A tres meses del derrame de hidrocarburo, comunidades indígenas y pescadores libres denuncian que no han recibido indemnizaciones
Vaya caso, a través de un pronunciamiento difundido este 5 de junio, comunidades nahuas y nuntajiiyi’, así como pescadores tradicionales, laguneros, vendedoras de mariscos y comerciantes de playa afectados por el derrame de hidrocarburo ocurrido el pasado 2 de marzo, denunciaron que, a tres meses del incidente, continúan sin recibir indemnizaciones y sin poder retomar sus actividades productivas.
Los afectados acusaron a Petróleos Mexicanos (Pemex), al Gobierno Federal y al Gobierno de Veracruz de incumplir con la atención de los daños ocasionados por la contaminación en la costa sur del estado. “Llevamos tres meses sin poder trabajar y no hemos recibido nada”.
Los inconformes señalaron que mientras algunos pescadores registrados recibieron apoyos gubernamentales, los pescadores tradicionales, conocidos también como pescadores libres, así como laguneros, comerciantes de playa y vendedoras de mariscos, permanecen excluidos de cualquier compensación económica.
“Hasta el momento, los pescadores tradicionales, llamados también pescadores libres, los laguneros, las comerciantes en la playa y las vendedoras de mariscos no hemos recibido nada y llevamos ya tres meses sin poder trabajar”, aseguraron. De igual forma, señalaron que el apoyo de 4 mil pesos entregado por el Gobierno del Estado no compensa las pérdidas económicas sufridas por las familias afectadas.
Las comunidades informaron que entregaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 8 de mayo, pero la respuesta recibida por parte de Pemex fue considerada discriminatoria. De acuerdo con los afectados, la empresa argumentó que quienes no cuentan con permisos expedidos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) no pueden acceder a indemnizaciones. Por lo anterior, sostuvieron que la pesca forma parte de una actividad ancestral de los pueblos indígenas de la región y exigieron que se reconozcan sus derechos.
“Nos quieren negar la indemnización porque no tenemos permisos, pero la pesca es una actividad ancestral que hemos practicado durante generaciones”, manifestaron. Como parte de sus acciones de protesta, las organizaciones anunciaron el inicio de una campaña nacional de recolección de firmas para exigir el reconocimiento de pescadores tradicionales, laguneros y vendedoras de mariscos como personas afectadas por el derrame.
El objetivo es lograr que las autoridades reconozcan sus derechos y otorguen una indemnización justa por las pérdidas económicas derivadas de la contaminación. Los habitantes de la zona también denunciaron la falta de acciones integrales para la recuperación ambiental de los ecosistemas afectados. Aseguraron que, pese a algunas labores de limpieza realizadas durante Semana Santa, continúan observándose residuos de hidrocarburo en distintas playas cada vez que se presentan eventos de norte.
“A tres meses del derrame seguimos viendo chapopote en las playas y no existe un plan de restauración para la laguna y la costa”, señalaron. Los afectados reclamaron que hasta el momento no se han dado a conocer estudios sobre la calidad del agua, los sedimentos, las especies marinas ni las posibles afectaciones a los arrecifes de la región.
Además, afirmaron que las personas que tuvieron contacto directo con el hidrocarburo no han recibido atención médica adecuada. “No sabemos si ya podemos volver a pescar ni si los productos que obtenemos son seguros para el consumo”, indicaron.
Por ello, exigieron monitoreos independientes realizados por especialistas y la elaboración de un plan integral de restauración ambiental con participación de las comunidades locales. Por último, las comunidades indígenas reiteraron su rechazo a nuevos proyectos petroleros en la Sierra de Santa Marta y la costa del Golfo de México.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y de la movilización nacional contra el fracking, advirtieron que mantendrán su oposición a cualquier proyecto relacionado con la extracción de hidrocarburos en sus territorios. “No queremos explotación petrolera ni fracking en nuestro territorio; exigimos justicia ambiental, restauración de los ecosistemas e indemnizaciones justas”, concluyeron.
