AMLO quiere cambiar la Constitución para sepultar reforma energética
Aquella tarde del 8 de julio Patricia Armendáriz fue muy zalamera con Andrés Manuel López Obrador: “Estamos en la mejor disposición de favorecer sus inversiones en México. Para eso están nuestro canciller Marcelo Ebrard y Alfonso Romo”.
En otro tuit de Armendáriz, que se colaría a la cena que Donald Trump ofreció a su colega mexicano en la Casa Blanca, podía leerse: “Su Presidente López Obrador es el mejor Presidente que han tenido. Es duro, audaz. Y quiere mucho a su país”.
El intercambio de elogios fue extasiante. Pero por la mente de los 22 empresarios asistentes, 11 mexicanos y 11 estadounidenses, estaban presentes las decisiones de política pública que en esos primeros 18 meses vulneraron la libre competencia, el mercado y el Estado de derecho.
Tan fue así que la presidenta de Shell Oil Company, Gretchen Watkins, mencionó la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto y las inversiones que de ella se derivarían seis años después.
A López Obrador no le gustaron los comentarios, ni que lo emplazaran a cumplir acuerdos que se pactaron en el sexenio anterior. Replicó con el mismo argumento para justificar “el fracaso” de la reforma: los 110 contratos de las subastas petroleras no han dado resultados.
De todo lo anterior no hubo tuits ni mayor registro público, pero dio pie para que el Presidente regresara de su viaje a Washington convencido de cancelar la reforma energética y devolver al Estado la rectoría total y absoluta sobre los hidrocarburos y la electricidad, lo que explica las últimas decisiones que acrecientan el poder monopólico de Pemex y la CFE.
Hasta ahora AMLO ha pedido a sus pupilos Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero modificaciones a leyes y reglamentos, pero no ha podido promover un cambio constitucional para sepultarla. Y parecería que por lo menos abandonó momentáneamente esa idea.
El 24 de noviembre había convocado a la secretaria de Energía y a los directores de la CFE y de Pemex, así como a los consejeros afines a la 4T ‘independientes’ de ambas, a una reunión de trabajo en Palacio Nacional. Era de hecho la tercera de funcionarios del sector.
El Presidente pidió que le llevaran propuestas para mejorar la política energética del país que compensaran una eventual cancelación de la reforma. Pero la reunión se suspendió y no se ha vuelto a reprogramar.
Se desconoce si AMLO retomará su idea de modificar la Constitución para revertir la reforma. Pero lo que sí intensificó fue el bloqueo a la competencia en mercados como el de las gasolinas y diésel, donde precisamente firmas como Shell, Chevron y Exxon-Mobil, piden que se respeten los acuerdos.
El 2021 será el año de inflexión para la industria energética asentada en México.
YA ENTRADOS EN temas petroleros, el gobierno de la 4T ya dio el visto bueno para la construcción de una nueva refinería que será una coinversión con privados. Se trata de una refinería pequeña, modular, planteamiento que ya desde 2016 contempló la misma reforma energética que Andrés Manuel López Obrador quiere sepultar. Pues bien, este proyecto lo traen Manuel Muñozcano de Grupo INDI y Hugo Camou de Corporativo ISA, ambos con la simpatía del tabasqueño y amigos personales de Octavio Romero. PMI Comercio Internacional, filial de Pemex, tendrá el 51 por ciento. Estará en Coatzacoalcos y producirá de arranque 40 mil barriles para llegar a 200 mil. El 23 de diciembre el Presidente habló someramente de este proyecto. Aquí se lo damos a conocer.
EL SAT LLEGÓ a un acuerdo con otro par de grandes contribuyentes que deberán pagar en los próximos días unos 800 millones de pesos. Son LG que dirige Bian Kwon y TRW que encabeza John C. Plant. La primera liquidará unos 530 millones y la segunda cerca de 270 millones de pesos. Son por concepto de precios de transferencia, donde hubo discrepancias en cuanto al registro de utilidades. El SAT consideraba que las firmas de electrónicos y automotriz accedieron a ventajas y utilidades indebidas respecto a lo que pagaron aquí de impuestos versus lo que registraron de ingresos en sus países de origen. LG es coreana y TRW estadounidense.
DESDE EL 15 de diciembre Julio Villarreal asumió el control administrativo de Altos Hornos de México (AHMSA). Ello significó responsabilizarse del pago de nóminas, a proveedores, impuestos y acreedores financieros. También tomó el timón operativo, donde el objetivo inicial es llevar a la compañía a un nivel de producción de acero mensual de 100 mil a 300 mil toneladas. AHMSA requiere una capitalización de cuando menos mil millones de dólares. Villarreal y los suyos empezaron a tocar las puertas de Nafinsa y Bancomext, que dirige Carlos Noriega Romero. Necesitan créditos para capital de trabajo.
EL 28 DE diciembre hubo asamblea en la ASPA. Se acordó enviar directamente al fondo Apollo Global Management, que comanda Leon Black, una propuesta para aligerar el costo laboral de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa. La situación está complicada porque los cerca de mil 800 pilotos no están de acuerdo en la forma como el comité que lidera Rafael Covarrubias ha manejado la negociación. Dicen que está poniendo innecesariamente en la mesa el contrato colectivo, sobre todo la llamada “Figura A”, que arrojaría ahorros de 500 millones de dólares. Por lo pronto rechazaron congelarse los salarios los próximos cuatro años.
EN LA ÚLTIMA del año de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Noriega Curtis notificó su renuncia a la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda. El 11 de diciembre le reportamos aquí que salió muy raspado con la reforma a la ley de Afore en la que Andrés Manuel López Obrador bajó por decreto las comisiones. Noriega fue el artífice del tope y complicó la negociación con los senadores. Pero fue el pretexto ideal, porque también ya estaba cansado de la 4T y su compromiso fue por dos años.
COMO DIRÍA EL clásico: ‘¡No, bueno, ni cómo ayudarlos!’. El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, metió en un brete político y económico a su país con Estados Unidos cuando decidió darle asilo político a Julian Assange. Provocó la furia de Barack Obama, siendo un señor llamado Joe Biden su vicepresidente. Ayer Andrés Manuel López Obrador decidió reeditar ese yerro y ofreció el mismo asilo político al fundador de Wikileaks. De por sí no hay buena química con quien asumirá la Casa Blanca el próximo 20 de enero, nuestro principal socio comercial.
LA CONCAMIN ACABA de integrar a su Consejo Nacional a Carlos Mora. Será asesor de la presidencia que encabeza Francisco Cervantes. Mora, quien también es vicepresidente de relaciones institucionales de Grupo Vidanta, es un profesional de la comunicación política. Fue directivo de la Concanaco y la Canacintra. Se le recuerda como operador de aquella histórica sucesión del Consejo Coordinador Empresarial cuando Claudio X. González entregó la estafeta a Héctor Rangel Domene.
