LA PROFECO Y CÁRTELES CRIMINALES EXTORSIONABAN A MILES DE EMPRESAS

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) ha destapado una presunta red de extorsión a gasolineras en México, en la que estarían involucrados exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), incluyendo a los exprocuradores Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero, en complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos. Este escándalo, revelado por el testimonio de un testigo clave, expone cómo servidores públicos habrían utilizado su posición para exigir cuotas a miles de gasolineras, coordinándose con grupos criminales para perpetrar un esquema de extorsión que afecta a uno de los sectores clave de la economía mexicana.

El caso salió a la luz el 5 de febrero de 2025, cuando un excolaborador de Profeco, identificado como “Pablo”, rindió declaración ante la agente del Ministerio Público Federal, María Méndez Speckman. Según el testigo, una red de servidores públicos de la dependencia extorsionaba a aproximadamente 6 mil gasolineras en todo el país, cobrando cuotas de entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales a cambio de evitar inspecciones severas o acusaciones de irregularidades administrativas que podrían resultar en la inmovilización de bombas de combustible. Estos pagos, registrados en listas de Excel compartidas con Sheffield y posteriormente con Aguilar Romero, eran canalizados en parte a los cárteles mencionados, quienes brindaban “protección” a la red y aseguraban el cumplimiento de las extorsiones mediante intimidación.

La investigación, registrada bajo la carpeta FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024 de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, apunta a dos grupos principales de exfuncionarios: los “Guanajuatenses” y el “Grupo Monterrey”, que habrían operado este esquema durante varios años. “Pablo” detalló que las cuotas se repartían en reuniones privadas, con una parte destinada a los cárteles, particularmente al CJNG, conocido por su brutalidad y su expansión en actividades ilícitas como el narcotráfico, el robo de combustible y la extorsión.

MODUS OPERANDI: INTIMIDACIÓN Y COMPLICIDAD

El esquema funcionaba con un sistema bien estructurado. Funcionarios de Profeco, en coordinación con miembros de los cárteles, contactaban a los dueños de gasolineras para exigir pagos a cambio de “avisos” sobre verificaciones programadas o para evitar sanciones por supuestas irregularidades, como la entrega de “litros incompletos”. En la Ciudad de México y el Estado de México, la FGR identificó a tres sujetos encargados de intimidar directamente a los propietarios, quienes enfrentaban amenazas de violencia si se negaban a pagar. En algunos casos, el CJNG proporcionaba “protección” a los funcionarios corruptos, asegurando que las extorsiones se cumplieran sin resistencia.

“Talía, una de las involucradas, me comentó que el CJNG les brindaba protección y, a su vez, ella les pagaba con parte del dinero recaudado de los ‘moches’”, declaró “Pablo”, quien trabajó casi tres años en Profeco. Este testimonio, corroborado por entrevistas a empleados de gasolineras y la intervención telefónica de sospechosos, revela una red de complicidad que aprovechaba la autoridad de la dependencia para lucrar a expensas de los empresarios.

EL PODER DEL CJNG Y LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR

El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas de México, con presencia en prácticamente todo el país. Designado como “organización terrorista extranjera” por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2025, el cártel ha diversificado sus actividades más allá del narcotráfico, incursionando en la extorsión, el robo de combustible y estafas como la de tiempos compartidos. En el caso de las gasolineras, el CJNG ha encontrado un terreno fértil para sus operaciones, aprovechando la fragmentación del mercado y la debilidad institucional para infiltrarse en sectores económicos clave.

El sector gasolinero, con más de 12 mil estaciones de servicio en México, es especialmente vulnerable debido a su alta rentabilidad y exposición a regulaciones. Las verificaciones de Profeco, destinadas a garantizar que las gasolineras entreguen litros completos y cumplan con normas de calidad, han sido utilizadas como herramienta de presión por funcionarios corruptos, según la investigación. En 2025, Profeco reportó 262 verificaciones a gasolineras, con solo dos casos de “litros incompletos” en la Ciudad de México y el Estado de México, pero el escándalo sugiere que muchas de estas inspecciones podrían haber sido manipuladas para extorsionar a los empresarios.

El escándalo ha generado indignación entre los empresarios gasolineros y la sociedad civil, quienes exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) calificó las revelaciones como “un golpe a la confianza en las instituciones” y llamó al gobierno federal a depurar Profeco y garantizar la seguridad de los empresarios frente a las amenazas del crimen organizado. En redes sociales, usuarios han expresado su frustración, con publicaciones en X señalando que “la corrupción en Profeco no es nueva, pero su vínculo con el CJNG es inaceptable”.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, pero fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación indican que se prepara una revisión interna de Profeco para identificar a los responsables. Mientras tanto, la FGR continúa recopilando pruebas, incluyendo testimonios de gasolineros y análisis de las listas de Excel mencionadas por “Pablo”. La investigación también explora posibles nexos con otras actividades ilícitas del CJNG, como el robo de combustible, que ha generado sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra empresas fachada vinculadas al cártel.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

Este escándalo pone en evidencia la permeabilidad de las instituciones mexicanas ante el crimen organizado. La complicidad de funcionarios con cárteles como el CJNG no es un fenómeno nuevo, pero su impacto en un sector tan estratégico como el gasolinero subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La impunidad, como señaló el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, ha permitido que grupos como el CJNG crezcan con la complicidad de autoridades locales y federales, especialmente en estados como Jalisco, donde el cártel tiene su bastión.

Mientras la investigación avanza, los empresarios gasolineros enfrentan un dilema: pagar las cuotas exigidas o arriesgarse a represalias. Para muchos, la falta de protección efectiva del Estado los deja a merced de un sistema donde la corrupción y la violencia se entrelazan. La pregunta que resuena es clara: ¿hasta cuándo las instituciones seguirán siendo cómplices de la delincuencia organizada, y qué medidas concretas tomará el gobierno para desmantelar estas redes? Por ahora, el escándalo de Profeco y el CJNG es una herida abierta que exige justicia y una respuesta contundente

Redacción Oaxaca Sin Fronteras

Afiliado al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)