Persiste impune el robo de agua en La Marquesa

La Operación Caudal fue anunciada con bombo y platillo como el gran golpe contra el huachicoleo de agua en el Estado de México, con fuerzas federales y estatales desplegadas, con el desmantelamiento de 190 tomas clandestinas y con operativos en municipios como Ocoyoacac que parecían, por fin, el inicio del fin de las redes delictivas que lucran con el vital líquido. Pero lo que se vendió como un operativo histórico, en los hechos, quedó en pura simulación, en puro show mediático para la foto y el boletín, porque en La Marquesa nada cambió.

Dentro de ese despliegue, las autoridades realizaron diversos aseguramientos en los parajes de La Marquesa por el delito federal de robo de agua, colocaron sellos, montaron vigilancia y presumieron resultados, sin embargo, a la fecha, los puntos intervenidos nunca fueron regularizados ni clausurados de forma definitiva, y hay una razón de fondo que lo explica todo: no existen concesiones ni permisos de la Comisión Nacional del Agua para explotar, extraer o comercializar el agua en esta reserva ecológica, lo que significa que cada litro que sale de ahí es robado, que cada pipa que se llena en La Marquesa es producto de un delito federal, y que no hay manera de disfrazarlo de aprovechamiento legal.

Y lo más grave es que, a pesar de los sellos y del despliegue policial, la extracción clandestina continúa a plena luz del día, sin esconderse, sin miedo, con total descaro. Hoy mismo, decenas de piperos siguen saqueando los manantiales de La Marquesa para vender el agua robada en la zona de Cuajimalpa, luciendo total impunidad frente a las instituciones que se supone deberían detenerlos, como si los operativos nunca hubieran existido, como si la ley no aplicara en ese parque nacional.

Ante este saqueo descarado, la pregunta obligada es quién se embolsa hasta dos mil pesos por cada pipa de agua robada en este parque nacional, quién está detrás de ese negocio millonario que se alimenta de la sed de la gente, qué grupo delictivo o qué organización sindical controla y opera esta red de huachicoleo hídrico, porque esto no es obra de dos o tres piperos sueltos, esto es una estructura organizada, con rutas, con clientes, con cobro y con protección. Y ahí viene la otra pregunta incómoda que nadie quiere responder: qué autoridad municipal o qué funcionario de gobierno les brinda protección y aval para operar sin permisos, quién representa legal o políticamente a estos piperos que lucran con la necesidad de la población, y quién está violando las disposiciones judiciales y quebrantando los aseguramientos federales, porque los sellos se rompen, las clausuras se ignoran y los operativos se olvidan, y eso no pasa sin complicidad.

Por eso la exigencia a la Fiscalía General de la República, a la Conagua y a las autoridades ambientales es que asuman su responsabilidad y den seguimiento real a las carpetas de investigación, que no se queden en el boletín y en la foto, que vayan por los responsables, por los protectores y por los beneficiarios, porque el agua de La Marquesa es un bien nacional, no el botín de mafias ni de autoridades cómplices, y mientras no haya detenidos de peso, clausuras definitivas y castigos ejemplares, la Operación Caudal no será recordada como el golpe contra el huachicoleo, sino como la prueba de que en el Estado de México se puede robar agua de un parque nacional, venderla en dos mil pesos por pipa y seguir operando como si nada hubiera pasado.