La DEA va de regreso a México
Pablo Hiriart
Con lenguaje diplomático, la administración Biden puso sobre el escritorio del gobierno mexicano su mayor preocupación en la relación bilateral: el narcotráfico y los grandes cárteles.
El acuerdo alcanzado el viernes en la reunión binacional de alto nivel celebrada en la Ciudad de México fue: vamos a hacerlo juntos, a través de un nuevo plan de seguridad llamado Entendimiento Bicentenario, que sustituye a la Iniciativa Mérida.
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, informó que México se comprometió a combatir los cárteles de las drogas, bajo el Entendimiento Bicentenario, para el cual habrá recursos económicos.
Muy bien, es un cambio importante. Pero falta la prueba de los hechos.
La primera es que el gobierno mexicano permita la entrada de nuevos agentes de la DEA, sin las restricciones que se impusieron recientemente. No será un sapo fácil de tragar.
Y la segunda prueba es que las autoridades de México se decidan a actuar contra los grandes cárteles, aunque lastimen a los siniestros aliados electorales de su partido.
En la reunión del viernes en la Ciudad de México, la migración no fue el tema central, dijo el embajador Ken Salazar.
Cierto. Fue el narco. Ya están hartos.
Pero al relegar el tema migratorio México dejó pasar una gran oportunidad para exigir a Estados Unidos que se haga cargo, por lo menos, de los gastos para dar un trato digno a los extranjeros que deben esperar en territorio nacional la resolución de sus solicitudes de asilo en el país del norte.
El punto clave para Estados Unidos está en el narco, y tienen sus razones.
De ahí se derivan, en buena medida, las causas de las nuevas oleadas de migrantes ilegales a Estados Unidos.
Sin reducir a los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, no hay manera de lograr una relación medianamente armoniosa.
Los narcos mexicanos controlan el tráfico de migrantes ilegales hacia Estados Unidos.
Y también generan la violencia que provoca el éxodo de personas y comunidades hacia la Unión Americana.
Ese es el punto. En México no hay una política para enfrentar el crecimiento de los cárteles. Hay, eso sí, muchas frases: “abrazos, no balazos”, “Cooperación para la paz, no para la guerra”.
Y bajo esa retórica vacía fermenta, por convicción u omisión, una connivencia de proporciones que el gobierno de Estados Unidos ya detectó y ha señalado.
Pocos días antes de que Antony Blinken, secretario de Estado, viajara a México, el departamento a su cargo anunció que triplicaba la recompensa por la detención del jefe del Cártel del Pacífico, Ismael Zambada, El Mayo.
Las miradas de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos están puestas en la cabeza de un grupo criminal que está al servicio de candidatos del partido gobernante en México.
Con el nuevo mapa político surgido de las elecciones de junio, ese cártel podría tener una ruta libre por casi todo el litoral del Pacífico mexicano, desde Tapachula hasta la garita de San Isidro.
Obviamente, preocupa en Estados Unidos.
En la acusación base del FBI para detener a Emma Coronel Aispuro, esposa del Chapo Guzmán, a finales de febrero en Virginia, se asienta, en la declaración jurada del agente especial que tuvo el caso:
“Sé por mi investigación que GUZMÁN y ZAMBADA fueron los colíderes del Cártel de Sinaloa de 1989 a 2016. De 2001 a 2016, GUZMÁN y ZAMBADA formaron la asociación de narcotráfico más prolífica del mundo. Controlaban las rutas del narcotráfico desde Sudamérica hacia Estados Unidos, importando toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana. Además, GUZMÁN y ZAMBADA crearon un paraguas de seguridad y”… (borrado en la copia que tengo en mi poder).
En Estados Unidos ven al Cártel del Pacífico como la asociación criminal más prolífica del mundo.
Según la DEA, el 91 por ciento de la heroína que llega a Estados Unidos entra por México, y 87 por ciento de la cocaína también pasa por el vecino del sur.
El año pasado murieron 93 mil personas por sobredosis en Estados Unidos.
“Cuiden su frontera”, podría decir el gobierno mexicano. Pero no es tan sencillo. Son 3 mil 200 kilómetros.
Más fácil es cuidar los dos puertos (Manzanillo y Lázaro Cárdenas) por donde entra el fentanilo, que se adquiere en China en 4 mil dólares el kilo, que se transforman en un millón 600 mil dólares en el mercado estadounidense.
Por eso Estados Unidos le ha pedido al gobierno mexicano que facilite y no complique la entrada de más agentes de la DEA.
Es fundamental para Estados Unidos, dado el crecimiento de los cárteles y los lazos entre autoridades de distintos niveles y los grupos criminales.
¿Cómo los agentes de la DEA van a informar de sus investigaciones a funcionarios mexicanos que, por asociación o permisividad, conviven con los grandes criminales?
Veremos a la DEA de regreso. Aumentada, quiero decir, porque nunca se ha ido del todo.
