Armas sin balas
LILA ABED
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda ante una Corte Federal de Boston contra 11 empresas de fabricación y venta de armas de Estados Unidos por negligencia al facilitar el tráfico de estas entre los dos países.
El objetivo de la demanda tiene dos vertientes. Primero, que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados que podría alcanzar hasta el 2 por ciento del PIB del país y segundo, presionar a la Casa Blanca a que posicione el tema de tráfico ilegal de armas como prioridad en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.
Aunque es fundamental que México sume este asunto a la relación con su primer socio comercial, es poco probable que la demanda prospere.
En 2005, el Congreso de Estados Unidos, con una mayoría republicana en ambas Cámaras, bajo la segunda administración del expresidente George W. Bush, aprobó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. La ley extendió una protección a los productores y comerciantes de armas de fuego de ser responsables de los delitos que se cometen con sus productos. Hace que las demandas civiles contra los fabricantes de armas, como la presentada por el gobierno mexicano, sean casi imposibles.
El control de armas es uno de los debates más polémicos de la política estadounidense. Si bien es cierto que el presidente Biden quiere un mayor control de armas ante el auge de los tiroteos masivos en el país, denominando los hechos como una “epidemia” de violencia por las armas de fuego, los legisladores republicanos han bloqueado leyes sobre el control de armas. Si no se han conmovido por las muertes de sus propios ciudadanos, es improbable que una demanda presentada por México los haga cambiar de opinión sobre el tema.
Los litigantes mexicanos están dispuestos a que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos de ser necesario. Sin embargo, la Corte por lo general ha evadido el tema de armas desde que emitió dos opiniones históricas en 2008 y 2010, cuando sostuvo por primera vez que la Segunda Enmienda protege el derecho de una persona a tener y portar armas en casa para su propia defensa. Sumado a esto, la composición de la Corte actual tiene una mayoría conservadora, seis juristas designados por republicanos y tres magistrados liberales. La probabilidad de que el caso de México prospere en la Corte Suprema es altamente baja.
El Gobierno de México espera que esta acción le de una ventaja para negociar con Estados Unidos. La 4T lanza un quid pro quo arriesgado: México solo frenará las drogas hacia el norte si Estados Unidos detiene el tráfico de armas hacia el sur.
En conversaciones con varios funcionarios estadounidenses, me informaron que es contradictorio que México presente una demanda contra empresas a las cuales les compra armas de manera legal. Incluso, mencionaron que casi 30 por ciento de las armas que Estados Unidos le vende a las instituciones de seguridad de México se “pierden” o se reportan “desaparecidas”, y muchas veces terminan en manos del crimen organizado. Argumentan que el problema se encuentra en la fallida estrategia del combate contra el crimen organizado en México y que no es culpa de Estados Unidos.
Es indudable que el mercado de drogas se encuentra en Estados Unidos, pero la estrategia de “abrazos no balazos” le quita poder a la demanda, debido a que no ha dado resultados positivos. México registró sus dos años más violentos de la historia, precisamente bajo los dos primeros años del Gobierno de López Obrador. Tanto en 2019 como en 2020, murieron por asesinato más de 34 mil 500 personas.
Existen muchas maneras de sumar el tráfico ilegal de armas a la agenda bilateral con Estados Unidos. La demanda demuestra la poca voluntad por parte de México de resolver el asunto por la vía diplomática. México perderá doblemente: la demanda y la confianza de Estados Unidos.
