LA ADMINISTRACIÓN DE ALAN VELASCO CASTIGA A LOS MÁS VULNERABLES CON MULTAS Y AMENAZAS DE EMBARGO
La actual administración municipal, encabezada por Alan Velasco Agüero, demuestra una vez más que sus supuestos discursos de apoyo a los sectores más necesitados son solo una fachada. Bajo el supuesto compromiso social, las autoridades municipales ejercen una política de represión económica y presión psicológica contra la población más pobre, a través de multas que superan los 14 mil pesos y amenazas explícitas de embargo, en una clara muestra de intolerancia y abuso de poder.
Según denuncian diversos vecinos, bajo la firma del Tesorero Municipal, Maestro César Humberto Navarro Turanzas, se envían notificaciones intimidatorias a personas que, debido a su precariedad, realizan construcciones modestas para poder habitar. Muchos de estos ciudadanos desconocen los procedimientos legales adecuados, lo que los deja en total indefensión frente a la maquinaria administrativa. La notificación, fundamentada en artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, del Bando Municipal y del Código Financiero, se presenta en un lenguaje técnico ininteligible para el ciudadano común, pero con un mensaje muy claro: si no cumplen en la fecha señalada, serán sometidos a un proceso de embargo y sanción económica.
El documento advierte que, en caso de omisión, se procederá a dar cumplimiento con un Mandamiento de Ejecución para realizar el pago de la sanción administrativa, que en este caso asciende a $14,708.20 pesos, equivalentes a 130 días de Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para quienes no entienden del todo los tecnicismos legales, esta cantidad representa una carga económica desproporcionada y difícil de pagar para quienes apenas luchan por subsistir. La amenaza se acompaña de una advertencia aún más grave: en caso de no atender la orden, se entenderá que el ciudadano renuncia a regularizar su situación y se procederá, en términos de ley, al EMBARGO DE BIENES que garanticen el pago de la multa, con letras, negritas y subrayadas, para que no quede duda de la gravedad del mensaje.
Este proceder revela la verdadera naturaleza de la administración de Velasco Agüero; una maquinaria que, en lugar de proteger a los más vulnerables, los usa como fuente de recursos a través de la intimidación y la extorsión. La falta de transparencia en el uso de los fondos recaudados, junto con la utilización de métodos coercitivos y amenazas explícitas, evidencia un patrón de abuso que favorece a quienes están en el poder y deja en la indefensión a quienes menos tienen.
Es evidente que en Valle de Chalco se prioriza la obtención de recursos a costa del bienestar de su población más pobre, en una dinámica que solo refuerza la desigualdad y la injusticia. La administración de Alan Velasco demuestra, una vez más, que su discurso de apoyo social no pasa de ser una fachada, mientras que sus acciones revelan un gobierno que utiliza el poder para amedrentar y aprovecharse de los más vulnerables.
