El Estado Mexicano está obligado en garantizar la libertad de expresión mediante el ejercicio periodístico
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) lamenta profundamente las amenazas que ha recibido Susana Uresti y el diario el Universal por su ejercicio periodístico.
Afirmamos, que el Estado Mexicano está obligado en garantizar la libertad de expresión que se ejerce por información veraz y oportuna a favor de sus gobernados.
Calificamos que este tipo de hechos no pueden generar negación, ni tampoco dilación por parte de funcionarios que están a cargo del mecanismo de protección a periodistas donde corren peligro vidas humanas que se dedican a brindar información profesional a todos los mexicanos.
Recordemos que el Estado Mexicano en los últimos años ha ratificado acuerdos Internacionales con el alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), donde se ha obligado a salvaguardar la libertad de expresión mediante la actividad periodística, por lo que nos solidarizamos en una verdadera protección a los comunicadores que vienen sufriendo y viviendo este tipo de situaciones.
Puntualizamos los principios de la LIBERTAD DE EXPRESIÓN que ha señalado la Organización de Estados Americanos (OEA) y que debe salvaguardar el Estado Mexicano y los países latinoamericanos:
La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
“Por el Derecho a informar y ser Informados”
