LA CADENA ACEITADA PARA ATAQUES A PERIODISTAS EN OAXACA
– Amenaza, simulación y sangre contra la prensa en Oaxaca, un texto sobre la crisis de protección a periodistas en el estado revela un patrón estructural que reproduce un ciclo sin fin.
El recién texto “Se acata, pero no se cumple” del columnista Horacio Corro, nos describe un ambiente preocupante y un exceso burocrático recurrente cuando narra el caso del periodista Ernesto Rojas Ayuzo. Corro describe una maquinaria con tres eslabones que, según su columna, funciona con precisión: el señalamiento del poder, la simulación institucional, medidas que se firman y no se ejecutan, oficios que investigan al denunciante en vez de protegerlo, mecanismos que responden que la víctima no está inscrita y, al final de la cadena, la lentitud judicial cuando ya hubo “sangre”. Su tesis de fondo no es que el Estado oaxaqueño sea negligente. Es que el Estado sabe exactamente lo que hace: gobierna con el discurso de la libertad de expresión y administra, en los hechos, un aparato de vigilancia y desamparo selectivo. Corro lo dice sin rodeos: los gobernantes no quieren periodistas, quieren aplaudidores, y a quien no se arrodilla le llega el peso del Estado por un lado y el abandono por otro.
La simulación tiene cifras
El segundo eslabón de la cadena que describe Corro “medidas de protección que existen en el papel, pero no se ejecutan en la calle” no es una percepción subjetiva del gremio periodístico oaxaqueño. Es, según RSF, una falla estructural reconocida en el diseño mismo del Mecanismo Federal de Protección: no existen metodologías específicas para el perfil de riesgo de un periodista, los planes de protección aprobados pueden tardar más de un año en implementarse por completo, y en 2025 el Mecanismo admitió solo una de cada cuatro solicitudes de incorporación presentadas. El caso de Alejandro Leyva, ocho solicitudes de protección desatendidas entre su primera queja y su asesinato el 22 de julio de 2026, no es la excepción que confirma un sistema que funciona; es la norma que Corro describe llevada a su consecuencia más extrema.
El tercer eslabón, la lentitud del juzgado, también tiene número: la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) arrastra una tasa de impunidad de 84.7%, que se eleva a 98.27% si se cuentan solo las sentencias condenatorias. En 2024 recibió apenas 18.6 millones de pesos, una décima parte del uno por ciento del presupuesto total de la Fiscalía General de la República, para atender delitos contra un gremio que, según Reporteros Sin Fronteras, ejerce su oficio en el país no beligerante más letal del planeta. Cuando la autoridad responsable de castigar la violencia contra la prensa recibe ese presupuesto, la lentitud no es disfunción: es una decisión de gasto público con consecuencias medibles.
Lo que Corro nombra con una palabra: bajeza
Cuando Corro llama “bajeza del virreinato” al comportamiento oficial, no está siendo hiperbólico para efecto retórico. Está señalando una continuidad histórica concreta: la misma lógica de vigilar al súbdito incómodo en vez de proteger al ciudadano que denuncia, disfrazada hoy con el vocabulario constitucional de los artículos 6º y 7º, con las conferencias matutinas donde se invoca la libertad de expresión, y con mecanismos de Protección, FEADLE, Defensorías estatales que existen precisamente para que el Estado pueda decir que cumple. La Secretaría de Gobernación federal lo hizo explícito en agosto de 2026, cuando su titular negó fallas graves en el Mecanismo pese a los siete asesinatos de periodistas registrados en lo que iba del año. Ese es, en el lenguaje de Corro, el discurso que se llena la boca de libertad de expresión mientras la práctica administrativa dirige la mirada institucional hacia el denunciante y no hacia su agresor.
Callar o huir no es cobarde: es racional
El cierre de la columna es, quizá, su afirmación más importante y la menos cómoda de asimilar para el propio gremio: que el silencio y la salida no son fallas de carácter del periodista, sino la respuesta razonable de quien enfrenta a un Estado que vigila cuando denuncias y abandona cuando te hieren. Frente a una tasa de impunidad que ronda el 98% en sentencias condenatorias y un mecanismo de protección que rechaza tres de cada cuatro solicitudes, la decisión de bajar la voz deja de ser un fracaso individual y se convierte en la respuesta previsible a un diseño institucional que no ofrece otra salida verificable. Ese es, leído en conjunto, el verdadero blanco de la columna de Corro: no un funcionario en particular, sino un sistema que ha aprendido a simular protección con la misma eficacia con la que evita ejercerla.
