Fiscalía deberá proceder contra Fernando Yunes: Tomas Mundo
Alcalde de Veracruz incurrió en hechos de corrupción al falsificar documentos para su hermano.
La Fiscalía General del Estado debe actuar con toda firmeza contra estos hechos y sus autores.
El reconocido abogado veracruzano Tomás Mundo Arriasa afirmó que, independientemente de que se resolvió la inelegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz, también se debe proceder penalmente por hechos de corrupción contra el actual alcalde del mismo municipio, Fernando Yunes Márquez, hermano del aspirante.
Asimismo, tiene que haber consecuencias legales para demás funcionarios del Ayuntamiento que se prestaron a la falsificación de documentos oficiales.
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), cabe destacar, invalidó la candidatura del panista por haber falseado su lugar de residencia.
Al respecto, Mundo Arriasa explicó que por ser hechos de corrupción, podrían ser merecedores a una prisión oficiosa pero de no ser así, existen elementos para solicitar una prisión justificada, una vez que se integre una carpeta de investigación y se solicite orden de aprehensión contra los responsables de dicha ilegalidad.
“A mi juicio, lo más delicado del tema no es lo electoral, sino los autores y partícipes de la ilegalidad, los funcionarios municipales que se prestaron a la ilegalidad, es decir, a fabricar, a crear una prueba ilícita”, dijo.
El abogado se pronunció porque la Fiscalía General del Estado debe actuar con toda firmeza contra estos hechos y sus autores.
“No es cosa menor, inventar este tipo de pruebas con la finalidad de darle un domicilio a alguien a sabiendas que no les darían objetivamente los tiempos para ello. Es decir, crearon una ilegalidad, lo sabían y en ese sentido la Fiscalía deberá mandar un mensaje de respeto a la legalidad; ese mensaje debe ser, integrar correctamente la carpeta de investigación que para tal fin se está actuando ya”.
Dijo que ahora debe integrar las pruebas contundentes, entre ellas, la resolución del Tribunal Electoral, para pedir que se libre orden de aprehensión contra los funcionarios municipales que orquestaron la prueba ilícita y ordenar su encarcelamiento.
