México ocupa cuarto lugar global al registrar 25 asesinatos de defensores del medio ambiente y territorio; medidas de protección obligatorias son ineficientes

Aunque no lo parece México cuenta con medidas de protección para defensores ambientales, ya que éstas resultan “ineficaces” para su instrumentación por parte de abogados que acompañan casos en la materia, debido a que se encuentran dispersas en resoluciones de sentencias.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH) publicarán los estándares con las obligaciones del Estado para garantizar la seguridad de quienes defienden el territorio.

José Hernández Hernández, secretario general de la presidencia de la SCJN, indica que con dicho documento las medidas estarán sistematizadas de manera ordenada, porque “las tenemos muy dispersas, tanto las que vienen del ámbito universal, regional e interno que se encuentran plasmadas en algunas sentencias”.

Durante el conservatorio Estándares: personas defensoras del medio ambiente y el territorio, resaltaron los obstáculos a los que se enfrentan las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, particularmente las mujeres indígenas, pues deben enfrentar la violencia y discriminación sistematizada al no ser, en muchos casos, poseedoras de tierras ni participar en la toma de decisiones pero llevan la carga del sistema de cuidados en sus hogares, comunidades, conservación y sostenibilidad de la tierra. Ataques contra defensores ambientales en la región continúan.

En México, durante este mes asesinaron a Nazareth Cortés Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam en Oaxaca. Pocos días antes, el activista Erik Saracho resultó lesionado al ser víctima de un ataque armado directo en San Pancho, Bahía de Banderas, Nayarit.

Los datos más recientes son de 2024 e indican que el país ocupó el cuarto lugar a nivel global al registrar 25 asesinatos de defensores del medio ambiente y territorio, según el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Al respecto, Anabel López Sánchez, directora general de Políticas de Prevención en la Secretaría de las Mujeres, informó que en ese año también hubo 236 agresiones, de ellas 127 de estas agresiones se presentaron en Oaxaca, Michoacán, Puebla y Veracruz.

“Fueron regiones indígenas claramente vinculadas con defensa del territorio. Entre las causas está el interés voraz por apropiarse de los recursos y el agua, por empresas extractivistas, mineras o crimen organizado, lo que ha llevado a estas distintas formas de violencia”, asegura. Maia Campbell, representante adjunta ONUDH, señaló que los pueblos indígenas continúan enfrentando desigualdades en el acceso a la tierra, exclusión en los procesos de toma de decisiones y diversas formas de discriminación.

Explica que los estándares internacionales que incluirá el documento, publicado en abril, reconocen que los derechos se sostienen a través de sistemas de cuidado tanto visibles como invisibles, el cual incluye el trabajo que garantiza el acceso al agua, a los alimentos y a las condiciones de vida seguras. A la vez, las prácticas cotidianas que sostienen las familias y las comunidades realizadas en gran medida por mujeres. Incluye también la protección y gestión de los recursos naturales que hacen posible la vida como la tierra, los bosques y los ríos, junto con la transmisión de conocimientos sobre cómo cultivar, sanar y preservar los ecosistemas.

El documento considera la prohibición de la discriminación de las mujeres con relación al acceso, uso y control de la tierra. Además, reconoce la libre determinación, la consulta y el conocimiento previo, y la obligación de fomentar las capacidades de las mujeres, cuyo medio de vida e identidad cultural depende directamente de la naturaleza.