La Fiscalía abre una investigación contra Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias

La pesquisa queda suspendida hasta que acabe su mandato ya que el presidente sólo puede ser investigado por razones limitadas

La Fiscalía peruana ha abierto tres investigaciones preliminares en contra del presidente Pedro Castillo, pero las tres han quedado de inmediato en suspenso hasta que acabe su mandato. De esta forma prevalece la inmunidad constitucional del primer mandatario, pese a la gravedad de las acusaciones, sobre todo la de tráfico de influencias que presuntamente se produjo en la adjudicación de la construcción de un puente en el Amazonas, por 55 millones de dólares, y en la compra de diesel realizada por PetroPerú, valorada en 74 millones de dólares.

Contra Castillo también pesa el escándalo en el ascenso de militares, que involucra por “injerencia” al ex ministro de Defensa, Walter Ayala, y al ex secretario de la presidencia Bruno Pacheco, el hombre clave durante los primeros cinco meses de presidencia. En uno de sus registros, la Fiscalía halló un sobre con 20.000 dólares en el baño del antiguo despacho del Rasputín peruano, quien ofreció distintas excusas para justificar su origen.

Según la Constitución, el presidente sólo puede ser acusado durante su ejercicio por traición a la patria, por impedir las elecciones o dificultar su proceso y por disolver el Congreso. La Fiscalía cuenta además con un precedente muy cercano, el caso Martín Vizcarra. Contra el entonces presidente se abrió una investigación por presunta corrupción, que fue suspendida hasta su destitución, al ejecutar el Congreso un polémico proceso de vacancia (impeachment).

Y esta es precisamente una de las claves para Castillo, quien en 2022 pretende recobrar el rumbo de una presidencia a la deriva: la decisión de la Fiscalía le debilita aún más políticamente, en el mismo momento que ejecuta en silencio una nueva crisis de gabinete. Desde las bancadas derechistas se sopesa la posibilidad de forzar un nuevo proceso de destitución tras las conclusiones de la Fiscalía.

“¿Para qué vas a investigar si no vas a acusar?”, se quejó ante los medios el defensor presidencial, Eduardo Pachas, un polémico abogado que también se niega a hacer pública la lista de los visitantes a la sede paralela en la que Castillo recibió a los implicados en los distintos casos de corrupción. Pachas reiteró que no existe el famoso listado de la vivienda de Breña, pese a que la primera ministra, Mirtha Vásquez, aseguró que el país conocería el nombre de sus visitantes. La ley obliga a la Presidencia a publicar a diario los nombres de todos quienes acuden al Palacio a reunirse con el primer mandatario.

El anuncio de la Fiscalía supone un nuevo obstáculo para Castillo, quien pese al crecimiento económico de 2021 (el Producto Interior Bruto creció 13% y se espera que este año se eleve por encima del 4%) y la vacunación masiva cuenta por fracasos en el resto de sus iniciativas.

El presidente busca nuevos aliados tras su alejamiento del sector marxista de Perú Libre (PL), el partido que le llevó al poder. Una de sus iniciativas pasa por conformar una nueva agrupación de maestros, que contaría con una docena de diputados en el Congreso.