Reitera Delegación de Transporte Público que no existe autorización para incrementar las tarifas en municipios de la zona norte
omo sobre advertencia no hay engaño, la Delegación de Transporte Público informó de manera oficial que no existe autorización para incrementar las tarifas del servicio en los municipios de la zona norte, incluyendo Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán, Cazones de Herrera y Castillo de Teayo.
La dependencia estatal señaló que cualquier cobro superior a lo establecido constituye una irregularidad grave. Por lo anterior, señaló que se mantienen activos diversos operativos de supervisión para frenar abusos por parte de concesionarios o conductores. Bajo la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, se ha ratificado una política de cero incrementos al pasaje.
Esta medida busca proteger la economía familiar y garantizar un acceso equitativo a la movilidad. De acuerdo con los lineamientos estatales, cualquier ajuste tarifario debe ser el resultado de un análisis técnico y económico formal, por lo que ningún conductor puede modificar el costo de manera unilateral. La autoridad de transporte advirtió que las sanciones por alterar las tarifas se aplicarán sin distinción, basándose en la Ley de Transporte del Estado de Veracruz: Artículo 103:
Obliga a los concesionarios a respetar las tarifas autorizadas por el Ejecutivo. Artículo 105: Prohíbe estrictamente cualquier modificación o cobro indebido sin aval oficial. Artículo 118: Establece que las infracciones pueden derivar en multas, suspensión del servicio o la revocación de la concesión. En caso de detectarse cobros indebidos, la autoridad procederá con la retención de unidades, multas económicas y, en casos de reincidencia, la cancelación definitiva del permiso para operar.
Para garantizar el cumplimiento de la ley, la Delegación exhortó a las y los usuarios a denunciar formalmente cualquier exceso. Para ello, es indispensable contar con el número económico de la unidad (taxi o autobús), lo que permitirá iniciar el procedimiento sancionador correspondiente. Por último, reiteró que el transporte público cumple una función social y su regulación prioriza el bienestar colectivo por encima de intereses particulares.
