¿Quién es Ernesto Ruffo Appel, exgober de BC, quien estaría ligado al decomiso histórico de huachicol?
Ernesto Ruffo Appel es socio mayoritario de Ingemar, empresa presuntamente vinculada al megadecomiso de 15 millones de litros de combustible en Coahuila.
Tras la detención de Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, acusado de participar en una red de huachicol en Tamualipas, salió a la luz otro caso que ahora apunta al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el exmandatario de Baja California estaría vinculado con el megadecomiso realizado por autoridades federales de 15 millones de litros de combustibles en Coahuila, ocurrido el pasado 7 de julio.
Ernesto Ruffo Appel es socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., señalada en las investigaciones por presuntas irregularidades en la importación de combustibles al país.
Esta compañía se fundó en 2018 dedicada al sector inmobiliario, pero en 2019 modificó su objeto social para incursionar en el mercado energético con la importación, almacenamiento y comercialización de combustibles.
En 2023, Ingemar obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, un hecho llamativo porque en ese periodo la política gubernamental mantenía congelados los permisos de nuevas importaciones.
¿Cuál es la trayectoria política de Ernesto Ruffo Appel?
Ernesto Ruffo Appel nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Antes de iniciar su vida pública trabajó en el sector privado, como ejecutivo en la empresa Pesquera Zapata y posteriormente como socio en la firma Aletas y Fibras, en Baja California.
Su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) comenzó en 1982. Cuatro años más tarde ganó la presidencia municipal de Ensenada y en 1989 logró la gubernatura de Baja California, convirtiéndose en el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México.
Su triunfo representó un parteaguas en la política nacional, pues abrió camino a la alternancia democrática en los estados. Entre 1989 y 1995 gobernó Baja California y desde entonces se integró al Consejo Nacional del PAN, donde ha conservado presencia e influencia dentro de su partido.
La vinculación de Ernesto Ruffo Appel con la empresa Ingemar inició en 2021, cuando el empresario José Merino Valdés Cuervo lo incorporó como socio mayoritario.
En 2023, la firma obtuvo de la Comisión Reguladora de Energía un permiso para importar hasta 500 millones de litros de combustibles, a pesar de la política de congelamiento vigente. Con esa autorización logró introducir al país volúmenes significativos de gasolina y diésel.
¿Qué dijo Ernesto Ruffo Appel sobre vinculación con la red de huachicol?
Ante los señalamientos sobre las operaciones de Ingemar, Ruffo Appel defendió la legalidad de la empresa y aclaró que su participación se limita al permiso de importación otorgado por la CRE, mientras que la comercialización de los combustibles corresponde a la compañía Crismón Hidrocarburos y Derivados, acreditada como distribuidora.
Insistió en que está dispuesto a presentarse ante las autoridades en caso de ser requerido y afirmó que continuará con sus actividades empresariales en el país.
Pese a las recomendaciones para tramitar un amparo, Ernesto Ruffo utilizó la situación para criticar los cambios en el Poder Judicial tras las elecciones del 1 de junio. Señaló que ya prepara los documentos para presentar su defensa.
“Pues me recomiendan que lo haga, pero como yo estoy viendo que el Poder Judicial ya no funciona, ya quedó deshecha la república. Entonces, bueno, pues aquí ya se trata nada más de la palabra de alguien y ahí tengo los papeles que tengo”, comentó el exgobernador de Baja California en entrevista con el periodista Carlos Zúñiga.
Ernesto Ruffo Appel aseguró que las acusaciones en su contra representan únicamente una campaña de desprestigio y un choque político, en el contexto de los recientes decomisos de huachicol reportados por el gobierno federal.
