Caso Línea-12, a una corte en Nueva York
Pablo Hiriart
Dos palabras que sustentan la solicitud de juicio en una corte estatal de Nueva York contra Carso, Alstom, CAF e ICA lo resumen todo: “avaricia y negligencia” en la ingeniería y construcción del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
Catorce familias que tuvieron víctimas en el colapso de la Línea Dorada son representadas por un bufete de abogados de los más fuertes de Estados Unidos, especializado en ese tipo de percances: The Webster Law Firm.
Lo que hemos comenzado a ver –va para largo, es civil– parece el guion de una película: 26 personas de escasos recursos mueren en un accidente del Metro de la capital mexicana y su caso lo toma una prestigiada firma de abogados que busca desnudar, en las cortes de Nueva York, la avaricia y negligencia de grandes compañías que causaron la tragedia.
Ahí cabe ambición política, sobornos, arreglos bajo la mesa para cerrarle el paso a otras constructoras, ahorros y prisas que resultaron mortales para gente pobre o de clase media, grandes millonarios asociados al poder (al que sea) y protegidos por él. Y una lucha judicial reivindicativa.
Es una película trágica.
Vamos a los hechos ya ocurridos. Las familias mexicanas, representadas por The Wester Law Firm y Carbino Legal (un bufete con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, especializada en asuntos fiscales, inmobiliarios y laborales), comenzaron el proceso de demanda contra Carso Infraestructura y Construcción, Alstom International, Alstom México, CAF Estados Unidos e ICA.
Con la demanda se busca indemnización justa, en proporción al ingreso de las empresas constructoras. Medidas compensatorias por lesiones y/o pérdida de oportunidad de vidas. Castigo por “daños punitivos”.
La acusación es en Nueva York porque las empresas tienen intereses económicos en Estados Unidos y miembros de su consejo de administración residen en ese estado.
Me explican que la razón de elegir Nueva York también está ligada a que las empresas tienen sede o una subsidiaria en Estados Unidos, o es una compañía foránea de “contactos mínimos”.
La doctrina de “contactos mínimos” postula que, cuando una entidad foránea hace negocios en un estado, por ejemplo Carso en la bolsa de Nueva York, se está beneficiando de la protección de las leyes de ese estado y por consiguiente puede ser demandada ahí.
The Wester Law Firm tiene su sede en Houston y cuenta con más de 60 años de experiencia en litigios por accidentes de construcción en trenes, aviones y daños personales en general.
En lo que respecta a ferrocarriles, esa firma ganó, en 2013, un litigio por 200 millones de dólares por un accidente en un tren de carga en Quebec, Canadá, en el que murieron 42 personas.
También ganó, en 2015, un juicio por 3 millones 250 mil dólares contra la empresa ferroviaria BNSF Railway, para un conductor que sufrió daño cerebral.
Aún se desconoce el monto de la indemnización que se demanda para los deudos o familiares de las víctimas, pero los estándares se pueden deducir de lo pagado en casos anteriores.
Fuentes de las firmas señalan que no se enfocarán en posible negligencia de autoridades de la Ciudad de México, debido a que Estados Unidos no tiene autoridad legal extraterritorial para sancionar a un estatal gobierno mexicano.
El caso del niño Brandon, de amplia repercusión en medios de comunicación, es diferente. Su familia decidió llevar el litigio aparte, por medio del bufete del abogado Teófilo Benítez, que tiene su propia estrategia.
La mamá de Brandon, Marisol Tapia, puso una queja administrativa en México para lograr una suspensión temporal de sus cargos, en tanto trascurre la investigación, y que sean interrogados una docena de funcionarios federales y locales.
Vamos a ver, pues, en qué termina esta película trágica. Tal vez lleguen a un acuerdo económico rápido, dada la solvencia de los demandados y su necesidad de aquietar las aguas para salvar prestigio.
O tal vez veamos otro final, en el que víctimas modestas, pero en un país de leyes, derrotan a un gigante.
