Embargan cuentas a Naucalpan por un pagaré de 130 mdp
El gobierno municipal prepara una segunda denuncia penal en contra de la ex alcaldesa Patricia Duran Reveles y su ex tesorero Leopoldo Corona
El gobierno municipal prepara una segunda denuncia penal en contra de la ex alcaldesa Patricia Duran Reveles y su ex tesorero Leopoldo Corona.
La alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya, denunció otro acto de corrupción de la ex presidenta municipal Patricia Durán Reveles.
Quien firmó un pagaré, junto con el ex tesorero Leopoldo Corona, sin autorización del cabildo por 130 millones de pesos.
Esa cantidad no fue cubierta en la fecha de su vencimiento y generó la retención de participaciones federales por 25 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
En Naucalpan les embargaron cuentas del FIS
“Ese dinero, deben restituirlo” señaló la edil y anunció que esta será la segunda denuncia ante la Contraloría y ante la Fiscalía General de Justicia.
Porque en este caso afecto recursos federales para obras y servicios que no llegaron a los naucalpenses.
«Este Fondo de Aportaciones abarcan servicios de atención prioritaria, urbanización, electrificación rural, infraestructura básica del sector salud y educativo, entre otros».
Por eso, «buscará el resarcimiento de daños ante la irresponsabilidad de los ex funcionarios de Morena».
La pasada administración de Naucalpan
Aseguró que funcionarios de alto nivel de la pasada administración de Naucalpan firmaron un documento que trae graves y severas consecuencias para la presente administración.
El pasado 4 de noviembre del 2019, la presidenta municipal Patricia Durán Reveles y el ex tesorero municipal, Leopoldo Corona Aguilar, firmaron un pagaré con la empresa MscroCredit S.A. de C.V, por la cantidad de 130 millones de pesos.
Tras la notificación
Las dependencias municipales correspondientes iniciaron las investigaciones para verificar la legalidad y disposición de los recursos obtenidos a través de este pagaré.
Las consecuencias de este impago, señaló: «están alcanzando a los sectores más vulnerables del municipio, pues esta injusta situación originó el embargo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 2022».
Este fondo estaba destinado a inversiones que benefician directamente a la población en pobreza extrema y localidades con muy alto nivel de rezago social.
Gabriel García, director jurídico del municipio, destacó que en esta administración se recibió el emplazamiento de un juicio ejecutivo mercantil, del juzgado 24, de la Ciudad de México, derivado del pagaré.
Comentó, que no se contaba con un antecedente de este asunto, ni en la Tesorería municipal, ni en la Dirección General Jurídica, que quedará como un tema pendiente.
Se verificó el por qué se firmó el pagaré, con la información que brindo la propia empresa, «fue un contrato de factoraje financiero a través del cual, finales del mes de octubre 2019, determinó la insolvencia económica de Naucalpan, por lo que llevó a cabo la firma de este contrato, sin autorización de Cabildo».
Contrataron una línea de crédito de 130 millones, sin autorización del Cabildo, sin que existiera un proceso para verificar las mejores condiciones o con que empresa se podría llevar a cabo.
Esta linea no fue con una institución bancaria
Sino con una Sociedad Financiera Objeto Múltiple (Sofom).
Lo cual es más que observable por las autoridades fiscalizadoras.
Esta línea de crédito debió haberse autorizado en Cabildo, porque se comprometen registros públicos y en segundo lugar, se tuvo que haberse inscrito ante las autoridades fiscalizadoras, autoridades de Fiscalización y el propio Órgano Superior de Fiscalización.
Destacó que pagaron 105 millones, pero dejaron de pagar 25 millones, y la actual administración se dio cuenta por la demanda que recibieron.
De esa deuda, dijeron, «no existe ningún antecedente y al final lo que ocasiona que a dos años de la firma del pagaré, la Dirección Jurídica y de Gobierno esta atendiendo esta demanda, que no sólo implica el pago del pagaré, sino costos adicionales como son intereses moratorios que están reclamando, que son alrededor de 8 millones de pesos, más gastos y cuotas, abogados».
El gobierno esta tratando de desacreditar la legalidad de esta actuación, evidentemente si existe un reconocimiento por parte de la administración pasada.
También se da vista a la Contraloría Municipal
Una vez que se recabe la información, tendrá conocimiento la Auditoria Superior de la Federación, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Y de lo que se desprenda de la investigación, la propia Fiscalía General de la República, si es el caso o de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Angélica Moya Marín, destacó que en Naucalpan están comprometidos a la transparencia y revisión de cuentas.
Y esta irresponsable decisión no debe pasar por alto a las autoridades.
Finalmente dijo que desde el gobierno municipal buscarán ejecutar la mejor acción.
Ante la irresponsabilidad de Patricia Duran y de los ex funcionarios de la administración de Morena.
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