Bamba Política

01/diciembre/2025

El Gobierno de Chicoloapan sigue cumpliendo su compromiso con la ciudadanía,

Se hizo entrega de obras de infraestructura vial que mejoran la calidad de vida de los chicoloapenses, se rehabilitó la Av. México con mezcla asfáltica para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios, en la Cabecera Municipal en la cerrada 20 de noviembre se rehabilitó con concreto hidráulico cumpliendo con estándares de calidad, en Santa Rosa la calle alcatraz se renovó con pavimento asfaltico mejorando la conectividad y accesibilidad de la zona. logros del gobierno municipal de Chicoloapan

Gobierno de Delfina Gómez evita pago de casi 10 millones de pesos del monto exigido a la ciudadanía por extorsión y fraude telefónico

Ecatepec, Toluca y Naucalpan concentran la mayor incidencia, por lo que se refuerzan las estrategias de prevención.

Estado de México.– El trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, que se impulsa en las Mesas de Paz encabezadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, permitió que en el Estado de México se evitara que casi 10 millones de pesos llegaran a manos de extorsionadores.
En el reporte presentado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se informó que esta cifra corresponde al periodo del 20 al 26 de noviembre y representa el 90 por ciento del total exigido, lo que es posible gracias a la oportuna denuncia ciudadana que ayuda a las autoridades a actuar de manera inmediata.
Además, se dio a conocer que se han recibido 860 denuncias relacionadas con extorsión y fraude telefónico, lo que ayuda a generar alertas tempranas y afinar las estrategias de prevención. El modo de operación más recurrente es la emisión de amenazas o mensajes de intimidación para presionar a las víctimas, seguido de casos donde personas delincuentes se hacen pasar por familiares o conocidos.
Los municipios con mayor incidencia fueron Ecatepec, Toluca y Naucalpan, por lo que se refuerzan las acciones de inteligencia, prevención y difusión de medidas de autoprotección en esas zonas.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a denunciar cualquier intento de extorsión o llamada sospechosa al 089 y 911, recordando que la denuncia es la herramienta más efectiva para combatir estos delitos. También se invitó a compartir la información con familiares y conocidos, a fin de prevenir que más personas sean víctimas.
En la sesión 224 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

En 2026 los contribuyentes que se atrasen en el pago de sus impuestos deberán destinar 40% más en recargos: IMCP

El 2026 será más complicado para los contribuyentes, ya que se les incrementará 40% los recargos por no pagar a tiempo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ciudad de México.- Y es que el pasado 07 de noviembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reformas fiscales que estarán vigentes para 2026, entre ellas la Ley de Ingresos de la Federación.
Dicha ley contempla un incremento a la tasa de recargos mensual, al pasar de 1.47% en 2025 a 2.07% en 2026, es decir nos costará 40 por ciento “más caro” pagar tarde los impuestos, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Al respecto Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente fiscal del instituto explicó que el aumento busca incentivar el cumplimiento a tiempo de los pagadores de impuestos.
“Nomás para comentarte que este aumento de la ley de ingresos de los recargos del 40%, se justifica la exposición de motivos, porque se argumenta que las tasas no sufrieron incrementos de 2018, entonces la justificación es esa, 2018, y llegó un momento en que para los contribuyentes eran menos costoso deberle al fisco que debe verle a los bancos, entonces por eso fue el cambio según los argumentos de la expresión de motivos”.
Al respecto Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, explicó que ahora con el uso de las tecnologías de la información además de la bancarización y todas las herramientas que se utilizan para fiscalizar, será más difícil evadir el pago de los impuestos.
Por ello, dijo que la mejor opción que tenemos los contribuyentes es cumplir en tiempo y forma.
“Qué le recomendamos a la gente, pues que haga las cosas bien, la verdad es hemos visto que las medidas del Servicio de Administración Tributaria, pues cada día, se han ido cerrando, se han ido cercando, creo bien importante que ese asesore la ciudadanía, que tenga un conocimiento básico sobre estos temas”.

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Martha Guerrero presume logros atrasados mientras crecen sospechas de desvíos millonarios

A casi un año de haber tomado protesta, incumple su promesa de denunciar corrupción pasada y enfrenta señalamientos de encubrirla para beneficio propio.

La Paz, Estado de México.– Mientras la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez intenta vender como gran logro la compra de cinco camiones cisterna y cuatro compactadoras de basura, la ciudadanía se pregunta por qué esta acción se realiza hasta casi un año después de haber asumido el cargo, cuando era una obligación básica desde el primer día de gobierno.
El retraso no solo evidencia incapacidad de gestión, sino que abre la puerta a un cuestionamiento mayor: ¿Dónde quedó el presupuesto millonario de 2025? Porque mientras la mandataria exige aplausos por una inversión tardía, La Paz enfrenta un evidente deterioro urbano, servicios públicos en crisis y un creciente malestar social.
A esto se suma un rumor que corre con fuerza entre los habitantes y actores políticos locales: presuntamente su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, estaría beneficiándose directamente del manejo del erario, apropiándose “a carretilladas” de recursos públicos, mientras la alcaldesa distrae a la población con compras que debieron haberse realizado desde el inicio de la administración.
Y la incongruencia se hace aún más evidente cuando se analiza su actuar político: En enero, recién asumido el cargo, Martha Guerrero prometió públicamente denunciar a la exalcaldesa priísta, Cristina González Cruz, a quien acusó de millonarios desvíos y aseguró que por lo menos se presentarían 10 denuncias. Hoy, casi un año después, no existe una sola denuncia formal.
Lejos de combatir la corrupción, todo indica que utilizó ese discurso como estrategia política para justificar futuras irregularidades financieras dentro de su administración y desviar la atención de posibles desvíos cometidos por ella misma y su círculo cercano.
Resulta insultante que ahora declare que la compra de unidades es producto de una supuesta “austeridad” y “finanzas sanas”, cuando según su propia versión, al llegar al gobierno “no tenían ni para pagar la primera quincena de sueldos”, pero en menos de un año aseguraron haber recaudado 11 millones de pesos contra los 4 millones de la administración anterior.
Ese aparente “ahorro histórico” contrasta con el estado lamentable del municipio y, lejos de generar confianza, levanta sospechas de manipulación financiera y encubrimiento institucional.
La ciudadanía lo dice con claridad: “Martha Guerrero no solo no cumplió… engañó a su pueblo.”
Y hoy, tras un año de gobierno, no rinde cuentas sobre los recursos, no ha combatido la corrupción como prometió y, por el contrario, carga sobre su administración señalamientos de opacidad, omisión y complicidad.
Mientras exige reconocimiento por hacer tarde y a medias lo que le correspondía, el municipio sigue hundido entre basura, escasez de agua, abandono y desilusión.
La compra de camiones no es un logro, es una evidencia del retraso, la improvisación y la falta de honestidad de una administración que llegó prometiendo justicia… y hoy es señalada de replicar los mismos vicios que juró combatir.

Expediente secreto/comunicadores en pie de lucha

El silencio en el segundo círculo: las preguntas que persiguen el caso Manzo

Ha pasado casi un mes desde el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y lejos de disiparse, las dudas crecen como una sombra

Ha pasado casi un mes desde el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y lejos de disiparse, las dudas crecen como una sombra que amenaza con tragarse la narrativa oficial. En el centro del huracán están los siete escoltas que hoy permanecen encarcelados, convertidos en los únicos señalados por un crimen que, a estas alturas, parece rodeado de más opacidades que certezas.
Y una pregunta se repite, incómoda, insistente, difícil de ignorar:
¿Dónde están los elementos de la Guardia Nacional que formaban parte del segundo círculo de seguridad del alcalde?
La interrogante la lanzó el abogado Gustavo Carreón, defensor de los escoltas, pero podría haber surgido de cualquier ciudadano que observe con mínima atención los hechos. Porque si algomo resulta evidente es que el operativo de seguridad alrededor del alcalde no dependía únicamente de sus escoltas personales. Existía —según el propio abogado— un segundo anillo, integrado por la Guardia Nacional, cuya función era anticipar riesgos, contener amenazas y, en pocas palabras, evitar justo lo que ocurrió.
¿Por qué, entonces, ese grupo no está detenido, investigado, ni siquiera mencionado en términos de responsabilidad?
El caso se llena de lagunas. Carreón señala una primera inconsistencia: la Fiscalía habla de un ataque ocurrido a las 20:30 horas, cuando el propio alcalde ya se encontraba en el hospital desde las 20:10. No es una diferencia menor; es un error de base que, de ser cierto, tumbaría buena parte de la acusación.
Luego está el tema del protocolo de seguridad. La Fiscalía afirma que no existía; la defensa sostiene que sí, que incluso fue desarrollado oficialmente para el Festival de Velas. Y finalmente, la versión sobre la muerte del presunto atacante, un joven de 17 años. ¿Murió por su propia arma, como afirma la autoridad, o fue repelido por uno de los escoltas, como sostiene la defensa? Otra grieta más en una investigación que debería ser ejemplar y que, por ahora, parece todo menos sólida.
Mientras tanto, los escoltas enfrentan cargos por comisión por omisión, una figura que exige demostrar qué acción debieron realizar y no realizaron. Pero hasta hoy no queda claro cuáles fueron esas supuestas omisiones. ¿Qué no hicieron? ¿Qué se esperaba de ellos? ¿Qué responsabilidad les corresponde si, como asegura la defensa, el riesgo llegó desde un círculo exterior que no les competía controlar?
El dato más inquietante llega de las propias investigaciones: la presunta coordinación del asesinato a través de un grupo de WhatsApp. Un plan ejecutado de forma tan simple como brutal, y en el que aparece la figura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, un presunto líder criminal con presencia en varios municipios de Michoacán. Él y los escoltas ya fueron vinculados a proceso, mientras que la narrativa oficial parece avanzar sin detenerse a aclarar contradicciones elementales.
Pero la justicia —si pretende serlo— no puede construirse sobre silencios selectivos. La Guardia Nacional debe explicar su rol, su presencia, o su ausencia. Las autoridades deben clarificar el rompecabezas temporal. Y la Fiscalía debe sostener sus acusaciones con algo más que fragmentos que no encajan.
Porque lo que está en juego no es solo el esclarecimiento del asesinato de un alcalde —ya de por sí urgente y necesario—, sino la credibilidad de un sistema de seguridad que, una vez más, aparece fracturado y lleno de sombras.
En Michoacán, donde la violencia ha marcado por años la vida pública, la verdad no puede darse el lujo de ser ambigua.
No esta vez.
No después de Carlos Manzo.

Las breves informativas