El gobierno amenazó a jueces, afirma Piña en su último informe

11 de Diciembre 2024

En su segundo y último informe anual –al que no asistieron los titulares de los poderes Legislativo ni Ejecutivo–, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, acusó ayer que hay una práctica recurrente de amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos por resolver casos de formas contrarias a los intereses del gobierno federal.

Afirmó que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo una campaña de deslegitimación contra los jueces en todos los cargos, que escaló en amenazas y ataques a raíz de tres sentencias de la Corte y culminó en la reforma judicial. La primera, dijo, fue el punto de quiebre en la relación del Poder Judicial de la Federación (PJF) con el Ejecutivo.

El discurso de Piña duró 38 minutos en sesión solemne conjunta de los plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tiempo en el que dedicó sólo 11 minutos para hablar de las labores del PJF durante el presente año; 27 minutos los ocupó, con un evidente nerviosismo, para arremeter contra la reforma judicial.

Tres sentencias

En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137/2022, en la que el pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó.

En segundo lugar, señaló el decreto presidencial que intentó clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el gobierno denominara prioritarios, tema discutido en mayo de 2023.

Y el último fallo fue el revés contra el llamado plan B, cuando el 22 de junio de 2023 el pleno, por mayoría de nueve votos, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo.

Lo anterior, mencionó, detonó la reforma judicial.

Al acto, en representación del Ejecutivo, asistió César Yáñez, subsecretario de Gobierno de la Segob. Además, por primera vez no hubo representantes del Senado ni de la Cámara de Diputados.