Fondos del IMSS e Infonavit, bajo presión financiera
- El verdadero problema no es entregar apoyos económicos, sino sostener una política social permanente sin crecimiento económico, inversión ni disciplina presupuestaria.
- Convertir los programas sociales en instrumentos de legitimación política, sin transparencia en su financiamiento, pone en riesgo la estabilidad financiera del país.
El endeudamiento y el gasto público sin responsabilidad fiscal amenazan la sostenibilidad de las finanzas de México. Un gobierno puede repartir dinero para ganar respaldo político, pero no puede sostenerlo indefinidamente sin comprometer el futuro del país, especialmente cuando la presión alcanza el patrimonio de millones de trabajadores en el IMSS y el Infonavit.
El espejismo de los apoyos y la deuda pública El Gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una pregunta inevitable: ¿de dónde saldrá el dinero para financiar transferencias crecientes mientras suben las obligaciones financieras del Estado? La deuda pública reduce el margen para hospitales, escuelas e infraestructura. En el Presupuesto de Egresos de 2026, el servicio de la deuda absorbe alrededor de 1.30 billones de pesos, mientras que el presupuesto del IMSS supera los 1.59 billones. El riesgo es sacrificar servicios básicos e inversión productiva para sostener compromisos políticos.
IMSS e Infonavit: reservas y ahorros en riesgo De acuerdo con el Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos 2024-2025 del propio IMSS, los ingresos del instituto cubrirán sus gastos solo hasta 2032; después deberá usar sus reservas hasta caer en un déficit actuarial en 2037. Sus reservas tienen el fin legal de respaldar pensiones y atención médica, no de financiar el gasto gubernamental.
Por su parte, la reforma al Infonavit del 21 de febrero de 2025 abrió la puerta a construir vivienda mediante una empresa filial, lo que despierta dudas sobre la fiscalización y los riesgos de inversión. Aunque la ley establece que las subcuentas de vivienda son inviolables, la protección del ahorro de los trabajadores exige auditorías y rendición de cuentas verificables.
¿Quién pagará la factura? Repartir dinero no equivale a generar riqueza ni combate de raíz la pobreza. Una verdadera política social requiere educación, salud, empleo formal y productividad. México no puede hipotecar su futuro para sostener el presente político; si se debilitan las instituciones de seguridad social y se compromete el ahorro de vivienda, la factura terminará recayendo sobre los trabajadores, pensionados y las próximas generaciones.
