El pacto de Edel/Yunes con Palacio de Gobierno!

Ya Ya Ya hubo millonario acuerdo y “Vómito Negro”.

Edel Álvarez y Yunes Linares pactaron con el Ejecutivo Estatal el negociazo del PJVER.

• Magistrada Sofía Martínez fue corrida por que puso en peligro el negocio.
• Actual Presidenta Isabel Romero es un títere que está a las ordenes de Palacio de Gobierno.
• Negocio de más de $6 mil millones de pesos que dejó comprometido por 25 años al TSJE avanza firme.
• Sofía Ramírez paró pagos por irregularidades millonarias que detectó, Isabel Romero los reactivó sin chistar.
• El negocio de la asociación público/privada de las Ciudades Judiciales seguirá sin que nadie lo impida o limite.
• Pacto desde las entrañas del gobierno estatal con Yunes Linares, Edel Álvarez Peña y Prestanombres va viento en popa.

Xalapa. Ver. 11 julio 2021.

Con anuencia que provino desde las entrañas del Palacio de Gobierno de Veracruz, los prestanombres de Miguel Ángel Yunes Linares en el millonario negocios de las “Ciudades Judiciales” del Poder Judicial de Veracruz siguen y seguirán cobrando los más de $6 mil millones en perjuicio de las finanzas del TSJE.

Y es que Francisco José Ruiz Anitúa y Javier Antonio Ruiz Anitúa (Prestanombres de la Familia Yunes Márquez) lograron en el bienio Yunista los millonarios contratos (amañados y viciados) para la construcción y mantenimiento de ciudades judiciales, por un monto de más de $6 mil millones de pesos en agravio de las finanzas del poder judicial del estado de Veracruz.

Los hermanos Ruíz Anitúa crearon al menos cinco empresas para poder convenir y luego subcontratar la edificación de 20 ciudades judiciales, en igual número de distritos en la entidad. Por los que cada mes el Poder Judicial de Veracruz (TSJE) paga $17 millones de pesos por esos onerosos contratos que tienen en la quiebra al TSJE.

La exmagistrada Sofía Martínez Huerta al llegar al cargo y darse cuenta de todas las irregularidades con los contratos público/privados por la construcción de las “Ciudades Judiciales”, ordenó de inmediato dejar de pagar el millonario monto mensual a los socios de Yunes Linares y Edel Álvarez Peña, según consta en la denuncia que presentó el abogado Tomás Mundo Arriasa en la Fiscalía General de la República (FGR), en el que se señala intimidación (desde el gobierno del Estado) e irregularidades en la contratación de las empresas, que llevaron a su remoción por que estaba poniendo en peligro el acuerdo millonario al que habían llegado Álvarez Peña con los residentes de Palacio de Gobierno para que dicho negocio siguiera su curso sin que nadie dijera nada.

Datos que son públicos en el portal de transparencia del Poder Judicial (TSJE) revelan que las empresas: Desarrolladora CJI SAPI de CV, Desarrolladora CJII SAPI de CV, Desarrolladora CJIIISAPI de CV y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV, propiedad de los hermanos Ruiz Anitúa, subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, para la edificación de las 20 ciudades judiciales.

El proceso de la entrega de la obra podría pasar desapercibido, sino fuera porque Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, tiene como socios a los mismos empresarios que crearon las cuatro primeras firmas para recibir los contratos del Poder Judicial en el periodo de Edel Álvarez Peña, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Los empresarios: Francisco José Ruiz Anitúa, Carlos Francisco Nachón García, Alfonso Díaz De Vega (Suegro de Francisco Ruíz), Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno son socios de las cinco firmas.

El Poder Judicial tendrá que pagar más de seis mil millones de pesos para la edificación de las ciudades judiciales y la deuda se prolongará por un periodo de 25 años; además, se tendrá que contratar créditos para crear fideicomisos de cobertura y pago por 50 millones de pesos anuales.

Magistrada critica la falta de transparencia en los contratos.

La también magistrada Concepción Flores Saviaga afirmó que desde el año pasado se ha pedido una revisión a los contratos que se asignaron en el periodo de Edel Álvarez Peña, pues los contratos son a todas luces irregulares.

“Fue ilegal porque se hizo sin que estuviera la autorización, y se cerraron los contratos antes de que el Congreso lo aprobara, de esos contratos se tiene que revisar la legalidad, y buscar una mediación y no seguir gastando ese tipo de proyectos que rebasan cualquier tipo de proyecto técnico”.

Aseguró que ella solicitó la intervención de Colegios de Arquitectos pues pagar 25 años más de cinco mil millones de pesos es una carga que no se puede mantener y por eso el poder ejecutivo estatal enfrenta los problemas financieros que presenta hoy en día.

Ciudades judiciales costaron magistratura a Sofía Martínez.

En octubre del 2019 se dio el nombramiento de Sofía Martínez como magistrada del poder judicial, y para diciembre fue cesada como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por instrucciones que vinieron desde el propio Palacio de Gobierno.

En una de las primeras acciones cuando asumió la presidencia del TSJE Sofía Martínez prometió auditar a fondo la asignación y construcción de las ciudades judiciales. Incluso, suspendió el pago de los $17 millones de pesos que se debía entregar cada mes, como parte de los contratos públicos/privados.

El abogado Tomas Mundo Arriasa, quien apoyó la defensa jurídica de Sofía Martínez (quien fue inhabilitada y destituida) atribuyó el juicio político en su contra a su negativa de pagar a los prestanombres de Yunes Linares quienes integraron las APP´s.

En la denuncia, que presentó ante la FGR, el abogado detalla que la expresidenta fue llamada a la oficina del gobernador Cuitláhuac García Jiménez el tres de diciembre del 2019. En la junta en la que participó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, se le pidió no actuar contra la pasada administración, como parte de un acuerdo con Edel Álvarez Peña, su antecesor.

Después hubo una segunda llamada de atención, ahora en un reunión privada entre Sofía Martínez y Eric Cisneros Burgos (Secretario de Gobierno) donde se le pidió nuevamente (por las buenas) no iniciar una “cacería de brujas” por irregularidades detectadas en la asignación de las 20 ciudades judiciales a los empresarios Ruiz Anitúa.

“Detecté diversas ilegalidades en la contratación de la Asociación Público-Privada, ante dicha situación decidí suspender el pago que oscilaba en $17 millones de pesos mensuales”, detalla la querella de la exmagistrada.

La historia ya la sabemos todos, entre Cuitláhuac García, Eric Cisneros y Javier Gómez Cazarín la corrieron y pusieron a una títere en la persona de Isabel Romero, quien no les chista en nada y acepta todos los negocios $$$ que están haciendo con el presupuesto del (TSJVER), así está al día de hoy la situación financiera, donde no tienen ni para pagar los sueldos hasta diciembre de este año.

ORFIS observa irregularidades pero también reciben la instrucción de no interferir.

En la cuenta pública 2018 el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) observó que el Poder Judicial no concursó las asociaciones bajo los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, y en igualdad de condiciones para todos los participantes.

Por lo que el proceso de adjudicación no se basó en la evaluación de las propuestas, no se garantizó a los participantes que haya presentado la mejor propuesta solvente, incluso, como parte de las observaciones se señaló el aumento en el costo de los proyectos ejecutivos de cada ciudad.

Ni hablar, como bien dicen por ahí, “los carniceros de hoy serán las reses del mañana”, y los actuales inquilinos de Palacio de Gobierno aprendieron muy bien y muy rápido como devolvérsela a Yunes Linares & Cía con el denominado “Vómito Negro” en perjuicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz, pero el negocio es el negocio.