Acusan de asociación delictuosa al gerente de AMSA, a la Fiscal, al titular de SEGOB y a un funcionario de Sader.

20 de Septiembre 2024

 El caso de los cafetaleros acusados por la transnacional Agroindustrias de México SA (AMSA- ECON) y la Fiscalía General del Estado (FGE) podría convertirse en una bomba de tiempo para el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, a 2 meses y 11 días de que concluya la administración estatal. Y es que, a decir de los productores agraviados, “es evidente la asociación para cometer un delito entre el gerente de la empresa, la fiscal, el secretario de Gobierno y hasta el apoyo de un funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) nacional”. A través de una publicación difundida en sus redes sociales, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) denunció la existencia de negligencia y falta de voluntad del gobernador Cuitláhuac García, “pues conociendo lo fraudulento de la acusación no apoyó como se debía a los ciudadanos de Veracruz y protegió a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, quien presentó la acusación con pruebas falsas”. En el mismo sentido, acusaron que faltó una acción más decidida desde el gobierno federal para ayudar y resolver un caso tan evidente de corrupción y abuso, en el que además participaron funcionarios estatales y uno federal. Señalaron que con la última instrucción presidencial a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ésta dialogó con los acusados y familiares, y el área jurídica revisó las pruebas que demostraban que no estaban en el lugar del incendio del que los acusaba la empresa. “Desde Gobernación concluyeron que se pediría a la fiscal de Veracruz que se desistiera de su acusación. No aceptó la fiscal, quien durante 10 meses se negó, junto con el juez, a recibir las pruebas de los acusados. Ha sido evidente que en todo momento el gobernador ha protegido a la fiscal. El juez recibió las pruebas y, en pocos días, mediante un sobreseimiento, dictaminó la absolución de las cinco personas que habían sido detenidas”, señalaron. También insistieron en que las pruebas y testimonios de los testigos eran falsos y que incluso había un peritaje que manejaba que en el incendio se había utilizado papel y no diésel ni gasolina, además de que lo habría originado la misma empresa. Refirieron que AMSA-ECOM presentó una apelación tan débil que se esperaba la opinión de un magistrado y después el juez debería ratificar la absolución. Con esto también se daría la absolución de las otras siete personas que tenían orden de aprehensión. Sin embargo, lamentaron que van casi cinco meses y no hay una nueva resolución del juez. Los acusados presentaron desde el inicio pruebas claras de la falsedad de la acusación. “El papel cómplice de la dirección internacional de ECOM Trading, dueña en buena parte de AMSA. Su director, Eduardo Esteve, manifestó que respetarían el veredicto del juez, pero no lo han hecho, sabiendo que no prosperarán sus apelaciones por la falsedad de las pruebas presentadas. Se ha ocasionado un gran daño económico, de salud y en la fama pública de los cafetaleros acusados y sus familias. Aun cuando se dé la absolución completa de los acusados, debería hacerse una investigación detallada de los personajes involucrados en la acusación fraudulenta, tanto de la empresa como de los funcionarios públicos, y deberían ser sancionados”. Insistieron que en lo inmediato, es necesario que el juez responda la apelación de la empresa y ratifique la absolución de las cinco personas, y considerando que es la misma situación, el juez defina también la absolución de los otros siete acusados. De igual manera, solicitaron que el gobierno del estado reconozca el daño causado por la fiscal y los funcionarios estatales, y proceda a una reparación económica a los acusados y sus familias. “Si no hay una resolución favorable a los acusados en lo que resta de septiembre, empezando octubre con el inicio del nuevo gobierno federal y estatal, se les seguirá exigiendo que otorguen justicia a los cafetaleros acusados de manera fraudulenta por la fiscal de Veracruz y la empresa AMSA-ECOM”, concluyeron.