NL: cáncer y un mechón de pelo
Salvador Camarena.
A diferencia de países como Chile, Brasil o Colombia, es decir básicamente comparables a nosotros, México no cuenta con un registro nacional de enfermos de cáncer. Esa deficiencia complica, por supuesto, la lucha contra diferentes padecimientos oncológicos. Así que sin dejar de dar la bienvenida al gesto de cortarse el pelo para mostrar empatía con alguien que padece ese mal, cabe preguntarse qué más puede hacer alguien que está en una posición de poder.
Desde hace décadas los gobiernos de México han intentado crear un registro nacional de enfermos de cáncer. El último esfuerzo inició en 2017, es decir un año antes de que todas las coordenadas de la administración pública federal cambiaran.
Ese proyecto tenía su sede en el Instituto Nacional de Cancerología. Su objetivo inmediato era reunir los datos de pacientes de cáncer en 10 ciudades del país, entre las que estaban Tijuana, Monterrey, León, Acapulco, Hermosillo, Toluca y Guadalajara. Cabe mencionar que Mérida tiene un registro propio, que es realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no estaba en el listado de marras.
Se emprendió ese registro en apenas 10 ciudades porque el proceso para levantar y dar seguimiento a la información en un periodo de cinco años es caro: cuesta unos 50 dólares por paciente.
Antes de pasar de Cancerología a la Secretaría de Salud federal, el proyecto había recogido en las ciudades mencionadas información de apenas dos años. Así que sólo queda hacer changuitos para que los muchachos del doctor que no vacunaría a sus nietos dé seguimiento al más logrado, pero aún embrionario, registro nacional de pacientes de cáncer.
Según me explicaron especialistas en la materia, en países avanzados, en términos generales, 80 por ciento de los niños que padecen leucemia sobrevive a ese padecimiento. En América Latina la proporción baja a 60 por ciento.
Un registro puntual de los casos podría ayudar a México a mejorar en el diagnóstico y tratamiento de sus enfermos, niños incluidos. Pero hoy no existe formalmente. No al menos a nivel nacional.
Desde mucho antes de que López Obrador llegara al poder, los estados de la República tenían un desarrollo desigual en términos de servicios de salud (o educativos). Eso se debía a múltiples razones, y era doblemente injusto que los habitantes de unas entidades tuvieran aun menos recursos hospitalarios que los de otras, pero es una realidad que quedó nuevamente demostrada en la pandemia.
Hay que exigir a la Federación mejores servicios sanitarios para todos, y sobre todo para los más pobres. Pero eso no exime a los gobiernos de los estados a hacer lo propio, hayan firmado o no un acuerdo con la Secretaría de Salud cuando nació el Insabi.
La sociedad y sobre todo el gobierno de Nuevo León, por ejemplo, podrían mostrar que así como se organizan para poner vacunas anti-Covid a trabajadores y adolescentes, tienen capacidad de hacer su registro y mejorar la atención oncológica.
Aunque todo el sistema de salud padece por la ineficiencia para abastecer de medicinas provocada por el doctor que no vacuna a sus nietos, nadie diría hoy que la joven pareja gobernante de NL tiene demasiadas limitantes como para no idear una mejor atención para los pacientes de cáncer en su entidad.
Eso, más que cortarse un mechón, sería una forma de hacer real diferencia, de tomarse en serio el privilegio, y la obligación, que los neoleoneses les han conferido.
A final de cuentas, ¿qué es un gesto sino una promesa que luego se cotejará con la realidad? Por sus hechos, y no por su Instagram, los conoceréis.
