PRI OAXACA: EL PARTIDO QUE VA A 2027 CON SUS DIRIGENTES BAJO SOSPECHA

Expedientes, nóminas y engaños: el PRI de Oaxaca llegará a 2027 con sus dirigentes bajo sospecha Un expediente electoral de 2013, un registro en la nómina del Senado, una denuncia por violencia política, candidatos sólo para perder y testimonios de su propio personal dibujan a un partido que dice preparar buenos cuadros mientras sus dos principales dirigentes cargan cuentas pendientes.

CON EL BRAZO IZQUIERDO En el PRI de Oaxaca se habla mucho de “territorio”, “estructura” y “convicción”. Son las palabras que la presidenta estatal, Carmelita Ricárdez, eligió el 19 de septiembre al instalar el Consejo Político Estatal 2026-2029, el órgano que conducirá las decisiones internas rumbo a la elección de 2027. Pero hay otra forma de medir a un partido: revisar lo que hay detrás de sus dirigentes.

Y en el tricolor oaxaqueño, las dos figuras que hoy controlan la maquinaria: Ricárdez en el Comité Directivo Estatal y Hugo Jarquín en el comité municipal de la capital, llegan a la temporada de candidaturas con expedientes, señalamientos y versiones internas que el partido tiene que explicar. JARQUÍN: LA CALLE, LOS SALTOS DE PARTIDO Y UN EXPEDIENTE QUE SIGUE EN LÍNEA Hugo Jarquín no llegó al PRI desde la militancia: llegó desde la calle.

Fue diputado federal por el PRD en la LXII Legislatura (2012-2015), según su perfil en el Sistema de Información Legislativa, y antes y después se movió por el PRD, Morena y, de forma fugaz, el PUP, de acuerdo con RIOaxaca. En julio de 2025, la propia Carmelita Ricárdez le tomó protesta como presidente del comité municipal en Oaxaca de Juárez. La recepción no fue unánime. Un priista del comité estatal, bajo anonimato, resumió el nombramiento como reciclaje y no como renovación.

Es una crítica que pesa: el PRI capitalino quedó en manos de un líder de comerciantes en vía pública con pasado opositor al propio tricolor. El medioHENDIRECTO, en una serie firmada por Gabriel Acevedo, reconstruye episodios de esa trayectoria. Según su recuento, en septiembre de 2009 integrantes de la organización Ocho Regiones, encabezada por Jarquín, acompañaban a uno de los grupos de una gresca en el Tribunal Unitario Agrario de Oaxaca que dejó lesionados; un participante anunció denuncias y Jarquín negó que su grupo hubiera intervenido.

El mismo medio retoma un episodio de febrero de 2013, reportado entonces por La Jornada: siendo diputado federal, su equipo pretendía repartir unos 27 mil tamales en la Alameda de León sin permiso municipal, y el acto terminó en jaloneos con la policía. La escena es casi anecdótica, pero retrata un método: movilización primero, autorización después.

Lo que sí está en un archivo oficial es más serio. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) tramitó el expediente SG/PSE/VMGG/001/2013, resuelto mediante la resolución RCG-IEEPCO-001/2013, por una queja de Víctor Manuel García García contra “el Diputado Federal Hugo Jarquín” y el PRD por presuntos actos anticipados de precampaña en Oaxaca de Juárez rumbo a los comicios de 2013. HENDIRECTO sostiene que el caso terminó en sanción; el documento sigue publicado en el sitio del instituto. Hay una ironía que el PRI de hoy prefiere no recordar.

En 2016, un acta del Consejo General del IEEPCO registra una queja presentada por el representante del propio PRI contra Hugo Jarquín y el PRD.

El partido que ayer lo denunciaba ante la autoridad electoral hoy le confía su comité más visible. Nada de lo anterior le impide participar en política. Pero sí obliga a preguntar con qué criterios el PRI eligió a quien ahora tendrá voz en la definición de candidaturas en la capital. CARMELITA RICÁRDEZ: DIRIGENTE SIN SUELDO, ASESORA CON NÓMINA María del Carmen Ricárdez Vela asumió la presidencia estatal del PRI el 29 de octubre de 2023, por designación anunciada en redes por Alejandro Moreno, según Quadratín Oaxaca. Venía de dirigir la CNOP estatal, ha sido diputada y ha ocupado cargos en la administración pública.

Llegó con la promesa de terminar con una etapa “caciquil” del partido. Tres años después, su nombre aparece en otro lugar: la nómina del Senado. El 22 de junio de 2026, Excélsior documentó que al menos 25 senadores suplentes cobran en la Cámara alta como asesores o mandos. Entre ellos está Ricárdez Vela, suplente de la priista Cristina Ruiz Sandoval, registrada como asesora con 20 mil pesos brutos mensuales.

La cifra no es escandalosa; la figura sí lo es. La suplente cobra como asesora de la senadora a la que suple, mientras dirige un partido en otro estado. Según información de la Plataforma Nacional de Transparencia citada en denuncias públicas, su remuneración visible viene del Senado, no del PRI. La pregunta es sencilla: ¿qué asesoría presta, desde Oaxaca, a una legisladora del Estado de México? Ruiz Sandoval no es cualquier senadora. Preside el PRI mexiquense desde el 7 de diciembre de 2024 por designación de Moreno Cárdenas, y antes encabezó la Comisión para la Postulación de Candidaturas del CEN, de acuerdo con Milenio.

Un trabajador del comité estatal lo resumió así a esta columna: Carmelita “está bien parada” por ser su suplente. LA DENUNCIA DE TUXTEPEC Hugo Jarquín afirmó a este columnista que existe una acusación por violencia política contra Ricárdez en la Fiscalía de la región de Tuxtepec. Según su versión, una priista electa presidenta del comité municipal no pudo rendir protesta cuando llegó la dirigencia estatal, que colocó a otra persona.

El antecedente existe. En abril de 2025, RIOaxaca informó que liderazgos priistas en activo preparaban una demanda por violencia política en razón de género contra la dirigente, por presuntamente vulnerar los derechos de dos priistas que terminaron renunciando a cargos y militancia. Y el comité de Tuxtepec cambió de manos dos veces en meses: en julio de 2025 se instaló uno encabezado por Iván Vázquez Gutiérrez, según RIOaxaca, y en diciembre otro presidido por Eduardo Alberto Unda Cruz, según Primera Línea.

Un dato que conviene subrayar: la acusación proviene de Jarquín, el dirigente al que la propia Ricárdez dio el comité capitalino. Que el presidente municipal señale a su presidenta estatal ya es, por sí mismo, la mejor prueba de la fractura. LO QUE CUENTAN DENTRO DEL TRICOLOR Personal y militantes que laboran en la sede estatal, describieron a este columnista condiciones precarias.

Hablan de baños sin agua, falta de papel higiénico y recortes de personal auxiliar, siempre justificados por falta de presupuesto. También denuncian recortes salariales, tareas ajenas a sus funciones y la obligación de asistir a eventos “a ser relleno”. Varios describen gritos, insultos y humillaciones en reuniones, al punto de hacer llorar a integrantes del comité.

Aseguran además que a los reporteros que cubren las conferencias se les entregan 200 pesos y que servicios sencillos de cafetería se facturan a precios inflados. Otra versión, que esta columna no ha podido documentar, sostiene que desde el PRI Oaxaca se han enviado camionetas al servicio de la senadora Ruiz Sandoval. Son testimonios, no resoluciones.

Pero si el partido presume transparencia, tiene a mano la forma de desmentirlos: abrir sus facturas, su plantilla y sus nóminas. MUNICIPIOS DE RELLENO: LA ESTRATEGIA QUE EL PRI NO REVELA Un alto funcionario del PRI estatal comentó que al partido no le interesa ganar presidencias municipales. Según su versión, los candidatos a ayuntamientos sirven para sumar votos a la elección de diputaciones locales y, con ello, asegurar más prerrogativas.

La lógica tiene sustento legal. El financiamiento público ordinario se reparte 30% en partes iguales y 70% según el porcentaje de votos obtenido en la elección inmediata anterior de diputaciones; además, sin el umbral mínimo de votación local un partido pierde su registro estatal. Para un PRI que en abril de 2025 tenía, según RIOaxaca, un solo diputado local, cada voto en la boleta de diputaciones vale más que una presidencia municipal.

El problema es lo que esa aritmética significa para quien quiera ser candidato. Si el comentario es cierto, cientos de aspirantes municipales serán postulados no para gobernar sino para aportar votos a una lista. Es un partido que se administra como franquicia: cobra por presencia, no por resultados.

EL SILENCIO FRENTE AL GOBIERNO ESTATAL Hay otro patrón visible en las conferencias del PRI estatal: los ataques se dirigen a Morena y al gobierno federal, rara vez a la administración actual. Una priista lo explicó con una frase que vale oro político: según ella, hubo acuerdos con el gobierno local desde la revocación de mandato. En público, Ricárdez sostiene lo contrario. El 19 de septiembre declaró que el PRI “no pacta” con la delincuencia ni con el régimen, según Primera Línea. Esta columna no tiene prueba documental de un acuerdo.

Pero el contraste entre el discurso y la conducta en conferencia es un hecho verificable para cualquiera que revise sus comunicados. LA PELEA POR LAS LLAVES DEL PARTIDO Y LO QUE COSTARÁ EN 2027 La fotografía de julio de 2025, con Ricárdez tomando protesta a Jarquín bajo el lema de “unidad y rumbo firme”, ya no corresponde a lo que se escucha dentro. Hoy el presidente municipal ventila a su dirigente estatal y militantes de ambos lados describen una disputa por el control del partido rumbo a la próxima elección. Un integrante del PRI en Oaxaca sostiene, además, que ambos dirigentes son primos. Esta columna no ha podido corroborarlo, sin embargo, en comentarios informales no lo han desmentido; si fuera cierto, la pugna tendría menos de proyecto político y más de reparto familiar de un patrimonio electoral. La disputa no es abstracta.

El 19 de septiembre rindieron protesta la Comisión Estatal de Procesos Internos y la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, según Diario Marca. Son los órganos que validarán convocatorias, registros e impugnaciones. Quien controle esas comisiones y el comité de la capital, el municipio con más electores del estado, tendrá la mano en la lista de candidaturas. ¿QUÉ SE ESPERA DEL PRI? El PRI de Oaxaca pide el voto en nombre de la defensa de las instituciones.

Pero sus dos dirigentes principales llegan a 2027 con un expediente electoral, una nómina que no se explica, una denuncia anunciada y un personal que habla de maltrato. La militancia tiene derecho a saber quién decide sus candidaturas y con qué criterios. Y el electorado, a saber, si el partido compite para gobernar o solo para cobrar. Hasta ahora, ninguno de los dos ha recibido respuesta.