llevado sus preocupaciones al terreno de las denuncias institucionales.

Sus señalamientos sobre posibles influencias políticas y los antecedentes de De la O Gallegos forman parte de una controversia que exige respuestas documentadas.Es necesario establecer una distinción: los antecedentes históricos y administrativos no prueban automáticamente que exista una operación para manipular las elecciones de 2027, pero tampoco deben descartarse sin revisar la documentación que los sustenta.

Si el nombramiento cumple con todos los requisitos legales, el IEPCT debe poder demostrarlo. Si existen antecedentes que ameritan aclaración, corresponde a las autoridades responder con transparencia.La independencia del árbitro electoral no se demuestra únicamente con los requisitos formales de un nombramiento. También exige credibilidad, rendición de cuentas y confianza pública.

El edificio del IEPCT: una pregunta que sigue vigente El caso del inmueble electoral plantea otra interrogante: ¿quién responde por las decisiones que comprometen recursos públicos de una institución encargada de proteger la democracia?La ciudadanía merece conocer el costo real de la operación, las condiciones del inmueble, las conclusiones de las auditorías y los procedimientos administrativos relacionados con la compra.

También merece saber qué medidas se adoptaron para evitar que los problemas detectados se repitan.No basta con señalar nombres ni con utilizar antecedentes como armas partidistas. Hay que establecer responsabilidades con documentos, resoluciones y hechos verificables.Pero tampoco es aceptable que los cuestionamientos desaparezcan de la discusión pública simplemente porque los funcionarios involucrados vuelven a ocupar posiciones estratégicas.

Cuando un funcionario llega a un cargo de alta responsabilidad con antecedentes controvertidos, la respuesta institucional no debe ser pedir confianza ciega, sino ofrecer transparencia absoluta.V. Rafael Acosta León y el PRD: libertad de expresión y aplicación de las reglas electorales.

El caso de Rafael Acosta León, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también forma parte de este análisis.El IEPCT lo sancionó por una publicación en redes sociales que llamaba a no votar por morena. La sanción fue impugnada, pero las instancias jurisdiccionales confirmaron las determinaciones correspondientes.La resolución plantea una discusión relevante sobre los límites de la expresión política y la aplicación de las normas electorales antes de las campañas.

Es necesario reconocer que una sanción confirmada judicialmente no puede presentarse como una simple acusación sin resolución. Sin embargo, la existencia de esa resolución tampoco elimina la obligación pública de examinar cómo se aplican las reglas electorales y si se utilizan criterios uniformes para todas las fuerzas políticas.Si existen denuncias documentadas contra otras figuras por posibles actos anticipados de campaña, deben investigarse con el mismo rigor, independientemente de que pertenezcan a morena, al PRD, a Movimiento Ciudadano o a cualquier otra organización.

Cada caso debe resolverse a partir de sus hechos, pruebas y fundamentos jurídicos, no mediante comparaciones generales ni acusaciones sin sustento.La libertad de expresión política es indispensable para la democracia; el cumplimiento de la ley electoral también. Lo que no puede existir es una aplicación selectiva de las reglas ni privilegios para quienes detentan el poder.

El IEPCT debe explicar sus criterios, fundamentar sus decisiones y garantizar que todas las fuerzas políticas tengan las mismas obligaciones y los mismos derechos. VI. Coahuila y el debate sobre el desgaste político Los resultados electorales de Coahuila del 7 de junio de 2026 ofrecen un antecedente relevante para analizar la competencia política en México.En la elección para renovar el Congreso local, la alianza encabezada por el PRI ganó los 16 distritos de mayoría relativa, mientras que la coalición de *morena y el PT no obtuvo ninguno de esos distritos.

Los resultados demostraron que la fuerza electoral de un partido no garantiza triunfos automáticos.Sin embargo, sería incorrecto trasladar mecánicamente esos resultados a Tabasco. Cada entidad tiene condiciones sociales, económicas y políticas propias. La organización territorial, las candidaturas, las alianzas y la participación ciudadana influyen de manera distinta en cada elección.

En Tabasco, el desempeño gubernamental, la seguridad, la economía familiar, los servicios de salud, la relación con las comunidades y la credibilidad de las instituciones serán elementos relevantes del debate público y efectos en las próximas elecciones de 2027. Ningún partido tiene garantizado el respaldo ciudadano de manera permanente. La confianza se construye con resultados y está sujeta al escrutinio de la sociedad. VII. Tabasco 2027: el Voto debe ser Libre y el Árbitro, Independiente:

La renovación de las 17 presidencias municipales y del Congreso del Estado en 2027 exige condiciones de competencia equitativas, transparencia en el financiamiento, respeto a la libertad de expresión y autoridades electorales que actúen con autonomía.No se puede hablar de democracia plena si la ciudadanía desconfía de las instituciones encargadas de organizar y vigilar las elecciones.Tampoco basta con denunciar irregularidades. Es indispensable documentarlas, presentar pruebas y exigir respuestas por las vías institucionales.

Desde nuestra perspectiva, morena enfrenta el riesgo de perder confianza ciudadana cuando las expectativas sociales no se traducen en soluciones y cuando las decisiones gubernamentales generan cuestionamientos que no reciben respuestas satisfactorias.Las Bases militantes de morena tienen todo el derecho de cuestionar sin represalias, las organizaciones sociales, los ciudadanos independientes y las distintas fuerzas políticas tienen derecho a participar en el debate público sin intimidaciones ni exclusiones.

Por ello, hacemos un llamado a vigilar el proceso electoral de 2027, exigir información pública, documentar cualquier irregularidad y defender el derecho de cada persona a decidir libremente su voto.No se trata de sustituir una imposición por otra ni de cambiar un grupo de poder por uno diferente. Se trata de garantizar que ninguna fuerza política controle las instituciones que deben servir a toda la sociedad.VIII. Nuestra posición: el poder pertenece al pueblo.

Desde nuestra perspectiva, *morena* corre el riesgo de reproducir prácticas de concentración del poder que durante años cuestionó a otros partidos. Cuando una organización política confunde el respaldo obtenido en las urnas con un cheque en blanco para controlar las instituciones, debilita la confianza democrática que le permitió llegar al gobierno.

La democracia no puede reducirse a ganar elecciones. También significa respetar a quienes piensan distinto, rendir cuentas, garantizar derechos y aceptar que el poder es temporal y está sujeto al escrutinio ciudadano.

Por eso, frente a las elecciones de 2027, nuestra exigencia es firme:¡No a la manipulación electoral! ¡No al uso faccioso de las instituciones! ¡No a la persecución de quienes piensan diferente! ¡Sí a la transparencia, la justicia y la autonomía del árbitro electoral! ¡Sí al derecho del pueblo de Tabasco a decidir su futuro en las urnas, con libertad y sin presiones! El pueblo no necesita que ningún partido hable en su nombre mientras limita su participación.

Necesita instituciones que lo escuchen, autoridades que rindan cuentas y elecciones en las que cada voto tenga el mismo valor.La defensa de la democracia comienza con ciudadanos informados, instituciones transparentes y una vigilancia pública que no se someta a intereses partidistas.*Ningún gobierno, partido ni dirigente es dueño de la voluntad popular.