PAN señala que autoridades actuaron de manera inmediata con Ernesto Ruffo, contrario a Rocha Moya y Marina del Pilar; parece que la ley favorece a la 4T
Autoridades de seguridad de México detuvieron el jueves a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del estado fronterizo de Baja California, quien está acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de X informó que la detención se produjo a partir de una investigación relacionada con “grandes operaciones” para contrabandear hidrocarburos presuntamente realizadas por una empresa fundada por Ruffo.
Al respecto el Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que la detención, debe desarrollarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia, conforme a lo establecido por la Constitución.
Mediante un comunicado, el partido blanquiazul expresó su confianza en que el exmandatario estatal, el primero en la historia moderna del país en romper la hegemonía de PRI, podrá aclarar los señalamientos en su contra por las vías legales correspondientes y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías constitucionales. PAN defiende el debido proceso en el caso Ruffo Appel.
Acción Nacional afirmó que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas las personas, sin distinciones por filiación política o cargo público. Señaló, en ese sentido, que mientras en el caso de Ernesto Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata, existen otros casos con señalamientos públicos, como los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, en los que, aseguró, no ha habido actuaciones similares. El partido sostuvo que la ley no debe aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca.
El PAN también consideró que la detención del exmandatario ocurre en un contexto de creciente atención pública sobre el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien, de acuerdo con el partido, no ha ofrecido respuestas suficientes a los señalamientos públicos en su contra.
Indica que esta coincidencia hace indispensable que las autoridades actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados. Afirmó que la confianza en las instituciones depende de que la ley se aplique de manera imparcial, sin importar nombres, partidos o cargos públicos.
