Reforma eléctrica y argumentos tramposos
Dolores Padierna
Para lograr su sueño privatizador, los neoliberales debilitaron deliberadamente a las empresas públicas del sector energético. Se trató de una política de pillaje que, al amparo del Pacto por México –que en unos meses estará en la boleta electoral–, se profundizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuyas reformas, ahora sabemos a plenitud, fueron producto de sobornos a los legisladores.
El solo hecho de que las reformas fuesen aprobadas vía millonarias dádivas a diputados y senadores sería suficiente para afirmar que son contrarias al interés nacional.
La reforma energética fue acompañada de una muy costosa campaña publicitaria, destinada a convencer a los mexicanos de sus bondades y montada en mentiras que cayeron como castillo de naipes con los gasolinazos y con la sangría que han sufrido las empresas públicas, toda vez que la reforma se tradujo en un piso disparejo, en el cual los privados compiten con todas las ventajas en tanto empresas como la Comisión Federal de Electricidad, cargan con las pérdidas y subsidian, literalmente, a sus supuestos competidores.
El Pacto por México prometió inversiones, mayor producción y tarifas reducidas, pero ninguna de esas ofertas se hizo realidad. En los hechos, la reforma de Peña Nieto se tradujo sólo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos.
Para las empresas públicas, la reforma significó quedar en ruinas, endeudadas, con capacidades productivas disminuidas, mercados reducidos y una regulación destinada a favorecer a los particulares.
La iniciativa de reforma se inscribe en un conjunto de acciones que el Gobierno de México ha desplegado para asegurar que Pemex y la CFE recuperen su papel central en nuestro desarrollo soberano e independiente.
En el caso del sector eléctrico, las acciones se han centrado en atender el aumento de la demanda mediante la rehabilitación y ampliación del parque de centrales de la CFE, dando prioridad a las regiones desatendidas en pasadas administraciones.
Igualmente, la empresa pública se ha dado a la tarea de rehabilitar y aumentar la potencia de las centrales hidroeléctricas por sus grandes ventajas económicas y ambientales.
Los cambios se han realizado bajo el marco jurídico vigente y se han respetado los contratos existentes, siempre y cuando no impliquen fraudes contra la nación.
La iniciativa enviada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados se propone dar continuidad a los contratos que no hayan implicado fraude a la ley; suprimir los subsidios a las empresas eléctricas privadas; despachar con prioridad la electricidad generada por la CFE; otorgar acceso a la red eléctrica siempre y cuando sea técnicamente factible; y apoyar a la CFE con los recursos e instrumentos del Estado.
En el Legislativo, la oposición se hace eco de los argumentos empresariales y anuncia, como hizo desde antes de los comicios de 2018, que vendrá el apocalipsis.
Los argumentos sesgados y tramposos abundan en sus discursos.
Argumentan, por ejemplo, que la reforma es inconstitucional, cuando el Artículo 28 establece claramente la facultad estatal de control y distribución de la energía eléctrica.
Hablan de que contradice nuestros acuerdos comerciales, pero omiten decir que el nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá contiene previsiones sobre el manejo soberano de las políticas energéticas de cada país.
La iniciativa mantiene la participación de los privados, pero sin los pagos excesivos creados por el marco jurídico anterior y se propone, como todas las acciones de este gobierno, obtener un beneficio para las mayorías, con un servicio eléctrico de calidad y a precios accesibles.
A través de sus muchos voceros, los gigantes del sector alzan la bandera de la protección del medio ambiente, cuando muchos de sus procesos son cuestionables por no resultar tan “limpios” como se argumenta.
México necesita que el abasto de electricidad sea seguro, poner fin al gigantesco endeudamiento de la CFE y sobre todo, que no se aumenten las tarifas eléctricas en un momento de dificultades económicas derivadas de la pandemia.
