Operación mordaza Lo que ha hecho el INE es una transgresión democrática que lleva a la previa censura, prohibida en la Constitución de la Ciudad de México.

Martes 22 de agosto 2023

El 6 de julio pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral cometió el ataque más grande a la libertad de expresión de su historia, al aprobar unánimemente que para el proceso electoral que arranca en octubre, los programas de opinión, análisis y debate van a ser monitoreados. Esto significa, para efectos prácticos, que las consejeras y consejeros, violando dos artículos constitucionales y uno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, votaron por la previa censura, colocaron un candado al pensamiento crítico, y pretenden imponer la ley electoral más regresiva y antidemocrática del continente. En síntesis, quieren asesinar la libertad de expresión.

El acuerdo que modifica un criterio seminal de 2014, fue presentado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, 24 horas después de haber conversado con el vocero presidencial y jefe de la maquinaria de propaganda gubernamental, Jesús Ramírez Cuevas. No se sabe si, como se comentó en la prensa, Ramírez Cuevas le fue a dar instrucciones a Taddei, pero las sospechas tienen sustento.

Taddei es una persona ligada al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente también del Consejo Nacional de Morena, que ha ido colocando a sus cercanos en el INE. Por el otro lado, la óptica: ¿un día después de hablar con el emisario del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el acuerdo? Ni las formas cuidó, más allá de que pudiera haber sido ese el tema de su encuentro la víspera. Pero si ella, por ignorancia, incompetencia o en acatamiento de una orden, trabajó el acuerdo y lo presentó ante el Consejo General, ¿en que estaban pensando sus miembros para aprobarlo sin objeción?

El criterio que modificaron estaba muy claro. El 22 de octubre de 2014, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo que definió el catálogo para el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales para el proceso 2014-2015, donde se precisaba que serían vigilados sólo los programas de radio y televisión que difundieran noticias, excluyendo la opinión y el análisis, así como aquellos de debate y entretenimiento. Fue ratificado para las elecciones en 2018, reforzado por un estudio de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde se establecía que los programas donde se opinara, analizara o debatiera, estaban protegidos por el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

Ese criterio partía de algo muy obvio. La valoración “positiva” o “negativa” establecida para las noticias es imposible de aplicar a la opinión, el análisis y el debate, que por definición son subjetivos. Para comprender su magnitud, hay que ir al periodismo básico, que señala claramente las diferencias entre los géneros de información (las noticias) y opinión.

Las noticias tienen una estructura rígida –si se aplica bien la técnica–, basada en la “pirámide invertida”, desarrollada por la agencia Associated Press a mediados del siglo 19 para informar sobre el comercio en el puerto de Nueva York, que organiza la información de lo más importante a lo menos relevante, respondiendo las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Pero también, producto de su evolución ética, deben ser ser objetivas, con balance y diferentes fuentes de información, para dar equilibrio y pluralidad.

Los géneros de opinión son subjetivos, al no ser producto de un hecho sino de la información de cada uno, su interpretación, opinión –valga la redundancia– y posición sobre un sujeto o un tema en particular. Este género no exige, como en el informativo, ser justo y balanceado, plural o factual, porque la opinión puede partir de un hecho, pero la idea que surge de él es completamente interpretativa.

A diferencia de la noticia, donde se cumple el derecho de la sociedad a ser informado, la opinión es un complemento donde se aportan argumentos, ideas y se confrontan, con lo cual, en ese trabajo en binomio, se contribuye a la toma de decisiones individuales y se fortalece la democracia, que es el orden social dentro de un régimen de libertades bajo el cual millones de mexicanos nacieron sin haber vivido los largos años de cerrazón y la lucha para demoler la muralla autoritaria.

El INE nos quiere regresar a esa etapa oscurantista donde el pensamiento crítico era reprimido. Lo que pretende es controlar la mente de quienes expresan una opinión y una idea, o chocan con argumentos en los debates, y prohibirles el pensar. Imagine si este acuerdo es aprobado por el Tribunal Electoral, ¿qué sucedería en un programa de análisis como Tercer Grado, donde soy uno de los panelistas?

Cada uno de los panelistas tendría que opinar sobre todos los candidatos presidenciales con un cronómetro enfrente para darles el mismo tiempo a cada uno y estar midiendo los comentarios positivos y negativos en cada caso. El acuerdo neutralizaría y anularía durante el tiempo del proceso electoral al programa, que incumpliría su función de complemento a la información.

El acuerdo viola el artículo 6 constitucional que establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo dos excepciones incorporadas en una gran parte de las leyes de países democráticos, que tenga un discurso de odio o que incite a la violencia. Infringe el artículo 7, que establece la inviolabilidad de la libertad para difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y atenta contra el artículo 256 de la ley secundaria de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que dispone que la programación debe incluir diferentes géneros con diversidad y pluralidad en las ideas y opiniones.

Lo que ha hecho el INE, hay que insistir, es una transgresión democrática que lleva a la previa censura, prohibida en la Constitución de la Ciudad de México. Tercer Grado no es el único programa afectado. Quiere monitorear 73 programas durante las precampañas y 503 en las campañas con la misma regla: eliminar la jerarquización periodística, anular la confrontación de ideas e inhibir a periodistas y medios. Uniformidad total es lo que quiere el INE, como hacían los regímenes totalitarios. Quizás no fue su intención, pero eso es lo que hicieron. Agosto 2023

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2023/08/21/operacion-mordaza/