El acuerdo de última hora reparte poderes entre Juan Guaidó y la asamblea
La lucha por el liderazgo y las diferencias estratégicas son cuestiones sin resolver
“Hoy gana la Constitución, hoy pierde Nicolás Maduro”. El acuerdo de última hora alcanzado por la oposición democrática, festejado por el presidente encargado, Juan Guaidó, ha llevado cierto alivio a las filas antichavistas tras varias semanas de un pulso dramático en su seno. Un alivio que sólo será momentáneo, porque la lucha por el liderazgo y las diferencias estratégicas son cuestiones sin resolver.
La sesión extraordinaria en el Parlamento democrático acabó pasada la medianoche, con casi doce horas de retrasó y tras semanas de tiras y aflojas, como para que estuviera muy claro que la entente cordial final fue casi un milagro. Un acuerdo que parecía imposible y que finalmente llegó a regañadientes.
Por la casi unanimidad de más de 105 diputados y las dos abstenciones de los dos radicales de Vente Venezuela, el partido de la derechista María Corina Machado, se ratificó el compromiso de mantener la Asamblea Nacional (AN) por 12 meses más, al igual que la Presidencia encargada, con Juan Guaidó a la cabeza. Para ello se consensuó entre los dos bloques enfrentados la reforma del Estatuto de la la Transición, que reparte poderes entre el presidente interino y la Comisión Delegada (CD), miniParlamento de 33 diputados.
De esta forma, Guaidó salva su cabeza frente a la embestida de su ex canciller, Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia (PJ), y del excandidato presidencial Henrique Capriles, quienes a la postre han fracasado en su intento de desplazarle y de hacer desaparecer la Presidencia interina, o al menos en convertirle en una figura decorativa, como buscaron en la última carrera contrarreloj.
“Se impuso el sentido común. Guaidó continúa siendo el presidente interino, continúa el gobierno interino y la legítima AN del 2015. Atrás quedaron las conspiraciones y las puñaladas traperas de Capriles, Borges y otros. La dictadura no logró su propósito”, resumió Andrés Velásquez, líder la La Causa Radical, uno de los partidos que de forma más firme ha apostado por la prolongación del statu quo actual.
Un objetivo que no compartían varios de los dirigentes jóvenes de PJ, que han apostado por mantener la continuidad de la presidencia encargada contra el criterio de sus jefes. “La AN no sólo es necesaria, es una herramienta para que el cambio político pueda darse. Le decimos a Venezuela que estamos unidos y dispuestos, en medio de las diferencias, para seguir luchando por un país libre”, resumió Juan Pablo Guanipa, vicepresidente de la AN y dirigente de PJ.
Discusiones, debates, consulta pública, presiones, informes y concesiones, además de la apuesta decidida de EEUU, impidieron que los líderes de PJ convencieran a dirigentes de otros grupos, por lo que no alcanzaron la mayoría requerida. La reforma se quedó en la calle del medio y con la separación de poderes entre Guaidó y la CD. El primero conserva importantes herramientas ejecutivas, mientras la CD aumenta sus “controles reforzados”, como los definió Guanipa.
Así la coordinación de la política exterior seguirá en manos del líder opositor, quien también nombrará a los embajadores en los países que apoyan la causa democrática. En cambio, la CD se encargará del resto de designaciones, que también comprenden derechos humanos, seguridad, crisis humanitaria o migración.
Parecido ocurre con la defensa de la democracia y con la representación del Parlamento democrático en los juicios que se siguen en el exterior tras el congelamiento de fondos del Estado venezolano, atribuidos a Guaidó, quien podrá recuperar la figura del procurador especial. Tanto éste como el propio presidente encargado deberán rendir cuentas una vez a la semana ante la CD.
A última hora también se salvó al Centro de Comunicación Nacional, encargado de suministrar información sobre la presidencia encargada y sobre la AN, que será reestructurado pero que no desparece.
“Debemos hacer más ágil la Presidencia interina”, reconoció Guaidó, que además se enfrenta a varios escándalos surgidos en el entorno del gobierno encargado, como el caso Monómeros, la filial colombiano de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
