Gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa un servicio público ético, incluyente y responsable: Secretaria Hilda Salazar Gil

El Estado de México, sede de la Segunda Asamblea Ordinaria de la Región Centro-Pacífico de la CPCE-F.

Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría del Estado de México, aseguró que la administración encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se encuentra comprometida con un proyecto histórico y ético, de dignificación del servicio público, incluyente y socialmente responsable.

En reunión con sus homólogos de la Región Centro-Pacífico de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), agregó que se busca mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía con transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia a la corrupción, bajo la encomienda de trabajar con sensibilidad y cercanía al pueblo, haciendo efectivo el principio de “más territorio, menos escritorio”.

Salazar Gil recordó que, dentro del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, en su Eje 1. Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo, se estableció como línea de acción el impulso de la ética pública para prevenir y combatir la corrupción al interior de la administración pública estatal; sin soslayar la necesidad de que las personas servidoras públicas adquieran una nueva conciencia ética, regida por valores y principios humanistas, donde la honestidad sea el eje rector para desempeñar sus tareas y atribuciones.

Al destacar que la administración pública requiere control y vigilancia constantes para asegurar que sus órganos y funcionarios actúen en favor del interés público y no personal, precisó que la supervisión es especialmente crucial en el manejo de la hacienda pública, a fin de garantizar el uso legal y correcto de los recursos.

En presencia de Guadalupe Araceli García Martínez, Subsecretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y Presidenta Suplente de la CPCE-F, la Contralora estatal apuntó que la corrupción es un riesgo permanente, por lo que es fundamental ejercer una fiscalización técnica que verifique y evalúe las actividades de quienes manejan fondos y recursos estatales.

En ese sentido, y en su calidad de Coordinadora de la Región Centro-Pacífico de la CPCE-F, Hilda Salazar Gil mencionó que la dependencia a su cargo ha implementado el control de confianza como una herramienta de evaluación aplicada a las personas servidoras públicas involucradas en funciones sensibles, como el manejo de fondos, auditorías, adquisiciones, supervisión de obras y otorgamiento de licencias, entre otros.

Acompañada también de María Guadalupe Ramírez Zepeda, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa y Coordinadora Nacional de la CPCE-F, detalló que dicha estrategia también está destinada a fortalecer la integridad en el servicio público y recuperar de manera paulatina la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el nuevo orden jurídico que se construye día con día en todo el país.

Cabe señalar que a esta Segunda Asamblea Ordinaria de la Región Centro-Pacífico de la CPCE-F asistieron titulares de las contralorías de Sinaloa (Coordinadora Nacional), Baja California Sur (Vocería), San Luis Potosí (Comisario), Morelos y Michoacán, así como representantes de la Ciudad de México, Guerrero y Querétaro.

Como parte de la agenda de trabajo, se presentaron ponencias a cargo de Guadalupe Araceli García Martínez, Subsecretaria Anticorrupción y Buen Gobierno federal, con el tema “Jóvenes Auditores”; Irais Graciela Barreto Canales, Titular de la Unidad de Participación Social y Responsabilidad Compartida de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el tema “Semillero de Honestidad”; y Víctor Alfonso Chávez López, Magistrado de la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas en Toluca, con el tema “Acoso y Hostigamiento Sexual”.

Por parte de la Secretaría de la Contraloría, Jazmín Mendoza García, Titular de la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza presentó la organización y funcionamiento del área a su cargo, que es pionera a nivel nacional en evaluar a personal encargado de manejar recurso público, su vigilancia, así como a encargados de adquisiciones y responsables de la obra pública.