El FMI advierte a la 4T que su modelo económico tiende a empeorar

No hay condiciones para asegurar en 2021 recuperación, subsidios clientelares y elecciones; de seguir igual se agravará la crisis.
Pocas revisiones de la gestión de política económica y social son tan rigurosas y profundas como las que cada año lleva a cabo el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre sus miembros y lo que considera para el caso de México es muy fuerte.

Esta evaluación, que generalmente tiene poca difusión, resulta esencial para las empresas calificadoras internacionales, para los inversionistas institucionales globales y es “el referente” para la inversión privada porque es una especie de tomografía no solo sobre la situación económica sino, a partir de ahí, de las perspectivas reales para los próximos 12 meses a partir de la confrontación pormenorizada de los datos oficiales con los análisis del sector privado y representantes de la sociedad civil.

Por lo tanto, los asuntos que se revisan no se limitan a las políticas macroeconómicas y financieras sino que consideran todos los temas que pueden incidir en el desempeño efectivo del país.

Sobre esa base, los técnicos del Fondo elaboraron un informe que se conoce como Consulta del Artículo IV del FMI y que, hace una semana en que fue entregado, al gobierno mexicano le cayó como “un balde de agua helada” por lo que describe.

En la parte más generosa, reconoce que México ha sido muy afectado por la COVID-19. Que las estadísticas oficiales registran la pérdida de más de 85 mil vidas. Que alrededor de 12 millones de trabajadores perdieron sus empleos, muchos son provenientes del sector informal, de los que 4 millones no han regresado a la fuerza laboral y que, a junio, la población en pobreza laboral pasó de 36 por ciento a 48 por ciento del total.

Coincide con el Banco de México en que el PIB puede caer 9 por ciento en 2020, la contracción más pronunciada desde la Gran Depresión y que hay probabilidades de que “se recupere modestamente en el futuro” si se hacen diversos cambios estructurales que implican decisiones de política de gobierno.

Reconoce que las autoridades respondieron a la pandemia aumentando el gasto en salud y apoyando a hogares y empresas: otorgaron préstamos, reasignaron algunas partidas presupuestales, adelantaron gasto para el pago de pensiones a adultos mayores y discapacitados y aceleraron los procesos de adquisiciones y de devoluciones de IVA, además de que implementaron medidas de política y administración tributaria para aumentar la recaudación de impuestos.

En materia monetaria, se relajó sustancialmente la política y se redujo en 4 puntos la tasa de interés de referencia a 4.25 por ciento y el Banco Central amplió el financiamiento hasta un nivel de 3.3 por ciento del PIB para asegurar el funcionamiento de los mercados financieros y la provisión de crédito, junto con la defensa del tipo de cambio flexible para absorber choques externos, a lo que se suma el nivel de reservas internacionales, el acceso a la línea swap de la Reserva Federal de EU y a la Línea de Crédito Flexible disponible con el Fondo.

Sin embargo, recomendaron un seguimiento cercano y continuo de los riesgos en el sector bancario y exigirle niveles mínimos de regulación y supervisión.

Y aquí viene la realidad de las cosas. Los técnicos del FMI le advirtieron al gobierno mexicano que en el marco de los riesgos e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, los costos sociales y económicos serán muy elevados.

Para enfrentar esos costos y alcanzar un crecimiento “fuerte, duradero e inclusivo” es imprescindible “una reforma tributaria creíble a mediano plazo –para implementarse una vez que la recuperación esté en marcha– con el fin de reforzar el espacio para brindar apoyo a corto plazo, cerrar brechas fiscales, reducir la deuda pública y financiar inversiones necesarias y el gasto social”.

En una franca censura a la Ley de ingresos aprobada para 2021 advirtieron que de no ampliar la base impositiva y combatir la informalidad, aumentar los impuestos locales y reducir las brechas en el IVA, es difícil fortalecer las redes de seguridad social como lo ha ofrecido el presidente López Obrador.

Si bien celebraron la propuesta para reformar a las pensiones, al tiempo que las instaron a considerar medidas complementarias para mitigar la informalidad que invade al mercado laboral.

No solo eso, advirtieron que el gasto público para 2021 tiene que cambiar las prioridades establecidas para poder promover crecimiento inclusivo mediante el fortalecimiento de la protección social y el aumento de la inversión pública.

Como aún hay tiempo para que el Poder Legislativo avale el Presupuesto de Egresos, “exhortaron a las autoridades a revisar la estrategia de negocios de Pemex y reformar aún más su gobernanza”.

El análisis del FMI advierte que sin reformas estructurales no habrá en México avances en inversión y la productividad será insuficiente para obtener los beneficios del T-MEC.

Advirtieron que es imprescindible abordar contundentemente a la informalidad, incluida la del mercado laboral, impulsar los esfuerzos en materia de gobernanza y contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, además de optimizar la eficiencia de la inversión pública, mejorar el acceso al crédito y aprovechar la participación privada en el sector energético.

Dicen que luego de la lectura de esta evaluación, en Palacio Nacional se escuchó el golpe rotundo de un carpetazo.

Mientras tanto, en las calles del país se vive la realidad.