Fumata blanca en la oposición venezolana
El acuerdo alcanzado tras días de tiras y aflojas garantiza la separación de poderes ya que Guaidó conserva algunas herramientas ejecutivas. Mientras, la Comisión Delegada aumenta sus restricciones
Poco antes de la medianoche apareció la fumata blanca en la oposición venezolana. La sesión extraordinaria en el Parlamento democrático comenzó con casi doce horas de retrasó en busca de un acuerdo final que parecía imposible y que finalmente llegó a regañadientes. “Nuestro compromiso es mantener la Asamblea Nacional por 12 meses más, al igual que la presidencia encargada, presidida por Juan Guaidó”, ratificó su vicepresidente Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ), cuyos líderes, el excanciller Julio Borges y el excandidato presidencial Henrique Capriles, han fracasado en su intento de desplazar a Guaidó y hacer desaparecer la presidencia interina.
Un objetivo que no compartían varios de los dirigentes jóvenes de PJ, que han apostado por mantener la continuidad de la presidencia encargada contra el criterio de sus jefes. “La AN no sólo es necesaria, es una herramienta para que el cambio político pueda darse. Le decimos a Venezuela que estamos unidos y dispuestos, en medio de las diferencias, para seguir luchando por un país libre”, resumió Guanipa.
El acuerdo alcanzado tras días de tiras y aflojas, consulta pública, presiones, informes y concesiones se queda en la calle del medio, pero garantiza la separación de poderes, ya que Guaidó conserva algunas herramientas ejecutivas, mientras la Comisión Delegada, donde PJ y los otros partidos del G-4 son mayoría, aumenta sus restricciones. “Controles reforzados”, los definió el propio Guanipa, entre los que se encuentra la supresión definitiva del centro de gobierno de Guaidó, que realmente ya había dejado de operar durante 2021.
“Estamos haciendo historia”, subrayó la diputada Delsa Solórzano, una de las grandes defensoras de la continuidad de Guaidó y de la presidencia encargada. “La AN no se rinde, incólume frente a la dictadura criminal”, aseguró la presidenta de Encuentro Ciudadano.
Uno de los ejemplos del reparto de poderes entre la Comisión Delegada (CD), una versión reducida de 33 diputados de la AN, y Guaidó es la política exterior, que seguirá coordinada por el líder opositor, quien también nombrará los embajadores. En cambio, la CD se encargará del resto de designaciones, que comprenden derechos humanos, seguridad, crisis humanitaria o migración.
Parecido ocurre con la defensa de la democracia y con la representación del Parlamento democrático en los juicios que se siguen en el exterior tras el congelamiento de fondos del Estado venezolano, atribuidos a Guaidó, quien podrá recuperar la figura del procurador especial. Tanto este como el propio presidente encargado deberán rendir cuentas una vez a la semana ante la CD.
“Es el momento para la reunificación de todos los factores que queremos un cambio en torno a la lucha por condiciones para elecciones libres y justas. Venezuela debe estar por encima de cualquier interés individual, lo que nos une a todos es salir de la dictadura”, sentenció Guaidó, quien además denunció que la dictadura había intentado dividir, una vez más, a la oposición.
La principal queja llegó del sector radical de María Corina Machado, que decidió salvar su voto (abstenerse) con la excusa de que habían recibido tarde la propuesta final. Ya a finales del año pasado, la dirigente derechista había dado por finiquitada a la presidencia encargada.
