EL CORRALÓN DE GRÚAS MOCTEZUMA IMPLICADO
EN EL ROBO DE VEHÍCULOS
El caso de Gabriela Adriana Vega Torres es la viva muestra de que en el Estado de México la justicia está secuestrada por mafias de corralones, fiscales y ministerios públicos corruptos, que han hecho del dolor ciudadano un negocio millonario.
Todo comenzó en agosto de 2022, cuando su esposo, Adán Santos Cuevas, fue asesinado. De aquel crimen se abrió la carpeta de investigación NUC NEZ/NEZ/NZ3/062/222569/22/08, pero además de cargar con el luto, Gabriela lleva tres años soportando abusos, corrupción y revictimización.
El vehículo en el que viajaba la víctima, un Volkswagen Beetle 2010, color azul, placas V05AZV de la CDMX, quedó asegurado por la Fiscalía Especializada de Homicidios de zona Oriente, con sede en Nezahualcóyotl.
Fue el 1 de agosto de 2022 cuando dicho vehículo fue enviado al corralón «Grúas Castillo», concesionado bajo la razón social «Corporativo de Servicios y Comercializadora Moctezuma S A. de R.L», ubicado en Francisco I. Madero s/n, km 18, carretera México-Texcoco, municipio de La Paz.
Ese depósito vehicular, señalado por múltiples denuncias y con fama de ser un refugio de corrupción, convirtió la tragedia de Gabriela en un viacrucis interminable.
UN CALVARIO PARA
RECUPERAR SU COCHE
Con oficio de devolución en mano, con el número 2133F000/73/2025, firmado por el agente del ministerio público, Miguel Ángel Roa Salazar, de fecha 20 de enero de 2025, Gabriela acudió con toda confianza al corralón. Pero lo que ahí recibió fueron pretextos y burlas.
Durante meses la respuesta siempre fue la misma: «no está el encargado, él tiene que hacer la cuenta». Gabriela acudió al menos diez veces sin obtener solución.
El 19 de marzo de 2025, cansada del hostigamiento, exigió atención directa y fue recibida por Arturo Castillo, dueño del corralón. Su respuesta fue tan grosera como insultante:
«Si quiere su coche, primero págueme más de 100 mil pesos. ¿De veras le conviene recuperarlo? Mejor cómprese otro».
Gabriela exigió ver su vehículo. Castillo se negó y le repitió que primero debía pagar. Incluso cambió el tono para tratar de convencerla de que «lo dejara por la paz». El coche no es un objeto cualquiera: es el lugar donde murió su esposo, un bien con valor emocional incalculable.
UN ROBO CON
PAPELES FALSOS
La historia tomó un giro indignante en septiembre de 2025. Un trabajador del propio corralón, harto de los abusos, le confesó a Gabriela:
«Ya no pierda su tiempo, señora. Arturo Castillo es un ratero. A su carro le hicieron papeles y lo vendieron a finales de 2024».
Desesperada, Gabriela verificó el NIV 3VWKV21C1AM002737 en páginas oficiales del Estado de México. La confirmación fue brutal: su vehículo Volkswagen, modelo Beetle ya había sido reemplacado con matrícula LHB-63-8B.
Es decir, el vehículo que un ministerio público ordenó devolverle, fue robado y revendido con la complicidad del propio corralón y autoridades estatales.
UNA MAFIA PROTEGIDA
DESDE MUY ARRIBA
El caso no es aislado. «Grúas Castillo» acumula decenas de denuncias por vehículos que nunca aparecen. El negocio ha sido clausurado en varias ocasiones, pero siempre vuelve a operar, protegido por las altas esferas del poder.
¿Quién protege a Castillo? Todas las miradas apuntan al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, cuya omisión raya en complicidad.
Y no sólo él: la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que en campaña prometió clausurar los corralones corruptos, guarda silencio. Delfina sabe que muchos de esos depósitos son refugios de ladrones y centros de venta de autopartes robadas, pero prefiere mirar hacia otro lado.
JUSTICIA SECUESTRADA
El caso de Gabriela Adriana Vega Torres es un grito desesperado contra un sistema podrido. Su esposo fue asesinado. Su coche, es una prueba del crimen y el recuerdo de su vida juntos, fue robado por un corralón protegido por fiscales, policías y políticos.
Hoy, la pregunta es directa: ¿Hasta cuándo el Fiscal José Luis Cervantes y la gobernadora Delfina Gómez seguirán protegiendo a los ladrones de corralones? ¿Cuántas familias más deben ser despojadas para que rompan el pacto de impunidad?
El silencio de las autoridades convierte al Estado de México en tierra de nadie, donde la víctima siempre pierde y los delincuentes de cuello blanco siempre ganan.
