Impunidad en el otro atentado
viernes, 23 de diciembre de 2022
Bajo la tutela de Rosario Piedra Ibarra, la CNDH se venía degradando al grado de aplaudir la preocupante militarización de la vida pública.
Pese a los indicios en contrario, tengo absoluta confianza en que se sabrá quiénes fueron los perpetradores del fallido intento de asesinar a Ciro Gómez Leyva, y estoy seguro de que tanto el presidente López Obrador como las corporaciones a cargo de la investigación resolverán el misterio, capturarán a los responsables y el Poder Judicial aplicará las sanciones que conforme a derecho procedan.
Dicho lo anterior, y esperando no volver al tema sino para celebrar el esclarecimiento, lamento que otro letal atentado, éste contra toda la nación y el Instituto Nacional Electoral (el organismo civil autónomo del Estado mexicano mejor calificado por la sociedad) quedará impune.
Su demolición al alimón corrió a cargo del Poder Ejecutivo y la mayoría morenista y moreniana del Legislativo, con la complacencia y descarada complicidad de otra institución constitucionalmente independiente del gobierno: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Bajo la tutela de Rosario Piedra Ibarra, la CNDH se venía degradando al grado de aplaudir la preocupante militarización de la vida pública.
Dispuesta siempre a servir como una dependencia más de la Presidencia de la República, la incompetente y sectaria señora que preside la comisión, de espaldas a su Consejo Consultivo, designó ya a las dos personas que representarán a la institución en el Comité Técnico que decidirá la lista de prospectos para sustituir a los cuatro de los 11 consejeros electorales cuya gestión concluye en abril. Otro par será nombrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y tres más por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Esta Jucopo la integran los coordinadores de las bancadas: Jorge Romero del PAN, Rubén Moreira del PRI, Ignacio Mier de Morena, Luis Cházaro del PRD, Jorge Álvarez de MC, Alberto Anaya del PT y Carlos Puente, del PVEM.
Para desgracia del INE, el criterio de cada uno de los siete no vale lo mismo porque el sistema de sus deliberaciones es de “voto ponderado”, lo que quiere decir que vale o pesa más quien mayor número de escaños represente.
Con sus aliados, Morena puede prácticamente designar a los tres representantes en el CT, aunque queda la esperanza de que la oposición y el INAI logren incorporar siquiera a uno de los tres comisionados.
Eso significa que los futuros cuatro consejeros electorales van a ser seleccionados entre quienes decida el cuatroteísmo, con cinco de sus prospectos (tres de la Jucopo más dos de la CNDH), frente a dos que sugiera el INAI que nada o poco podrán hacer.
Si para deformar la legislación y descuartizar al INE parecen suficientemente letales las reformas aprobadas del “plan B”, los relevos en el INE se dedicarán a inhibir y chatarrizar la facultad del instituto para organizar elecciones libres y garantizar confianza en el conteo de votos de la ciudadanía.
En el reino de la impunidad, ¿qué autoridad puede resolver este crimen contra la democracia mexicana?
